VALÈNCIA. Unos 10.000 contribuyentes valencianos, de los aproximadamente 27.000 obligados hasta ahora a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, dejarán de hacerlo este 2025 si prospera la enmienda a la Ley de Acompañamiento presentada por Vox en Les Corts que eleva el mínimo exento de 500.000 a un millón de euros.
Como adelantó este periódico el jueves, Vox ha presentado entre sus enmiendas esta propuesta de modificación legal para rebajar la carga del Impuesto sobre el Patrimonio, propuesta que no está incluida en el paquete rebajas fiscales anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quién se ha arrogado las rebajas como propias a pesar de que la iniciativa es del partido de Santiago Abascal, como demuestra el hecho de que es Vox el partido que ha presentado las enmiendas. Fuentes del PP consultadas al respecto por Plaza no confirmaron que esta enmienda esté pactada y afirmaron que "todo es negociable".
Según los últimos datos estadísticos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2022, ese año pagaron Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunitat Valenciana 26.905 personas, con una recaudación total de 186 millones de euros. El dato de recaudación sí está actualizado a 2024, cuando ascendió a 202 millones de euros. De los casi 27.000 contribuyentes de 2022, un total de 9.839 tenían un patrimonio, excluida la vivienda habitual, de entre medio millón y un millón de euros, por lo que con la reforma quedarían liberados de pagar el impuesto. El resto tendría que seguir pagando, pero vería reducida su cuota, ya que tendría exentos 500.000 euros más de patrimonio, el doble que ahora.
Con los datos estadísticos no es posible calcular en cuanto se reduciría la recaudación, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que dejaría de pagar y la reducción para el resto de contribuyentes podría superar el 30%. La redacción de Plaza consultó este viernes a la Conselleria de Hacienda, pero el departamento que dirige Ruth Merino no había hecho el cálculo.
En el programa electoral del PP
La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio estaba recogida en el programa electoral con el que Carlos Mazón se presentó a las elecciones de 2023. Concretamente, mediante una bonificación del 100% a este impuesto. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez creó en diciembre de 2022 el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas -para patrimonios superiores a 3 millones de euros-, subsidiario del de Patrimonio, por lo que se cobraría en aquellas comunidades autónomas que lo tuvieran rebajado o eliminado. Por esta razón, la propuesta del PP valenciano era, mientras existiera ese impuesto estatal, equiparar ambos tributos para evitar que los contribuyentes acabaran pagándolo al Estado en lugar de a la Generalitat, pero que tampoco pagasen más de lo fijado por el Gobierno.
Así se hizo en parte en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2024, cuando se modificó la norma para que los patrimonios superiores a 10 millones de euros pagasen el 3,5% -el máximo estatal- en lugar del 3,75% fijado por el Consell del Botànic un año antes. La modificación se hizo con efectos retroactivos, por lo que entró en vigor en 2023. Sin embargo, no ha habido más modificaciones y los contribuyentes valencianos con patrimonio superior a 500.000 euros e inferior a 3 millones tuvieron que pagar el Impuesto de Patrimonio en 2024.
