ALICANTE. El curso Inspección y Actualidad Tributaria Local, celebrado en Alicante, organizado por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), y la colaboración de Suma-Gestión Tributaria, ha acogido este viernes un interesante debate sobre la tasa de basura, de aplicación en todos los ayuntamientos, desde enero de 2025. La propia asociación de inspectores ya había anunciado un día antes sobre el déficit que se podría dar en las administraciones locales respecto a la gestión de los residuos. En concrento, advertían que los presupuestos aprobados para 2025 indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, lo que reflejaría un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%. Hay que recordar que la finalidad de la nueva tasa, surgida de la Ley 7/2022, es que la recaudación de la tasa debe cubrir el 100% del coste del servicio.

Pero lo advertencia no ha quedado en eso. Los inspectores auguran una cascada de denuncias por parte de los contribuyentes. Y de ahí que sostienen que actual la regulación de la tasa de gestión de residuos es "escasa e ineficiente" y provocará "más incertidumbre" en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación. A ello se añadiría el "desinterés e inacción" del Ministerio de Hacienda, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales.

Como han recordado, por primera vez en la historia de la tributación local, se está ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria. Aplica el principio del pago por generación, que es consecuencia de otro conocido principio: "el que contamina paga", destacan desde la asociación. Para los inspectores, todo ello está provocando una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa que van a resolverse igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo.

De todo ello han conversardo trs expertos en Alicante: María Abelleira Rodríguez, presidenta de la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la URJC, e Ignacio Durán Boo, consejero Técnico de la Agencia Tributaria Madrid.

Ignacio Durán ha sido el primer en tomar la palabra y ha expuesto una serie de criterios que dan pie a la posible impugnación de la tasa de basura. Pero ha defendido que sea el valor catastral de la vivienda el elemento base de cálculo. A su juicio, introduce un elemento de justicia. No obstante, ha reconocido que la tasa es necesaria y, a la vez, compleja de implantar. Defiende que debe basarse en datos objetivos de generación de residuos (peso o volumen) para ser justa y proporcional, aunque reconoce que la falta de información precisa obliga a aplicar criterios aproximados en muchos municipios.

Durán ha ido un paso más allá y ha considerado que lo deseable sería diseñar una tasa justa es disponer de datos fiables sobre el peso o volumen de residuos generados por cada ciudadano, vivienda o local.Así, considera que en modelos de recogida “puerta a puerta” se puede medir con precisión. Pero en sistemas más generales, se aplican fórmulas aproximadas basadas en criterios como superficie del inmueble, valor catastral o actividad económica.

Así que uno de los grandes problemas que ha expuesto son los sistemas de medición individualizada, bien sea a través de contenedores inteligentes o de las tarjetas individuales. Respecto a las viviendas turísticas, el consejero técnico de la Agencia Tributaria de Madrid ha defendido la necesidad de que exista un censo de apartamentos o pisos turísticos para aplicar la tasa con proporcionalidad. "¿De verdad generan más residuos?", se ha preguntado. Pese a las dificultades que plantea el sistema de la tasa, Durán lo ha defendido y ha recordado que el servicio se presta, al menos, en Madrid, siete días a la semana, algo que no pasa en muchas capitales europeas. 

Más divergencias ha expuesto el catedrático Pablo Chico de la Cámara, quien advierte que la tasa de basuras, tal y como se ha implantado en 2025, no responde a criterios de proporcionalidad ni de equidad. Señala que se trata de un tributo municipal que grava la recogida y gestión de residuos, pero su cálculo varía enormemente entre municipios, lo que genera desigualdad. Así ha explicado que un hogar tipo puede pagar 287,5 euros en Valencia frente a solo 56,9 euros en Toledo, una diferencia de más de 230 euros. Chico de la Cámara considera que estas diferencias son difícilmente justificables desde el punto de vista jurídico y económico. El catedrático apunta que el diseño actual de la tasa puede desembocar en una oleada de reclamaciones judiciales, ya que muchos ciudadanos y asociaciones vecinales consideran que el tributo es injusto y desproporcionado. El profesor ha defendido que en vez de una tasa debería ser un impuesto ambiental por su carácter general. 

Por último, María Abelleira Rodríguez, presidenta de la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ha reconocido que la tasa de basuras se encuentran en una fase de experimentación, y que deberán pasar cuatro o cinco años para que los tribunales se pronuncien, se genere jurisprudencia y la tasa, tal y como se ha planteado, pueda sufrir modificaciones. Desde el punto de vista de su diseño, por parte de los ayuntamientos, Abelleira ha insistido en la necesidad de que se cuente con un Estudio Económico Financiero. "Será lo primero que revisen los jueces; si es sólido, no creo que haya problemas para avalar la ordenanza fiscal", ha augurado. "Para evitar devolver lo cobrado, hay que tener un buen estudio económico financiero", ha insistido.

Abelleire ha reconocido la debilidad del modelo de la tasa. "No puede ser deficitaria, pero no se especifica cuál es el modelo idóneo y cómo deben ser los incentivos para rebajarla y formentar el reciclaje", ha afirmado, quien ha lamentado que el Ministerio de Haciendo se haya implicado en aportar un modelo-base para todos los municipios. También ha criticado que los pueblos de menos de 5.000 habitantes estén exentos de aplicar la tasa en los parámetros que establece la ley. "La ley debe ser para todos y debe perseguir los objetivos en todos municipios", ha concluido.