VALÈNCIA. "Igual hay que ser más rígido cueste lo que cueste, tanto social como económicamente". Así de contundente se mostró uno de los expertos que pasó este martes por la comisión de investigación de la Dana en Les Corts acerca de la normativa urbanística que hay que rediseñar después de la Dana de octubre de 2024, que asoló decenas de municipios en l'Horta Sud ubicados cerca del barranco del Poyo y otras ramblas. El catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV) Félix Ramón Francés puso el acento en la necesidad de revisar los planes urbanísticos más antiguos e incluso expropiar construcciones que se encuentren en las zonas más peligrosas en cuanto a inundabilidad.

El experto se manifestó así sobre las mejoras que deberían plantearse para el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), del cual destacó como una de las patas más importantes la normativa urbanística. "Visto lo visto, la experiencia de octubre de 2024 hace que haya que revisar algunas cosas", dijo en la comisión del parlamento autonómico, donde instó a "empezar a pensar que los planes urbanísticos ya aprobados puedan ser revisados".

En ese sentido, explicó que el Plan de Acción Territorial "solo afecta a lo nuevo, a lo informado a partir de 2003, pero no lo anterior" y pese a que "la mayor parte de los planes actuales son anteriores". Por ello, aunque admitió que el Patricova "tiene un buen equilibrio respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en función del suelo y la peligrosidad", sí planteo como mejora la posibilidad de "ser más duro en las zonas de altísimo riesgo".

"Igual sí que hay que plantearse expropiar, o no sé con qué figura, las edificaciones que están en el dominio público hidráulico, por ejemplo", llegó a aseverar el catedrático de la UPV, quien no solo aplicaría esta medida a estas zonas sino también a lo que se conoce como "zonas de flujo preferente". Es decir, lo que la normativa entiende como "zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe" o donde, "para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes". Es aquí cuando Francés ha asegurado: "Igual hay que ser más rígido cueste lo que cueste, socialmente y económicamente".

Cabe recordar que el propio Gobierno de España reconoció su Plan para la reconstrucción y prevención frente a futuras catástrofes reconoce que la normativa urbanística vigente no había sido del todo eficaz para evitar muchos de los daños sufridos por riadas como la del pasado año. De ahí que ya haya planteado su intención de endurecer la legislación de cara a la implantación de determinados usos urbanísticos en zonas inundables. Y pretende hacerlo más allá de lo que plantea el propio Francés.

Actualmente, el Reglamento del Dominiio Público Hidráulico (RDPH) restinge las principales limitaciones a la llamada zona de flujo preferente: las "vías de intenso desagüe" cuando hay avenidas y las áreas con peligro para personas y bienes en un período de retorno de 100 años. Esto significa que los terrenos con una menor probabilidad de verse afectados por una riada de gran magnitud, con períodos de retorno de hasta 500 años, quedaban fuera de estos límites. Y ahí el Reglamento, modificado en 2016, "fue más permisivo" y "solo se establecen prescripciones generales y recomendaciones". Una regulación que, admite el Ejecutivo, "puede no ser suficiente en algunos casos, como ha sido la zona más afectada por la reciente Dana en la Comunidad Valenciana".

Por otra parte, el experto de la UPV consideró necesario mejorar la cartografía de peligrosidad, aunque sin necesidad de "llegar al detalle del sistema nacional de cartografía de zonas inundables". Este se centra en zonas urbanas pero lo hace con mucho detalle, según aseguró, pero lo que debe preocupar a la Generalitat Valenciana "no son las zonas urbanas sino todo el territorio". "El Patricova tiene que ser exhaustivo en el espacio", aseveró, para añadir que a finales del siglo pasado "se hizo una cartografía muy simplificada" con una actualización en 2014, pero ahora se puede "hacer bastante mejor". "Con una mejor cartografía, las decisiones tendrán que mejorarse", apuntó.

Las obras en el Poyo

El experto también se pronunció, a preguntas de los diputados, sobre los proyectos de encauzamientos previstos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para el barranco del Poyo pero que no se habían realizado. Así, explicó que no estaba vigente el Sistema de Alerta Temprana (SAT). "La Confederación estaba detrás de tener un sistema de predicción hidrológica", pero dijo que por ahora solo había dos proyectos piloto. Francés aseguró que intervino en el proyecto del Poyo en 2006 y que contemplaba ya "soluciones basadas en la naturaleza", con corredores verdes, zonas de sacrificio, actuación de reforestación y renaturalización de los cauces, además de encauzamientos tradicionales y una balsa de laminación.

Por otra parte, Francés dijo desconocer los motivos de la paralización del proyecto, pero señaló a la crisis económica, que supuso un recorte de "dos tercios en las inversiones" de la Dirección General de Aguas. "Aún así, el diseño se mantuvo y se incorpora al Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones", relató, para apuntar que se hizo con "un presupuesto muy bajo" que solo permitió hacer las expropiaciones del tramo final del barranco de La Saleta. En cuanto a la Ley de la Huerta valenciana aprobada en 2018, Francés consideró que no "impidió" el proyecto pero sí puso "dificultades" a la administración central que pudieron retrasar aún más la ejecución del encauzamiento de este barranco. El proyecto, dijo, "hubiera reducido los daños" aunque no hubiera "impedido las víctimas", que se consigue "con información y con educación".

Pide mejoras a la Aemet, la CHJ y Emergencias

También se pronunció sobre la gestión de la Dana el pasado 29 de octubre y, encuanto a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asguró que fueron "adecuadas", si bien consideró necesario "mejorar" los modelos e incorporar, por ejemplo, "un nivel más de alerta". "Todo el mundo ha hecho más o menos bien las cosas y todo el mundo ha cometido errores el día 29 o el 28 y errores anteriores que conducen a los errores del día 29", señaó, para añadir que la predicción del organismo estatal fue "bastante adecuada" y "por eso cambió a rojo la alerta".

"Todos pudieron haber mejorado lo que se hizo", aseveró, lo que se hubiera conseguido con "una mejor predicción con una incertidumbre asociada, teniendo modelos de predicción y una buena transmisión de la información en general que llegue al Cecopi e internamente en el Cecopi". También, indicó, con los planes de emergencia municipales, "que también sirven para salvar vidas", pero que, en este momento son "bastante tristes".

Respecto a la situación del barranco del Poyo aquel día, ha señalado que "había lluvia, pero no de la magnitud que realmente ocurrió", y que Aemet "acierta la localización y que iban a ser magnitudes importantes, pero no de la magnitud". Por lo tanto, ha considerado que la agencia estatal "a lo mejor tiene que transmitir su incertidumbre de las peticiones, incluyendo, por ejemplo, un nivel más de alerta". "Desde luego, creo que en la Comunitat Valenciana hace falta un nivel más, porque no es lo mismo 180 mm, que es a partir del cual es la alerta roja, que 300, ya no digo ya 600", ha expuesto el experto, que ha afirmado que "más adelante" del día 29 de octubre, "a mediodía", Aemet "ya se equivoca más en esa predicción". Por este motivo, ve necesario que la agencia "tiene que hacer un esfuerzo en mejorar su predicción" y sus modelos.

Sobre la gestión de emergencias, afirmó que la Generalitat Valenciana era la que tenía la competencia en la vigilancia de barrancos según el Plan de Inundaciones. Dijo que él "también pensaba que teníamos un buen sistema" y sabía "que había un protocolo muy rígido", pero a su juicio "la gestión de la información claramente fue mejorable". Al respecto, apuntó que en septiembre de 2024 "empezó un contrato de actualización de un sistema de gestión de información que, por supuesto, en octubre no estaba operativo", y la CHJ "estaba detrás de tener un sistema de predicción hidrológico como tiene hace mucho tiempo el Ebro".