VALÈNCIA. Que vivir de alquiler es toda una tarea titánica en Valencia y área metropolitana (y cada vez más en toda la Comunitat Valenciana) es algo de sobra conocido, pero el último informe Foessa arroja cifras que ponen negro sobre blanco la dramática situación que viven miles de valencianos por el inaccesible mercado inmobiliario. Y es que, casi una de cada dos personas que viven de alquiler en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza.

En concreto, el 48,3% de los inquilinos valencianos afronta esta situación, más del doble que entre quienes residen en una vivienda en propiedad, donde el riesgo se reduce al 18,3%, según el último informe Foessa. Un dato que sitúa al régimen de alquiler como uno de los principales factores de vulnerabilidad social en el territorio.

Pese a que solo el 19,4% de la población valenciana vive en viviendas arrendadas —una proporción muy similar al 21% del conjunto del Estado—, el peso de estos hogares dentro de las situaciones de pobreza es muy superior: representan el 37,8% del total. La brecha entre propietarios e inquilinos evidencia una segmentación cada vez más profunda del mercado inmobiliario, con implicaciones sociales que se agravan en contextos de encarecimiento de la vivienda, precariedad laboral y dificultad de acceso al crédito.

El diagnóstico apunta a una brecha cada vez más acusada entre propietarios e inquilinos. La vivienda en propiedad ha funcionado históricamente como un mecanismo de protección y estabilidad para amplias capas de la población, ofreciendo no solo seguridad residencial sino también una vía de acumulación patrimonial. Sin embargo, ese mismo modelo se ha convertido en una barrera de entrada para los hogares con menos ingresos, con trayectorias laborales más inestables o sin capacidad de ahorro suficiente para acceder a una hipoteca. En contextos de crisis o recesión, esta diferencia se traduce en un colchón de seguridad para unos y en un riesgo elevado de exclusión residencial para otros.

Esta vulnerabilidad se refleja también en los desahucios, una de las expresiones más extremas de la exclusión habitacional. Tras la paralización de los lanzamientos durante el estado de alarma por la pandemia y las medidas de suspensión aprobadas por el Gobierno, los desahucios repuntaron en 2021, aunque desde entonces la tendencia ha sido descendente. Con todo, el alquiler concentra cada vez más este problema: los lanzamientos por impago de rentas en hogares arrendados han pasado de representar el 55,5% en 2018 al 69,1% en 2023, evidenciando la mayor fragilidad de este régimen de tenencia.

La segmentación del mercado inmobiliario adquiere en la Comunitat Valenciana una dimensión especialmente marcada. La creciente dependencia del alquiler por parte de colectivos vulnerables —jóvenes, personas migradas o familias con rentas bajas— se produce en un contexto de fuerte tensión del mercado, con una oferta insuficiente y una competencia creciente entre distintos usos residenciales. Pero las dificultades de acceso ya no se limitan a los tramos de renta más bajos: progresivamente se han extendido a hogares con ingresos medios, especialmente en zonas afectadas por la presión turística, la escasez de suelo urbanizable o la baja calidad del parque disponible.

De hecho, casi un 24% de la población valenciana y de los hogares se encuentran afectados por algún problema de exclusión social relacionado con la vivienda, una proporción muy similar a la media estatal. En los últimos años, estas situaciones han ido al alza tanto en España como en la Comunitat, aunque el empeoramiento ha sido algo más acusado en el territorio valenciano. Si en 2018 la Comunitat partía de niveles inferiores a la media nacional, en 2024 ya alcanza cifras similares en población afectada (23,9%) e incluso superiores en hogares (23,8%).

El deterioro se explica, sobre todo, por el aumento de los problemas vinculados al desequilibrio entre ingresos y gastos de vivienda. Entre 2021 y 2024, la proporción de hogares que afrontan un gasto excesivo en vivienda en relación con sus ingresos ha crecido en más de seis puntos porcentuales. Actualmente, el 53,6% de los hogares en exclusión en la Comunitat Valenciana sufre este problema, mientras que la vivienda en precario afecta al 20,2% y las condiciones de insalubridad al 25,9%.

En términos absolutos, el fenómeno tiene una dimensión considerable: unos 513.000 hogares valencianos —en los que viven alrededor de 1,2 millones de personas— afrontan situaciones de precariedad o inseguridad graves vinculadas a la vivienda. El perfil mayoritario corresponde a hogares encabezados por personas de nacionalidad española, en riesgo de pobreza, con una persona principal menor de 45 años y, en algo más de la mitad de los casos, hombres. No obstante, algunos colectivos aparecen claramente sobrerrepresentados.

Así, los hogares encabezados por mujeres representan el 43,8% de quienes sufren exclusión residencial, pese a constituir solo el 34,9% del total de hogares valencianos. También es significativa la presencia de hogares donde la persona principal está desempleada (18,6% frente al 7,3% del total) o de parejas con hijos e hijas, que concentran el 65,1% de las dificultades habitacionales pese a representar apenas el 9,3% del conjunto. Además, en uno de cada tres hogares afectados la persona que aporta los ingresos principales ha nacido en el extranjero.

El informe Foessa concluye que esta brecha entre propietarios e inquilinos no solo refleja, sino que refuerza desigualdades estructurales más amplias, con un efecto acumulativo que se intensifica en periodos de presión económica. Un escenario de polarización social que, advierte, exige políticas públicas más ambiciosas y redistributivas si se quiere evitar que el acceso a la vivienda se consolide como uno de los principales vectores de exclusión en la Comunitat Valenciana.