VALÈNCIA. El intrincado culebrón sobre la reforma del sistema de financiación sufrió este martes un giro de guión que pospondrá el suspense y la tensión hasta el próximo 4 de septiembre. Así, el Ministerio de Hacienda encabezado por el valenciano Arcadi España, decidió ayer aceptar la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP —la mayoría— de aplazar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debía producirse este miércoles para abordar la mencionada remodelación.
Una petición, la de la formación popular, basada —según dijeron— en la falta de tiempo disponible para estudiar los detalles de la reforma y también en la exigencia de algunos datos adicionales para elaborar una fotografía más completa de la propuesta del Gobierno de España.
Ahora bien, a nadie escapa que existen otras razones para que el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo pusiera sobre la mesa este tiempo muerto. El pacto alcanzado por el Ejecutivo central con Canarias sobre el nuevo modelo hecho público este mismo lunes había dejado en fuera de juego a los populares.
Desde que la anterior ministra del ramo, María Jesús Montero, presentara la propuesta del nuevo sistema de financiación en enero, la única autonomía que había dado el paso adelante era Cataluña. De hecho, dos de las regiones gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, también habían mostrado su rechazo a la iniciativa, con lo que el terreno quedaba abonado para que la docena de Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el PP pudieran desatar sus críticas con mayor contundencia.
En este sentido, el principal argumento de la formación popular es que el cambio de modelo —caducado desde 2014— llegaba tras una negociación bilateral con ERC, debido a la necesidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de contar con los votos de la formación independentista en el Congreso y de su apoyo en Cataluña. Es más, un día antes de que se presentara la propuesta para el nuevo modelo, el propio jefe del Ejecutivo se reunió con Oriol Junqueras en la Moncloa para alumbrar el acuerdo, lo que soliviantó al resto de CCAA.
Con este escenario, la reunión del CPFF sobre el modelo de financiación fue negativa para el Gobierno, dado que cosechó un rechazo mayoritario a su propuesta, que Montero prometió tratar bilateralmente con cada una de las comunidades, sin que se produjeran mayores avances en los siguientes meses en los que la vicepresidenta se mantuvo al frente del ministerio. Con la llegada del valenciano Arcadi España, se reactivó el intento de diálogo con las CCAA aparentemente con poco éxito, hasta que este lunes se hizo público el acuerdo con el Gobierno canario, por el cual recibirá el doble de ingresos (de 611 millones de euros a 1.337 millones anuales) fruto de la negociación mantenida.
Un acuerdo que escoció en el PP por diversos motivos. El primero, porque el pacto rompe la soledad del Gobierno de España en su propuesta de reforma, hasta ahora sólo apoyada por Cataluña; y el segundo, porque en las islas gobierna Coalición Canaria pero con la propia formación popular como socia. Más aún, la propia consejera de Hacienda, Matilde Asián, es la que debía acudir este miércoles al CPFF a validar con su voto el modelo, cosa a la que ya había renunciado (para no romper la disciplina del PP) solicitando tres días libres.
Pero el problema va más allá. Algunas autonomías como la Comunitat Valenciana, se verían beneficiadas si se plasmara la reforma del Gobierno: en concreto, la Generalitat percibiría 3.669 millones de euros anuales más, lo que le situaría cerca de la media del resto de regiones. Una paso adelante para un territorio que lleva sufriendo perjuicio en el reparto y situada a la cola de España desde la implantación de este modelo en 2009.
Así, en esta situación, la solicitud del PP de un aplazamiento de la reunión del CPFF podía antojarse una maniobra táctica para, si el Gobierno central se oponía, provocar un plante y un portazo que permitiera a los populares mantener un estado de confrontación que evitara bajar a la negociación. En esta partida de ajedrez, el Ministerio de Hacienda apostó por una jugada conservadora: aceptar la petición de las autonomías populares, poniendo el acento en su intención de mantener abierto el diálogo. Una manera de intentar elevar la presión sobre el PP para la reunión del próximo 4 de septiembre.
El Consell de Pérez Llorca, sigue alineado en el "no" de Génova
Donde no parece que vaya a haber sorpresas es en el Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca. Desde el primer momento, el Consell se ha mantenido firme en su rechazo a negociar la propuesta del Gobierno, tal y como ha marcado la dirección nacional del PP. No obstante, aquí el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha tenido un buen argumento en su insistencia en la aprobación de un fondo de nivelación —algo que antes también pedía el PSPV y el propio Arcadi España cuando era conseller de Hacienda— mientras sale adelante el nuevo sistema de financiación. Un fondo que ahora rechaza el Gobierno central argumentando que ya ha puesto una propuesta de modelo sobre la mesa.
"Nosotros hemos defendido siempre que la negociación tiene que ser de todas las comunidades en conjunto. Lo otro son triles: voy a ver si le doy a este uno, le doy a este lo otro... No es serio", manifestó Rovira este martes, para reiterar que la iniciativa del Gobierno nació "mal desde el principio" por haberse acordado con ERC.
Unas declaraciones que el conseller pronunció tras la reunión de la comisión mixta de Les Corts sobre financiación con los expertos liderados por Francisco Pérez que asesoran a la Generalitat, donde estos últimos reiteraron que la propuesta, más allá de algunas críticas sobre los fondos empleados, parte de una base razonable para la negociación y que puede beneficiar a la Comunitat Valenciana.
