VALÈNCIA. La investigación abierta en la causa penal de la Dana ha generado cierta sorpresa por la rapidez con la que se están desarrollando las indagaciones de la jueza encargada. Ante un caso que se antoja complejo por el elevado número de fallecidos y los múltiples factores y organismos que intervinieron aquel 29 de octubre, la instructora ha querido acotar el caso al máximo desde el primer minuto, tal como se ha reflejado en sus diligentes solicitudes y sus rotundos autos.

Así, se ha centrado en la comisión de dos presuntos delitos, los de homicidios y lesiones imprudentes, dejando fuera de la causa, al menos por ahora, tanto los daños materiales como las obras pendientes en los cauces o la ayuda tardía a la población tras la catástrofe. Y las indagaciones han puesto el foco directamente en los motivos del aviso tardío a la ciudadanía, que a juicio de la instructora es lo que guarda un claro nexo de causalidad con las muertes y lesiones.

Con esos mimbres, dos acusaciones populares, Hazteoir y la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, ya han presentado o anunciado sus recursos contra estas decisiones de la jueza al considerar que algunas de sus conclusiones, rechazando de antemano vías de investigación, se anticipan a la propia naturaleza de la instrucción, que es la que ha de servir para confirmar o no los indicios de responsabilidad en lo sucedido tras llevar a cabo las pesquisas pertinentes.

La última controversia se ha producido esta semana, cuando la instructora ha citado a declarar como investigados tanto a la que fuera consellera de Emergencias, Salomé Pradas, como al secretario autonómico del ramo, Emilio Argüeso, al ostentar la Generalitat Valenciana la competencia en protección civil y ser sus responsables "garantes" de evitar los fallecimientos. Aunque rechazó hacer lo propio con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, entre otros, por "la inexistencia de indicios" en su contra.

• Salomé Pradas y Emilio Argüeso, en septiembre de 2024 -
• Foto: GVA

Esta decisión no quita que pueda sumar más investigados conforme avance la instrucción, pero ambas asociaciones creen que hay indicios suficientes contra Polo y ya anunciaron que recurrirían a la Audiencia Provincial. El escrito de Hazteoir, ya presentado, habla de "anticipación por parte de la instructora y considera "de todo punto improcedente" que, todavía en los albores de la instrucción, "decida de forma tajante e indiscutible que cualquier responsabilidad recae en el ámbito autonómico". Esto, insiste, "hace que ya de nada sirva la instrucción, pues desde el momento inicial ya se ha realizado una imputación directa de responsabilidades poco compatible con nuestro estado de derecho".

Indicios contra la CHJ

Cabe recordar que la documentación aportada a la causa por el organismo que preside Polo defendía que los datos cincominutales de medición de caudales del barranco del Poyo estaban disponibles "en tiempo real" para los responsables de la emergencia mediante el sistema SAIH, si bien no remitió ningún correo entre las 16.13h y las 18.43h alertando de la crecida. Al parecer de la instructora, "más allá de la remisión de los correos electrónicos [...] ha de atenderse a la información que proporcionaba el SAIH".

Así, la asociación ultraconservadora centra buena parte de sus alegaciones en sostener los indicios de criminalidad contra la CHJ y acusa a la jueza de "ignorar deliberadamente" que los protocolos internos de la Confederación establecen que se "notifique a las autoridades de protección civil cada vez que se detecte un caudal de 150 m3/s o superior", algo que no habría ocurrido en ese impás pese a superarse los umbrales. Lo que tanto el president de la Generalitat, Carlos Mazón, como la portavoz del Consell, Susana Camarero, han insistido en calificar como "apagón informativo".

En ese sentido, Hazteoir considera "innegable" que hubo un "incumplimiento del protocolo" por parte de los responsables de la Confederación, por lo que no sería posible "apreciar inexistencia de indicios de delito". "Que los datos pudieran consultarse por la autoridad autonómica y que esta pueda tener responsabilidad no descarta en modo alguno la responsabilidad penal de los integrantes de la CHJ por el incumplimiento de su deber de notificar", señala el escrito de la asociación.

• La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y Miguel Polo (CHJ) -
• Foto: EP

Además, se remite al último escrito de la Fiscalía en la que pedía que la UCO investigase la actuación de los organismos con competencias vinculadas a la emergencia, incluida la CHJ. De manera que la asociación ve "ilógica e irrazonable" la resolución según la cual "no se dan indicios mínimos" para admitir la investigación de Polo. Y cree que "resolver ahora, de forma tan tajante la inexistencia del nexo causal es anticipar lo que debe ser el resultado de un proceso instructorio". "Lo que no cabe en modo alguno es descartar investigar a la CHJ ignorando los indicios existentes y [...] sin valorarse otros informes como el solicitado por la propia Fiscalía", concluye.

Pero la mencionada asociación de afectados por la Dana también se ha pronunciado en el mismo sentido. Aunque su escrito todavía no se ha presentado, ya avanzó que sería tajante: "No entendemos, ni compartimos que se inadmita la investigación contra el presidente de la CHJ, ya que la Confederación desbloqueó el peligro de inundación, que a nuestro modo de ver, agravó el peligro que se nos venía encima", señaló en un comunicado tras conocer el auto de la jueza, a la que sí reconoció la "gran labor de investigación" que está haciendo "así como recopilación de información vital para conocer la verdad y obtener justicia".

Daños materiales y otros delitos

Pero estos no son los únicos recursos anunciados. Como publicó Plaza, la asociación ya presentó otro hace dos semanas para solicitar que se investigaran trambién los delitos de daños imprudentes (los daños materiales), así como la omisión del deber de socorro, que la jueza rechazó a priori. En aquel escrito, sobre el que la Audiencia todavía no se ha pronunciado, insistía en que "no es el objetivo de la fase de instrucción tomar la decisión, en una etapa tan embrionaria del proceso penal, de si existen pruebas o no para decidir sobre la comisión delictiva" sino que lo primero debe ser "analizar si los hechos expuestos" son "susceptibles" de incluirse bajo los delitos expuestos. Pero en este caso, consideraba la asociación, no se ha hecho "esfuerzo alguno" por realizar este análisis previo.

En el caso de los daños materiales, la jueza instó a acudir a los juzgados de lo contencioso pero la asociación considera que lo hizo para "evitar una macro causa con miles de partes personadas" y afeó que pretendiera "solo investigar de manera selectiva ciertos delitos" pese a estar vinculados entre sí. "Resulta muy grave que no se permita a muchos afectados acceder al presente procedimiento por el mero hecho de haber sufrido solamente daños materiales", llegaba a decir el recurso, que consideraba "precipitada" la conclusión de que "no existe imprudencia en los daños materiales" y que los daños materiales no eran evitables.