VALÈNCIA. La alarma llegó tarde y se pudieron activar protocolos precautorios. Es lo que se traduce del último auto de la jueza encargada de la causa penal de la Dana, abierta en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, según el cual la decisión de la Universitat de València (UV) de cancelar las clases fue pertinente. De hecho, constituye, en el marco de la investigación, una muestra de que se podían adoptar medidas preventivas aquel día, por lo que la titular del juzgado ha solicitado información sobre cómo se acordó aquel 'cierre'.

La UV anunció a las dos de la tarde del 28 de octubre (un día antes) que había declarado el nivel de emergencia 1 ante las previsión de fuertes lluvias, lo que permitía no acudir a clases o exámenes sin penalización. Pero a las nueve de la noche, elevó el nivel de emergencia al número 2: "Suspensión de todas las actividades docentes en todos los campus de la UV", anunciaba la institución que encabeza la rectora Mavi Mestre a través de sus redes sociales, además de hacerlo internamente. Una decisión que se mantuvo durante el día D y que se demostró acertada al evitar el desplazamiento de miles de alumnos y docentes a los centros universitarios.

En ese sentido, a la hora de referirse a "la posibilidad de tomar decisiones preventivas en relación con la Dana", la jueza apunta en su último auto, emitido este jueves, que "la Universitat de València acordó acertadamente la suspensión de las clases". Por ello, la instructora considera que "procede solicitar" un informe sobre "qué órgano tomó la decisión, en qué información se sustentó y si contó con algún técnico" a la hora de adoptarla.

Es uno de los puntos sobre los que se pronuncia el auto, que responde al escrito presentado por la Fiscalía donde pedía diversas diligencias. La jueza ve procedente establecer "una cronología de los hechos" de aquella jornada, por lo que ha solicitado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil un informe detallado que establezca "el análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados". Aunque rechaza la petición del Ministerio Fiscal de que este cuerpo investigue los posibles delitos cometidos porque es precisamente lo que ya se está haciendo en este procedimiente, y si se admitiera, se estaría investigando "judicial y policialmente" de manera "paralela", justifica.

Las "recomendaciones fueron inútles" por tardías

"El informe sobre la actuación de las instituciones u organismos públicos cuyas competencias estuvieran relacionadas con la situación de la emergencia constituye precisamente el núcleo de la instrucción, lo que ha derivado en una controversia pública entre las diversas instituciones y personas implicadas", recoge el mencionado auto, donde recuerda que tanto la Conselleria de Interior y Emergencias como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Aemet y diferentes medios de comunicación han respondido a los requerimientos de información formulados desde el juzgado.

Así, señala, se ha podido comprobar "el contenido de algunas recomendaciones" que se realizaron aquella tarde y, "que si bien no eran desacertadas, llegaron demasiado tarde, tras los fallecimientos". Por lo que resultaron "completamente inutiles", concluye la magistrada. Y así lo demuestra el sumario de la causa, que recoge decenas de denuncias de fallecimientos, por parte de familiares o conocidos, de personas que intentaron salvar sus coches o se vieron sorprendidas por la riada antes de que la alarma sonara en los teléfonos móviles a las 20.11h y, en muchos casos, sin obtener respuesta de la sala de atención del 112.

• Imagen de archivo. Foto: JORGE GIL/EP

Por otra parte, el auto señala que la información meteorológica y el material enviado por los medios de comunicación permite "hacerse una idea de cómo evolucionó la situación" aquel día, "cómo iba siendo afectada la población por las lluvias durante la mañana, cómo las diversas comarcas valencianas sufrían los efectos de la Dana de forma paulatina y desde qué hora" se produjo el desbordamiento del barranco del Poyo en Chiva.

La documentación recabada también permite recoger los informes meteorológicos, que "a mediodía dibujaban el avance de la Dana hacia el interior del mapa" y "la referencia a precipitaciones históricas" así como "las incomodidades y riesgos que sufrían algunos periodistas", incluso "la preocupación de sus compañeros en el estudio" y "las declaraciones de partícipes e implicados en la toma de decisiones en el Cecopi".

La jueza indaga sobre los recesos del Cecopi

El centro de emergencias desde el que se envió la alerta, y cuya dirección recaía en la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha centrado el principal foco de la instrucción, especialmente después de que la jueza preguntara a la Generalitat Valenciana si alguna autoridad se incorporó a la reunión antes de las 20.11h. La Conselleria de Emergencias respondió que sólo se integraron en el Cecopi el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado provincial de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell. El president de la Generalitat Valenciana expuso cuatro meses después de la catástrofe que él llegó al Cecopi a las 20.28h, y lo ha justificado públicamente con una captura de las cámaras de seguridad.

• Salomé Pradas y Pilar Bernabé. Foto: Carlos Luján/EP

Ahora, la jueza instructora de la causa quiere indagar en los parones que hubo en el Cecopi, tal como refleja en el mencionado auto. "Ha de solicitarse informe a la Conselleria de Interior y Emergencias sobre el análisis de la toma de decisiones del Cecopi, en el cual se exprese si en la reunión [...] se produjo algún receso", indica al respecto. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que estaba conectada en el Cecopi de manera telemática, ha explicado a los medios que aquella tarde se produjo un receso entre las 18h y las 19h aproximadamente antes de tomar la decisión de enviar la alerta, y que más tarde se debatieron los detalles de la alarma masiva antes de un último receso para la redacción y envío del mensaje.