VALÈNCIA. La Dana que inundó decenas de municipios de la provincia de Valencia el pasado mes de octubre dejó un panorama complejo para miles de ciudadanos de estas localidades: las pérdidas humanas se sumaron a importantes daños en viviendas, vehículos, colegios, centros de salud, así como otro tipo de infraestructuras de primera necesidad. La atención a la emergencia durante los primeros días se centró en la recuperación del tránsito en las calles y la ayuda a la población con productos de alimentación, agua y retirada del barro de las viviendas. No obstante, tras ello, se puso el foco en otras cuestiones como la atención impacto de la emergencia sobre la salud mental.
Es por ello que tanto desde el Consell como desde el Gobierno de España presentaron a comienzos del mes de noviembre una serie de estrategias para atender a la ciudadanía afectada por la riada y prevenir que puedan desarrollar un trastorno de estrés postraumático, atendiendo a cuestiones como algunos estudios que evidencian que la demanda de ayuda psicológica puede crecer en más de un 30% entre los seis meses y el primer año posterior a un desastre. No obstante, las unidades planteadas por el Ejecutivo central tanto para la Comunitat Valenciana como para Albacete se han ido retrasando respecto a las fechas planteadas por el Ministerio de Sanidad y todavía no han prestado atención directa a la ciudadanía cuando quedan escasos días para que se cumplan ocho meses desde la catástrofe de la Dana.
Cabe mencionar que la ministra de Sanidad, Mónica García, visitó València a comienzos de diciembre y anunció que estos servicios entrarían en funcionamiento a comienzos del presente año, concretamente durante el mes de febrero. Una situación para la que, primeramente, debía firmarse un convenio entre Sanidad, las comunidades autónomas afectadas por la Dana y la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI). No obstante, Plaza ha tenido acceso a este documento, que fue firmado por todas las partes durante la primera quincena de marzo y que cuenta con una vigencia de 16 meses.
Tras ello, la Fundación CSAI adjudicó a finales de mayo la gestión de la estrategia anunciada por el Gobierno a la Fundación Manantial por 3,15 millones de euros, tal y como se desprende del expediente disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato, negociado sin publicidad, cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses, aunque con posibilidad de prórroga que debería acordar la Fundación CSAI y que sería de obligatorio cumplimiento para la entidad adjudicataria. Los fondos para este cometido provienen en su mayoría del Ministerio de Sanidad, que aporta 2,96 millones de euros, mientras que la cantidad restante corre a cargo de la Fundación CSAI con cargo a fondos propios.
Aunque las unidades todavía no han atendido de manera directa a la ciudadanía, lo cierto es que el contrato incluye otros cometidos que sí se han estado llevando a cabo en las últimas semanas. En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad explicaron a mediados de este mes a Plaza que ya se ha llevado a cabo una fase "exploratoria" para hacer un diagnóstico de la situación y que ya ha sido finalizada. Fuentes de este departamento indicaron que este proceso ha sido "indispensable" para planificar la constitución de "13 equipos psicosociales" a través de la empresa adjudicataria, de los cuales 12 estarán en la provincia de Valencia y 1 en la localidad de Letur, en Albacete. Dos de las unidades valencianas tendrán como "prioridad" el "acompañamiento de las asociaciones de víctimas".
Este despliegue, explicaron fuentes de este departamento ministerial, se acompaña de "formación especializada" al personal que integrará estas unidades. "Ya se ha constituido la Oficina Técnica que dirigirá el trabajo de los equipos y se han celebrado dos comisiones de seguimiento del convenio, avanzando en los acuerdos necesarios para permitir su despliegue inminente", señalaron a este periódico desde este Ministerio. Mientras que, desde la Conselleria de Sanidad, aseguran tener constancia de que el proceso de formación del personal se llevará a cabo entre el 30 de junio y el 9 de julio, por lo que esperan que las unidades entren a funcionar una vez concluido este periodo.
Plan de atención y personal de las unidades
Por otro lado, según el pliego de prescripciones técnicas del contrato adjudicado a la Fundación Manantial, este proyecto cuenta con tres fases: formación y coordinación, intervención y acompañamiento y evaluación y cierre. Durante la primera se establecerán los protocolos de coordinación con los servicios de salud mental de la forma afectada y se formarán los equipos de atención, entre otras cuestiones.
En la segunda, que tendrá una duración de 12 meses, se implantarán y prestarán actividad las unidades creadas y la empresa adjudicataria deberá elaborar informes de seguimiento y de situación del proyecto, así como un protocolo de coordinación con las comunidades autónomas afectadas. Mientras que la tercera fase contará con un plazo de un mes y en ella se realizará un informe final y una evaluación externa del proyecto para "medir el impacto de la intervención y la efectividad".
Desde el Ministerio de Sanidad, en respuesta a este periódico, aseguraron que los equipos están integrados por "psicólogos generales sanitarios con experiencia en catástrofes, personal de enfermería y profesionales no sanitarios como trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales o educadoras sociales, según las características del territorio". Una serie de perfiles que "cuentan con el respaldo de psiquiatras y psicólogos clínicos" encargados de asumir las funciones de intervención en crisis, supervisión, y coordinación o derivación a los servicios de la Conselleria de Sanidad, en el caso de que sea considerado pertinente.
