VALÈNCIA. El Gobierno de España ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Y no es pequeña. El decreto ómnibus con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía sacar adelante la subida de las pensiones junto a un paquete heterogéneo de medidas —desde el escudo social hasta la actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas a lo largo del año— ha naufragado este martes en el pleno del Congreso de los Diputados. Un batacazo parlamentario previsible, pero no inocuo. 

El texto no contó con el respaldo del Partido Popular (PP) ni Vox, algo que entraba dentro del guion, pero tampoco logró salvar el escollo de Junts, que volvió a dejar al PSOE en la estacada. ¿El resultado? Un decreto tumbado. Cero sorpresas y consecuencias inmediatas. Entre las medidas que decaen figura una especialmente sensible para los valencianos: la exención de tributar las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a empresas y autónomos afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024, lo que para muchos damnificados suponía la única manera de no tener que devolver a Hacienda en forma de impuestos parte de las ayudas recibidas. 

El Real Decreto-ley 16/2025, aprobado el pasado 23 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente, incluía en su artículo 19 la pieza que debía poner orden al desaguisado fiscal que vivieron los autónomos y pymes afectados por la Dana en la última campaña de la renta. En primer lugar, el decreto prorrogaba las ayudas directas ya previstas en el Real Decreto-ley 6/2024 a comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, siempre que estuvieran dadas de alta antes del 28 de octubre de 2024 y hubieran declarado actividad económica. 

Es decir, cubría a muchos pequeños negocios familiares que habían quedado en una situación de desamparo. Además, el decreto fijaba condiciones muy concretas; por ejemplo, los beneficiarios debían seguir dados de alta en el censo de empresarios a 30 de junio de 2025 y el importe de la ayuda se calcularía en función del volumen de operaciones declarado en 2023.

Pero lo relevante no estaba solo en quién podía cobrar, sino en cómo se trataba fiscalmente las ayudas de la Generalitat, que, a diferencia de las del Estado, no tenían exención fiscal. El nuevo decreto establecía que las subvenciones autonómicas para la Dana también quedarían exentas de IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y de Patrimonio, alineándose con lo que reclamaban los afectados desde hacía meses: que una ayuda para sobrevivir a una catástrofe natural no se convirtiera, un año después, en un castigo fiscal.

Se hacía con efectos retroactivos al día de la Dana, lo que permitiría recuperar lo ya pagado. Incluso se detallaba el procedimiento. Los formularios se podrían presentar entre enero y marzo de 2026 y los pagos se efectuarían a partir del 2 de febrero. Sin embargo, todo ha quedado en papel mojado. 

Un compromiso adquirido con la Comunitat Valenciana

La exención fiscal de estas ayudas no era una medida cualquiera. Fue uno de los compromisos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adquirió con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su esperada reunión en La Moncloa el pasado mes de diciembre. De hecho, desde el Consell se celebró con entusiasmo su publicación en el BOE del 24 de diciembre. 

El dirigente valenciano llegó a calificarla como una "cuestión de justicia" y sacó pecho por haber logrado que el Gobierno central aceptara una de las reivindicaciones surgidas tras la Dana. Además, la Generalitat recordó que la exención tenía efectos retroactivos al 29 de octubre de 2024, cubriendo así las ayudas que ya se habían concedido tanto a empresas como a autónomos. 

Cabe recordar que muchos de los afectados denunciaron que la campaña de la renta de 2024 había sido "muy caótica". Buena parte de las ayudas autonómicas computaron como ingresos en la base imponible, obligándoles a tributar por subvenciones concedidas para reparar los daños que provocaron las inundaciones. Sin embargo, las ayudas del Estado estaban exentas desde el primer día.

Tal y como contó Valencia Plaza, hubo casos en los que los autónomos descubrieron el problema al hablar con su gestoría, cuando ya no había margen de maniobra. Otros ni siquiera tienen claro a día de hoy si tributaron correctamente. Las asesorías denunciaron "serias dificultades" para interpretar la normativa estatal y la sensación general fue de "indignación" y "descoordinación entre administraciones". 

Lo que puede ocurrir ahora

La caída del decreto ómnibus no es un escenario nuevo para el Ejecutivo central. El año pasado ocurrió algo similar con la revalorización de las pensiones, ya que el Gobierno intentó aprobarla dentro de un decreto que incluía medidas diversas, pero no logró los apoyos necesarios. Entonces, el Consejo de Ministros optó por fragmentar el texto, separando las reformas más consensuadas de aquellas que generaban el rechazo de los grupos parlamentarios.

Una estrategia que finalmente permitió sacar adelante por una vía distinta varias medidas, entre ellas, la actualización de las pensiones. Esa es la carta que se baraja ahora en Moncloa. Lo más probable es que el Gobierno apruebe en las próximas semanas un nuevo real decreto y que, previsiblemente, incluya el apartado sobre las medidas económicas relativas a la Dana, como la exención fiscal de las ayudas, para facilitar su convalidación en el Congreso.

Pero, hasta que eso ocurra, la medida queda sin efecto. Y, mientras tanto, los autónomos y pymes afectados por la riada vuelven a quedarse en tierra de nadie, a la espera de que el Ejecutivo de Sánchez allane el camino para evitar que la próxima campaña de la renta reproduzca el caos de la anterior.