VALÈNCIA. Cuatro meses después de la Dana que asoló decenas de municipios el pasado 29 de octubre, se han podido leer multitud de testimonios sobre el fallecimiento de familiares o conocidos, se ha podido indagar en qué factores pudieron facilitar o agravar la riada y quiénes tuvieron la responsabilidad en aquello que falló. La investigación abierta en la causa penal que sigue en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja será, en este sentido, la que pueda dar mucha luz sobre lo acontecido. A fecha de hoy, la jueza instructora ha emitido ya varios autos directos y esclarecedores: el principal foco está puesto en la alarma tardía, que llegó a los teléfonos móviles a las 20.11h, y por extensión, en el centro de emergencias de la Generalitat (Cecopi) de aquella tarde.

La jueza que instruye la causa ha solicitdado numerosa documentación a diferentes administraciones, tanto a la Generalitat Valenciana -a la Conselleria de Emergencias y al servicio 112- como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la Agencia Española de Meteorología (Aemet). El objetivo principal es conocer los motivos de la demora en enviar la alerta.

Los relatos incluidos en el sumario judicial, conocidos esta semana, acreditan que buena parte de los 227 víctimas fallecieron como consecuencia de no haber sido avisados a tiempo. Entre ellos hay narraciones de personas que murieron intentando salvar sus coches, ayudando a otras personas, personas mayores o discapacitadas que quedaron atrapadas en sus viviendas o que no tuvieron escapatoria a la riada.

Por ello, en sus autos, la jueza ha insistido en que "la palmaria ausencia de avisos a la población" hizo que no pudiera "tomar ninguna medida para protegerse", por lo que está centrando las primeras pesquisas en "la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos". De haber enviado la alerta a tiempo, se podrían haber salvado muchas personas, es la hipótesis principal.

La Generalitat Valencianae está entre los principales objetivos. La instructora ha dejado claro que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central" y que la protección civil es "competencia exclusiva de la Generalitat". Y que fue en ese ámbito, el autonómico, donde se produjo "la inactividad".

Tras una primera solicitud de información, la jueza afeó a la Conselleria de Interior y Emergencias que entre la prolija documentación aportada al juzgado -unos 1.000 folios-, no había respondido a una de las cuestiones fundamentales: quién tomó la decisión de enviar la alerta.

Por ello, tras una segunda solicitud, la Conselleria aclaró que la directora del Plan de Emergencias era la consellera del ramo en aquel momento, Salomé Pradas, con la función de "determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse". También dijo que había un comité director, integrado por diferentes personas, entre ellas la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que dos funcionarios fueron los que ejecutaron la orden como "redactor" y "validador" del mensaje.

A partir de ahí, la instructora preguntó si había alguna "autoridad" que se había integrado en el Cecopi antes del envío de la alarma. Y esta semana la Generalitat respondió, tras el visionado de las cámaras de seguridad de uno de los edificios del complejo de emergencias de La Eliana, que sólo entraron hasta esa hora, además de los integrantes naturales del órgano, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural. No así Mazón, que se ha desvinculado del envío de la alerta y ha explicado ante los medios de comunicación que llegó a las 20.28h de la tarde, 17 minutos después de que se recibiera el Es-Alert en los teléfonos móviles.

Además, se ha conocido que, durante el debate sobre el envío de la alarma a través del sistema Es-Alert, Mompó, llegó a exclamar impaciente: "¡Enviad la alarma de una puta vez!". Lo cual da buena cuenta de que en el propio seno del Cecopi podía haber la sensación de que se estaba llegando tarde. También varias fuentes han apuntado a un 'apagón' en la reunión telemática del Cecopi, entre ellas la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, durante alrededor de una hora, entre las seis y las siete.

Confederación Hidrográfica

La estrategia del Consell pasa por justificar el retraso en activar la alerta en que el Cecopi no disponía de los datos de caudales que ha de ofrecer la CHJ, a la que acusa de un "apagón informativo". La jueza encargada de la instrucción ha dejado en un segundo plano, al menos por ahora, las obras pendientes en el barranco del Poyo o la limpieza de los cauces, pero ha solicitado documentación sobre los datos registrados durante aquellas jornadas por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la red de sensores de la Confederación que mide, entre otras cosas, los caudales de cuencas como la del Poyo.

El organismo, que preside Miguel Polo y depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica, defiende que el Cecopi tuvo a su alcance los registros de caudales en tiempo real, aunque admite que no reimitió un correo de aviso hasta las 18.43h.

Además, ha defendido ante la jueza que otros organismos como los ayuntamientos o la propia Generalitat, la Diputación o la Guardia Civil también han de participar en el seguimiento de ramblas y barrancos "debido a la rapidez con la que se generan las crecidas, dado el escaso número de puntos automáticos de control y puesto que no existe posibilidad de laminar los caudales", según el Plan Especial de Inundaciones, que para "barrancos y cuencas menores" indica que el Cecopi debe contrastar la información de posibles inundaciones de otros organismos con la CHJ.

La crecida exponencial del caudal se inició entre las 17.40 y las 17.45, cuando se registraron 493 m3/s, pero la información fue visible entre las 18 y las 18.10. Cada cinco minutos, el caudal aumentaba sin cesar, y así lo registraba el sistema en la página web. "Los técnicos de la sala SAIH enviaron de manera redundante un correo electrónico al centro de emergencias una vez validada y comprobada la información sobre el aumento de caudal", señala la CHJ. Este correo se envió a las 18.43 advirtiendo de que la subida estaba siendo “muy rápida”.

En su informe, la CHJ explicó que "aguas abajo de dicho punto de control, confluyen importantes barrancos, capaces de aportar grandes caudales" y que, por tanto, "no se registran en el referido punto de control ubicado en la Rambla". Por ello, el documento concluye que el sistema sólo puede monitorizar la mitad de los caudales de la cuenca, generados aguas arriba, pero no los que se generan aguas abajo.