VALÈNCIA. La infraestructura de recarga de coches eléctricos en la Comunitat Valenciana no sólo adolece de una distribución desigual y de falta de puntos de carga ultrarrápida, sino que además cuenta con numerosos postes 'fantasma'. Se trata de puntos de recarga que aparecen en el mapa de los usuarios pero en los cuales no se puede repostar. La instalación está hecha, pero la tramitación de licencias y autorizaciones la mantiene paralizada. En esta situación hay 2.005 cargadores en toda la región, según indica Anfac a ValenciaPlaza.
Esto supone que casi el 27% de toda la infraestructura de recarga ubicada a lo ancho y largo de la autonomía valenciana se encuentra inoperativa, ya que el total de puntos instalados en la región es de 7.464. La patronal atribuye esta situación a los plazos de los trámites necesarios para entrar en funcionamiento. Además de las licencias municipales y de la Conselleria de Industria, en algunas ocasiones deben expedir autorizaciones otros departamentos como el Ministerio de Transición Energética o Transportes (en el caso de que la instalación sea en las inmediaciones de carreteras). En algunos casos, la demora pueed llegar a alcanzar los dos años, según indica Anfac.
"La instalación de un punto de recarga puede alargarse hasta dos meses. Sin embargo, la puesta en marcha que viene autorizada por la concesión del suministro de energía, espacio público, etcétera, se puede alargar hasta los dos años. Una de las principales reclamaciones es agilizar estos trámites burocráticos que dependen de las comunidades y ayuntamientos para que los puntos de recarga estén disponibles con mayor rapidez", explican desde la patronal.
La consecuencia más visible es la incertidumbre o complicaciones que puede generar a los usuarios, pero la otra cara de la moneda la sufren los promotores y empresas que invirtieron en las instalaciones y a las que no pueden dar salida por una burocracia lenta y farragosa. En total, la inversión paralizada en la Comunitat Valenciana por mantener inactivos estos 2.005 cargadores podría rondar aproximadamente en 30 millones de euros, según los datos y cálculos realizados por la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE).
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El cálculo sitúa la horquilla entre 21 y 44 millones de euros, aunque el propio análisis advierte de que no existe un dato oficial sobre el volumen de capital inmovilizado. Para realizar la estimación, la asociación parte de los 4.402 puntos de recarga y 196 MW de potencia instalada que constaban en el registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica a 10 de septiembre de 2026 y aplica el porcentaje de infraestructura no operativa a nivel nacional que recoge Anfac.
El problema no es exclusivo de la Comunitat. En el conjunto de España, Anfac contabiliza 74.503 puntos instalados en el segundo trimestre, de los que 56.682 estaban operativos y 17.821 permanecían parados, el 23,9%. La patronal identifica como principal barrera el acceso y la conexión a la red de distribución.
Instalado, pero no operativo
La simplificación administrativa introducida en 2021 para los puntos de recarga no significa que su puesta en funcionamiento sea inmediata. El Real Decreto-ley 29/2021 eliminó, con determinadas excepciones, la necesidad de obtener una licencia previa para instalar el propio punto de recarga y la sustituyó por una declaración responsable. Sin embargo, instalar físicamente el cargador y ponerlo en servicio son dos pasos distintos.
Una vez colocado el equipo, todavía puede quedar pendiente la conexión con la red eléctrica y todos los trámites necesarios para que pueda recibir suministro y abrirse al público. El operador puede haber instalado ya el cargador, pero la distribuidora tiene que ejecutar la infraestructura necesaria para conectarlo cuando esta sea necesaria. En función de las características del emplazamiento, esto puede requerir una acometida, una ampliación de la red o incluso un nuevo centro de transformación. También pueden ser necesarios permisos para ejecutar esas actuaciones, como autorizaciones para ocupar la vía pública o realizar obras.
El proceso no termina, por tanto, cuando aparece físicamente el cargador en una plaza de aparcamiento. La puesta en servicio puede quedar a la espera de distintos pasos: la conexión y energización de la instalación, su certificación, el contrato de suministro y el alta necesaria para comenzar a prestar servicio. De ahí que pueda existir un punto de recarga perfectamente instalado y visible para el usuario que, sin embargo, todavía no permita cargar un vehículo.
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Desde noviembre de 2025 existen además plazos regulados para determinadas actuaciones de las distribuidoras. El Real Decreto 997/2025 fija plazos de entre cinco y 80 días hábiles, según las características de la extensión de red necesaria. Sin embargo, el tiempo empleado en obtener autorizaciones y permisos queda fuera de ese cómputo, de modo que una parte de la tramitación puede prolongarse aunque el plazo establecido para la actuación de la distribuidora todavía no haya comenzado a contar.
El coste de la saturación de la red
Uno de los costes que soportan las empresas instaladoras mientras mantienen el servicio inactivo es la prestación mensual por la reserva de capacidad en la red eléctrica. Y es que debido a la saturación de demanda, el Real Decreto 997/2025 introdujo la obligatoriedad de esta cuota para evitar acaparamientos de la red con fines especulativos.
El impago puede provocar la caducidad del permiso. También incorpora hitos intermedios para evitar que una capacidad reservada permanezca bloqueada durante años sin que el proyecto avance.
La medida busca liberar capacidad para proyectos que realmente vayan a ejecutarse, algo especialmente relevante para las estaciones de recarga de alta potencia. Pero tiene una contrapartida: un operador que sí quiere construir puede estar pagando por reservar capacidad mientras espera permisos que no dependen de él.
