ALICANTE. Lega la hora de la llamada Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), aprobará de forma definitiva este martes la controvertida regulación con la que trata de proporcionar una herramienta jurídica a la Policía Local para actuar frente a comportamientos indebidos en la vía pública, según se viene argumentando desde que la propuesta inició su tramitación administrativa, hace ya cerca de dos años. 

¿Qué se entiende por ese tipo de comportamientos? Desde la realización de grafitis, hasta la generación de ruidos, escupir, miccionar, portar el dorso desnudo, la realización de actos vandálicos, jugar con balones en lugares no habilitados para ello o el uso del mobiliario urbano para realizar acrobacias con el monopatín, por ejemplo. Pero también, la mendicidad coercitiva y el ejercicio de la prostitución: dos de los aspectos que han generado mayor rechazo entre colectivos sociales y entidades dedicadas a prestar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Incluida Cáritas. Todas ellas han venido argumentando que con la norma (puede leer aquí su texto íntegro) se impone un doble castigo a las personas afectadas por la precariedad, por las sanciones con las que se plantea penalizar esos dos comportamientos concretos, con multas de entre 1.500 y 3.000 euros (en el caso de la mendicidad coercitiva) y de entre 750 y 1.500 euros (en el caso de la prostitución). 

Nada permite augurar que las distintas protestas organizadas en 2020 y, de nuevo en 2022, para exigir la retirada de la normativa municipal vaya a modificar los planes del bipartito. Tampoco la celebrada este lunes, que reunió a más de un centenar de personas en la Plaza de la Muntanyeta para instar al equipo de gobierno a rectificar y dejar sin efecto la ordenanza para tratar de consensuar un texto alternativo que no implique la penalización social que atribuyen a la propuesta actual, después de que no se haya aceptado ninguna de las alegaciones presentadas por ese conjunto de entidades (desde la Plataforma contra la Pobreza, hasta los sindicatos CCOO y UGT, entre otras).