VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha reclamado a dos de las concesionarias sanitarias que en los últimos años han gestionado áreas de salud en la Comunitat Valenciana el pago de 45,38 millones de euros por la atención de pacientes de sus áreas de salud en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Así lo desvela el informe anual de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 2024, entregado este lunes a Les Corts. Un informe que también señala que el Tribunal de Cuentas "ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable" por parte de los responsables de la Generalitat en el período 2013-2023.

Cabe señalar que la atención en la Fundación IVO a pacientes oncológicos de estas áreas de salud (La Ribera, Manises, Dénia, Torrevieja y Elx-Vinalopó) cuando eran gestionadas en régimen de concesión por empresas privadas era perfectamente legal. Y también que la Conselleria de Sanidad abonara al IVO la factura de esa atención.

Lo que la Sindicatura de Comptes considera irregular, y así lo ha venido reiterando en sus informes anuales, es que Sanidad firmase un acuerdo extrajudicial con el IVO para abonarle el dinero que reclamaba por esta atención y no repercutiese dicho coste a las concesionarias.

Según los contratos de concesión, la Conselleria, además de un fijo anual por cada paciente del área de salud privatizada -la denominada "cápita"-, debe pagar a las empresas por atención a pacientes de otras áreas de salud atendidos en los hospitales privatizados, y a la inversa: las concesionarias deben pagar a la Conselleria cuando otros hospitales atienden a los pacientes del área privatizada.

Y esto último incluye, según el Síndic, a los atendidos en el IVO, que es un centro concertado. En caso contrario, Sanidad estaría pagando dos veces por un solo tratamiento, a las concesionarias y al IVO.

Responsabilidad contable

En el informe de 2023, conocido hace un año, el organismo que dirige Vicent Cucarella ya advertía de que los responsables de esta práctica podrían haber incurrido en responsabilidad contable, de ahí que el Tribunal de Cuentas, que es el competente para exigir esa responsabilidad, abriera diligencias al respecto.

En un procedimiento de responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas investiga si se ha vulnerado la normativa presupuestaria y contable del sector público, afectando caudales públicos y causando una pérdida económica evaluable. En tal caso, puede reclamar que reparen el daño a las autoridades o funcionarios públicos que provocaron dicho quebranto.

Fuentes conocedoras del procedimiento han señalado a Plaza que es poco probable que la investigación acabe en una sentencia de reintegro por alcance -reclamación a los responsables del dinero perdido- una vez que la Conselleria de Sanidad, ahora dirigida por Marciano Gómez, ha reclamado a las concesionarias en 2025 el dinero que debían del período 2013-2023.

Sanitas y Ribera recurren

La reclamación de la Conselleria de Sanidad por el período 2013-2023 es de 28.768.519 euros a Sanitas, que gestionaba el área de salud de Manises, y de 16.609.859 al Grupo Ribera Salud, que gestionaba las áreas de La Ribera, Torrevieja y Dénia, y que todavía gestiona el área de Elx-Vinalopó gracias a una prórroga de cinco años.

Las empresas han recurrido, aunque en el caso de Ribera Salud ha abonado su parte, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad. Sanitas aún está en plazo para pagar, hasta principios de enero de 2026.

Según estas fuentes, el importe de la atención a pacientes oncológicos en 2024 y 2025 se seguirá reclamando en el momento en que se hagan las liquidaciones.

El Síndic pide otro contrato con el IVO

En el mismo informe, la Sindicatura pide también a la Conselleria de Sanidad que firme un nuevo contrato con el IVO.

Según afirma, las prórrogas tramitadas al Acuerdo de acción concertada suscrito el 6 de octubre de 2017 entre la Conselleria y la Fundación IVO, "han afectado al objeto contractual y han producido interpretaciones controvertidas en su ejecución, por lo que deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo".

Por este motivo, añade que no puede concluir "sobre la razonabilidad del gasto reconocido en 2024 por la facturación de la Fundación IVO". 

Acelerón con las liquidaciones

El informe de la Sindicatura recoge lo que es una novedad en la actuación de la Conselleria de Sanidad los últimos 15 años: las liquidaciones con las concesionarias, que por contrato deberían haberse hecho cada año y de las que se habían cerrado muy pocas.

De hecho, a 31 de diciembre de 2024 existían todavía 41 liquidaciones anuales de contratos de concesión pendientes de aprobar, cinco más que a finales de 2023.

Sin embargo, en el primer semestre de 2025 la Conselleria ha aprobado 35 liquidaciones de las cinco concesionarias, así como expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto que suponen 256 millones de euros a favor de la Generalitat.

"No obstante, no se ha podido concluir sobre la razonabilidad de los importes aprobados, por la limitación al alcance derivada de la alta litigiosidad, por las discrepancias sobre los criterios y condiciones contractuales y por la dificultad de obtención de la información que las soporta", señala el informe.

La cuenta 413

Como ya es tradición, en el informe del Síndic de Comptes no podía faltar la referencia a la cuenta 413, la de compromisos de gasto fuera del presupuesto, que al acabar 2024 ascendía a 1.791,6 millones de euros, 23,9 millones más que en 2023, siendo el más elevado de los últimos seis años, incluidos los de la pandemia. Estos gastos pendientes de aplicar al presupuesto corresponden principalmente a la Conselleria de Sanidad, y, según el Síndic, deberían incrementarse en 54,7 millones de euros por el ajuste detectado en los gastos de personal.

El efecto neto de esta cuenta en el ejercicio 2024 supondría una disminución del resultado presupuestario en 70,7 millones de euros y el remanente de tesorería del ejercicio 2024 sería más negativo en 1.846,3 millones de euros.

Tampoco sorprende que la Sindicatura vuelva a destacar que el presupuesto inicial de gastos de la Generalitat resulta insuficiente para atender todos los gastos ineludibles y previsibles, sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, así como en las ayudas a la dependencia.

Debido a esta insuficiencia presupuestaria y a la obligación de prestar el servicio, las empresas cobran mediante el procedimiento conocido como de "resarcimiento por enriquecimiento injusto". Concretamente, durante el ejercicio 2024 se aprobó por este procedimiento un importe de 2.219,6 millones de euros, un 88,5% correspondiente a la Conselleria de Sanidad y un 7,2% de la Conselleria de Servicios Sociales.

Según vuelve a advertir el Síndic: "Los gastos incluidos en los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto (EREI) son nulos de pleno derecho, por corresponder a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y por ejecutarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. La doctrina del Tribunal de Cuentas exige que los gestores se ajusten a los deberes de previsibilidad y evitación del daño, y de agotamiento de la diligencia, por lo que consideramos que los órganos superiores y directivos de la Administración de la Generalitat, especialmente la Conselleria de Sanidad, tienen la responsabilidad de aprobar el plan de acción exigido en la Ley 1/2015 con las medidas correctoras para evitar el recurso excepcional y persistente a estos gastos nulos de pleno derecho".