VALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo ha acusado a la Comunitat Valenciana de no colaborar al no responder a sus requirimientos sobre información en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo con relación a las ayudas a la vivienda y al alojamiento temporal por riesgo de exclusión social.
Así, se desprende del Informe Anual de la actividades del 2024 de la institución, que ha presentado este martes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En concreto, el Defensor del Pueblo inició actuaciones el 22 de junio de 2022, con relación a las ayudas a la vivienda y al alojamiento temporal por riesgo de exclusión social, y se hizo el tercer requerimiento el 18 de diciembre de 2024.
En total, el organismo pasado año recibió un total de 3.231 quejas procedentes de la Comunitat Valenciana en 2024, lo que supone el 9,66% del total, por debajo de las 3.973 que recibió el ejercicio anterior, y que supusieron el 11,67%. De ellas, 104 se recibieron a través del Síndic de Greuges, el 5,75%.
La Comunitat Valenciana es así, junto a Extremadura, Canarias y Ceuta , y a 135 entidades locales las administraciones que el Defensor del Puebloc onsidera "no colaboradoras" con este organismo al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
El informe anual del Defensor del Pueblo recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.
"Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones. En estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones", explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores como temas relacionados con urbanismo, residuos urbanos, etc.
Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de administraciones. Aquí, el Defensor del pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información.
No obstante, desde este órgano aseveran que estas dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo. Eso sí, en este año se ha optado por no incluir en este listado las administraciones de municipios de menos de 1.000 habitantes, a fin de ofrecerles más tiempo para la tramitación de su respuesta, dado que dichas administraciones cuentan con unos medios humanos y materiales muy limitados.
Tres comunidades y Ceuta
En el caso de las comunidades, en Canarias tiene que ver con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. Según se explica en el Anexo del Informe del organismo presidido por el socialista Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre la situación en la que quedan los menores al cumplir la mayoría de edad y dejar el centro.
Por su parte, en lo que compete a Extremadura, el Defensor del Pueblo reclamó información por la denuncia por el deficiente estado de conservación de un solar en Talavera La Real (Badajoz).
En la Comunitat Valenciana, el Defensor del Pueblo solicitó información en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo con relación a las ayudas a la vivienda y al alojamiento temporal por riesgo de exclusión social.
Por último, en Ceuta se hizo una actuación de oficio por el realojo y erradicación de un asentamiento de chabolas e infraviviendas, a la vez que se solicitó información con motivo de la falta de respuesta a una reclamación por la lectura de información de consumos y la gestión del servicio eléctrico.
