VALÈNCIA. El juzgado de instrucción número 4 de València ha emitido una providencia en la que cita en calidad de investigado al que fuera comisionado de la Dana y secretario autonómico de Emergencias con el Botànic, José María Ángel, acusado de la presunta falsificación del título universitario presentado en 1983 para acceder a la Diputación de Valencia.
Tal y como informó este diario, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia estimó semanas atrás los recursos de apelación interpuestos por el sindicato Manos Limpias y por la institución provincial, por lo que dejó sin efecto el sobreseimiento de las actuaciones y ordenó el inicio de la instrucción. De esta manera, la causa se reabría matizando la prescripción del presunto delito de falsedad documental que había servido de base para el archivo de la misma por parte del juez de Instrucción número 4 de Valencia.
Ahora, según señala la providencia, recibidas las diligencias de investigación penal preprocesales del Ministerio Fiscal, el magistrado Jorge Martínez Ribera cita al exdirigente socialista a declarar como investigado en esta causa el próximo 22 de mayo a las 12 horas.
José María Ángel fue designado por el Gobierno de España como comisionado de la Dana tras la riada del 29 de octubre. Dejó su cargo en julio del pasado año tras desvelarse que habría presentado un título universitario presumibleblemente falso que le permitió escalar posiciones dentro del organigrama de la corporación municipal.
Así lo revelaba un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) que se llevó a cabo tras registrarse una denuncia anónima a comienzos de mes de abril de 2025. La entidad que dirige Eduardo Beut abrió una investigación a los pocos días y, en el informe sobre la misma, se apuntaba a la falsificación de un título universitario con fecha de 1983 que habría permitido a Ángel poder beneficiarse de una promoción interna en la Diputación de Valencia.
Tras las indagaciones en torno a la denuncia anónima, la Avaf trasladó la investigación a la Diputación de Valencia, para que esta última valorase las acciones pertinentes ante los "indicios de conductas presumiblemente constitutivas de ilícito administrativo disciplinario" por "varios funcionarios" de esa institución. Posteriormente, el caso viajó a la Fiscalía Anticorrupción.
El juzgado de Instrucción número 4 archivó la causa por prescripción del delito y posteriormente desestimó el recurso elaborado por la Fiscalía. No obstante, la Audiencia Provincial obligó a reabrir el caso el pasado mes de abril.
