VALÈNCIA. La última fase de la gran reforma organizativa emprendida este año en el ámbito judicial entrará en vigor finalmente el 1 de enero como estaba previsto. La Generalitat Valenciana no ha pedido la prórroga de los plazos contemplada en la normativa para facilitar la puesta en marcha de los cambios contemplados en la Ley de Eficiencia, por lo que las nuevas fórmulas organizativas tanto en los juzgados como en las oficinias judiciales empezarán a aplicarse al comenzar 2026 aunque los sindicatos alertan de que solo será sobre el papel porque ni las instalaciones ni las plantillas están preparadas para ello todavía.

Este lunes tuvo lugar una conferencia sectorial entre el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, junto con las comunidades autónomas y acordaron "por unanimidad" que la tercera y última fase del proceso de implementación de los tribunales de instancia comience el próximo 31 de diciembre, como estaba previsto. Solo Asturias pidió una prórroga hasta el 15 de febrero para las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés "con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos". En la Comunitat, por tanto, la reforma sigue su recorrido en la Ley de Eficiencia, que entró en vigor el pasado mes de abril. Sí se ha flexibilizado la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, que en todos los casos se extenderán hasta el 31 de marzo.

Aunque el Ministerio destacó el "clima de cordialidad" vivido en la conferencia, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, no dejó de manifestar su "malestar por la falta de coordinación y recursos del Gobierno de España en el proceso de implementación" de la nueva normativa. "El Ministerio de Justicia estaba obligado a garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías y debería haber coordinado su implementación, algo que no ha hecho y que ha derivado en un sobreesfuerzo por parte de las autonomías que han cumplido con los plazos, como es el caso de la Comunitat Valenciana", dijo Martínez a la salida.

La consellera aseguró que la nueva norma ha supuesto "una reorganización sin precedentes de la estructura judicial" y que la administración valenciana lo ha hecho "sin apoyo ni coordinación" por parte del Gobierno, al que recuerda la infrafinanciación del territorio valenciano. Así, destacó que la norma está suponiendo 50 millones de euros de inversión, por lo que dijo que la reforma era "necesaria" pero debía ser "reflexionada, consensuada y con provisión de recursos". El Ministerio cifró en 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, los invertidos en las 12 comunidades con la competencia de justicia transferida.

Fuentes internas de la administración de justicia explican la falta de adaptación de los juzgados y las oficinas judiciales ante la nueva organización, cuya normativa se venía negociando desde 2021. "Se ha retrasado cuatro años pero todavía no estamos preparados para el nuevo sistema organizativo", reconocen las fuentes consultadas, que señalan el ecuador de 2026 como el momento en el que se puede tener todo en marcha según los previsto. Así, admiten que se trata de un "proceso complejísimo" que supone una reforma integral del funcionamiento interno de los juzgados y que no ha contado nunca con el acuerdo de los sindicatos. "Lo lógico sería que la Generalitat pidiera un tiempo muerto, como permite la ley", aseguran, pero finalmente no ha sucedido.

Desde los sindicatos recuerdan que esta tercera fase afecta a más del 60 % de los juzgados valencianos, incluidos los grandes partidos judiciales y los órganos especializados, y es "donde se concentra la mayor carga de trabajo y donde se va a poner a prueba, sin maquillaje estadístico, la viabilidad real del nuevo modelo organizativo", según UGT, que insiste en que se está llevando a cabo "sin una dotación presupuestaria específica suficiente, tanto para el refuerzo de personal como para la adecuación de las infraestructuras judiciales". Un discurso que busca "desmontar el relato triunfalista" tanto del Ministerio como de la Generalitat sobre la situación de los juzgados en la Comunitat Valenciana.

Además, lamenta el sindicato que todavía no hay una planificación real de la carga de trabajo, la administración adolece de falta de refuerzos estructurales y una "insuficiente formación" además de "la incertidumbre organizativa que se está generando en los centros de trabajo". Algo reseñable si se tiene en cuenta que la implantación de los Tribunales de Instancia en la Comunitat Valenciana afecta directamente a varios miles de empleados y empleadas públicas (entre 6.000 y 7.000 funcionarios de la Administración de Justicia).

La coordinadora del sector de Justicia de CCOO-PV, Marián Rubí, asegura que "hay una falta de información al personal" de gran envergadura y que, especialmente en las oficinas judiciales, "aunque esté en el papel, no va a entrar en funcionamiento ya porque todavía en algunos juzgados se sigue funcionando de la misma manera pese al nuevo sistema que entró en vigor en julio, todavía están en ello". Así, lamenta que no haya una prórroga -"hemos intentado por activa y por pasiva que se pidiera", señala- y que se vaya a implementar la nueva organización "sin que haya una preparación de los edificios", sin que existan unos protocolos públicos de funciomiento y todavía "con la reciente implantación del sistema informativo Justa", que pese a no tener vuelta atrás, por ahora es "un fiasco".

"Hemos cumplido con la ley" pero "hay descontento generalizado"

La propia consellera reconocía en una entrevista reciente en Confilegal que esta tercera fase es "la más complicada". "Desde la Comunidad Valenciana hemos cumplido con la ley en la medida de lo posible. Las dos primeras fases fueron más asumibles, pero la tercera está siendo mucho más difícil", señalaba la responsable, que explicaba la "fuerte negociación con los sindicatos, que en esta fase se negaron a colaborar si no había mejoras salariales". Señaló que el problema es que "no todo depende de la Administración autonómica".

"Las infraestructuras judiciales son el mayor obstáculo: no se pueden construir o adaptar edificios adecuados en solo un año", dijo Martínez, quien destacó que se ha "avanzado" en juzgados como Gandia, Llíria o Alzira, pero "muchos proyectos estaban diseñados para la ley antigua y han tenido que rehacerse, lo que retrasa todo". Eso ha hecho que "muchos juzgados siguen repartidos en varios edificios, lo que hace muy difícil implantar el nuevo modelo". "Hay descontento generalizado y falta de recursos, se avanza poco a poco, pero una transformación de este tamaño no puede hacerse de forma inmediata. Simplemente, no es posible", reconocía la propia consellera de Justicia.