VALÈNCIA (EFE). El ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso ha asegurado que el día de la Dana, el pasado 29 de octubre, "ejerció su cargo con absoluta responsabilidad y diligencia" y que desea declarar en la causa y "contribuir a esclarecer los fatídicos hechos". Con esta defensa, el que fuera número dos de la consellera del ramo, Salomé Pradas, se ha dirigido a la jueza instructora de la causa penal abierta en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que acordó el pasado lunes su citación como investigado.
En las alegaciones presentadas, la procuradora de Argüeso defiende su voluntad de colaborar con la investigación pero, para poder hacerlo, pide unas "mínimas garantías". Por ello, reclama que se complete el auto del pasado lunes, "claramente deficiente e incompleto a todas luces" porque, señala, no se detallan "los motivos, hechos, indicios, situaciones u omisiones" que se le imputan. Únicamente que una de las acusaciones populares se querelló contra él.
"Ser secretario autonómico y supuesto número dos de una consejería no es un delito, por lo que suponemos que deban ser otras las razones de su citación como imputado, que la jueza ha obviado en su auto", señala el escrito, que insiste en que la jueza no deja clara cuál fue la participación de Argüeso en las comunicaciones sobre las situaciones meteorológicas ni qué se le imputa sobre "el supuesto retraso" en el envío del mensaje masivo de alerta a la población.
- Salomé Pradas y Emilio Argüeso, en septiembre de 2024. -
- Foto: GV
Además, "para tener clara la competencia territorial para la instrucción de esta causa", solicita que detalle la totalidad de víctimas mortales y dónde se levantó cada cadáver, pues considera que "la mayoría de fallecidos, y los primeros levantamientos de cadáveres", se habrían producido en el ámbito de los Juzgados de Torrent, no en el de Catarroja.
En ese sentido, las alegaciones critican que en un asunto relacionado con un presunto homicidio negligente no se haya relacionado la totalidad de víctimas, "y al menos algún comportamiento que llevara a entender" si Argüeso ha tenido "algún protagonismo en los hechos investigados". Y reclama, por tanto, que subsane su auto para pormenorizar la totalidad de víctimas y sus circunstancias, y exprese "qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables en algún artículo del Código Penal" se le imputan a ex secretario autonómico.
Afectados piden la imputación de tres técnicos y el presidente de la CHJ
Por su parte, la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia ya ha presentado el recurso que anunció el pasado lunes contra el auto de la jueza. En este caso, 'por defecto', y pide a la jueza de Catarroja que impute a otros tres técnicos y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
La jueza rechazó incluir en la investigación por ahora a Polo y a los tres cargos de la Conselleria de Emergencias, entre otros, por "la inexistencia de indicios" en su contra. Esta decisión no quita que pueda sumar más investigados conforme avance la instrucción, pero tanto la Asociación de Damnificados como la de Hazteoir, como publicó Plaza, creen que hay indicios suficientes.
La asociación de afectados considera en su recurso "llamativo" que no se resuelva expresamente sobre su imputación, ni se disponga su citación como testigos, e insiste en que la investigación practicada hasta la fecha "ha puesto de manifiesto su intervención en la gestión de la catástrofe, al contar con datos suficientes como para haber adoptado decisiones antes de lo que se hicieron".
- La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y Miguel Polo (CHJ) -
- Foto: EP
Por ello, ha pedido una resolución expresa sobre si situación procesal y ve "imprescindible" que se determine si deben ser llamados a declarar en calidad de investigados, o de manera subsidiaria en el caso de los técnicos de Emergencias en calidad de testigos, a fin de que puedan aportar "información relevante la gestión de la emergencia".
En el caso concreto del presidente de la CHJ, Miguel Polo, consideran que su "negligencia" es manifiesta, pues su organismo "no realizó llamadas telefónicas de alerta durante la crecida del Barranco del Poyo, sino que se limitó a enviar correos electrónicos", pese a la gravedad de los hechos y que estaba presente en el Cecopi.
Cabe recordar que la documentación aportada a la causa por el organismo que preside Polo defendía que los datos cincominutales de medición de caudales del barranco del Poyo estaban disponibles "en tiempo real" para los responsables de la emergencia mediante el sistema SAIH, si bien no remitió ningún correo entre las 16.13h y las 18.43h alertando de la crecida. Al parecer de la instructora, "más allá de la remisión de los correos electrónicos [...] ha de atenderse a la información que proporcionaba el SAIH".
Con todo, la asociación considera que en emergencias "de esta magnitud, la comunicación activa y eficaz es un deber inexcusable; no basta con enviar emails cuando se están superando los umbrales críticos de caudal", de manera que "su omisión y pasividad en este sentido constituyen una negligencia grave" y debe ser imputado. También consideran que el autor recurrido tiene "importantes errores materiales, así como importantes errores de valoración" del resultado de las diligencias de investigación practicadas, y que no se ha motivado lo suficiente la no imputación del resto de querellados.
