VALÈNCIA. Desde que el sistema de financiación actual caducara en 2014, nunca se estuvo tan cerca de la aprobación de un nuevo modelo que resuelva la discriminación que sufre la Comunitat Valenciana en el reparto actual y que contribuye año tras año al crecimiento de una deuda autonómica galopante que supera ya los 64.000 millones de euros.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes la propuesta del nuevo modelo presentado en enero por el Ministerio de Hacienda, propuesta que viajará al Consejo de Ministros para, posteriormente, recaer en el Congreso como proyecto de Ley para su debate y aprobación... si se logra la mayoría absoluta. Un reto más que complejo, habida cuenta de las dificultades que acumula el Ejecutivo de Pedro Sánchez para alcanzar ese número de apoyos incluso en cuestiones más triviales.
En cualquier caso, atendiendo a la cronología, nunca se llegó tan lejos. Mariano Rajoy (PP), en 2017, anunció en una Conferencia de Presidentes que afrontaría la reforma del sistema. El conflicto en Cataluña envió ese objetivo a la cola de prioridades y ya no regresó mientras el dirigente popular fue inquilino de la Moncloa. A principios de mayo de 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que antes de fin de mes presentaría el nuevo modelo, pero lo que se presentó días más tarde fue una moción de censura que acabó en el Gobierno del PP.
En cuanto al socialista Pedro Sánchez, caracoleó con esta reivindicación valenciana —y de otras autonomías— durante varios años con una sensacional aliada para estos avatares, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La inconsistencia parlamentaria tras la moción de censura, la pandemia, la guerra de Ucrania... todo tipo de obstáculos se cruzaron en el camino para que la reforma, que siempre ha resultado incómoda para PP y PSOE por las discrepancias entre las autonomías que a menudo gobiernan, pudiera avanzar con paso firme. De hecho, durante meses —quizá años— los lectores valencianos pudieron asistir —y leer— la sonrojante lucha por el relato sobre de quién era la culpa de que no se activara el proceso de reforma que, en el fondo, tampoco parecía convenir a las direcciones nacionales de los dos partidos mayoritarios.
Sin embargo, paradójicamente, fue la propia Montero la que finalmente presentó en enero la propuesta del Gobierno. Un nuevo modelo que suponía una inyección extra para la Comunitat Valenciana de 3.669 millones de euros anuales: un maná para un Consell siempre en apuros para cubrir las competencias básicas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
La iniciativa, no obstante, no gustó a las autonomías gobernadas por el PP ni tampoco a algunas lideradas por los socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias. El motivo principal es que Pedro Sánchez pactó (y escenificó el acuerdo en la Moncloa) previamente con Oriol Junqueras (ERC), lo que facilitó el contradiscurso de que el nuevo sistema era un traje a medida para Cataluña (gobernada por el PSC de Salvador Illa) y los independentistas.
Como señaló la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe, la propuesta tenía, ciertamente, hechuras de traje a medida para Cataluña, pero el mismo informe evidenciaba que la Comunitat Valenciana salía bastante bien parada, aunque sin alcanzar la media de financiación por habitante ajustado.
A los pocos días, Alberto Núñez Feijóo tocaba a rebato y organizaba una conferencia exprés en Zaragoza con los presidentes del PP para marcar su posición respecto a la financiación: la propuesta del Gobierno debía guardarse en un cajón y se debía crear desde cero en un diálogo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
De esta manera, se daba la paradoja de que el Gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca debía expresar su rechazo a un modelo que le permitiría contar con 3.669 millones de euros más ya en 2027. Algo difícil de justificar, pero en política todo —o casi todo—, se puede justificar.
Probablemente, en esta misión el mejor argumento con el que ha contado el Consell ha sido el del fondo de nivelación. Un fondo transitorio que los principales partidos valencianos (PP, PSPV y Compromís) así como los agentes sociales han reclamado durante años mientras no se solucionara el problema de la reforma del sistema: es decir, que el Gobierno de España ingresara a la Comunitat unos 1.300 millones de euros más al año para compensar la infrafinanciación recurrente.
Paradójicamente de nuevo, el PSPV abandonó esa petición a mitad de la presente legislatura —a Montero no le agradaba la idea— y la ninguneó cuando se presentó la propuesta de reforma del modelo, al considerar —con mucho optimismo— que ya no era necesario el citado fondo cuando se estaba debatiendo el nuevo sistema. Habrá que ver si no se termina echando de menos.
Así, en este carrusel de contradicciones a lo largo de los años, el final del recorrido con la reforma del sistema puede producir no pocas y nuevas paradojas. La primera —esta probablemente se materialice— es ver a diputados valencianos del PP votando en contra de un sistema que proporcionaría 3.669 millones de euros más al año a las arcas de la Generalitat; de la misma manera que otros parlamentarios populares de otras regiones también dirán 'no' a una iniciativa que aporta más dinero a sus autonomías, dado que la propuesta en total supone un aumento de recursos de 21.000 millones de euros.
Pero probablemente, lo más curioso, y así lo admiten algunos cargos populares del Ejecutivo, es que, en el fondo, la mejor noticia para la Comunitat Valenciana sería que el nuevo sistema, pese al voto en contra de su propio partido, salga adelante. No se habrá comprometido la lealtad del PPCV con Génova pero disfrutarán de 3.669 millones de euros más para gestionar.
De esta manera, si se eleva la vista a la política ficción, podría darse la situación de que el nuevo sistema saliera adelante en el Congreso, entrara en vigor con efectos 1 de enero de 2027 y que, después, tanto el PSOE como el PSPV perdieran las elecciones generales y autonómicas.
De ocurrir así, el ministro valenciano Arcadi España pasaría a la historia por haber sido el ministro que logró el hito de reformar con éxito el sistema de financiación para, a continuación, tener que abandonar el cargo. Y, en la otra orilla, Pérez Llorca sería de nuevo presidente de la Generalitat con 3.669 millones de euros más para gastar en la gestión y poder consolidarse en el cargo pese a que su partido habría votado en contra. Paradojas.
