VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado la creación del grupo de trabajo para el análisis del impacto económico y territorial del conflicto en Irán en la Comunitat Valenciana, que realizará seguimiento de las medidas de la Generalitat puestas en marcha para apoyar a las familias, los autónomos, las pymes y los sectores productivos durante el tiempo que dure esta crisis.

Este grupo estará presidido por la vicepresidenta, Susana Camarero, tendrá carácter temporal y mantendrá su actividad mientras persistan las circunstancias derivadas del conflicto. No está previsto realizar "ninguna contratación externa", ni repercusión en la plantilla pública o gastos adicionales, ha remarcado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras la reunión del gobierno valenciano.

El órgano, dependiente de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, estará integrado por los centros directivos del Consell con competencias en coordinación institucional, hacienda, economía, industria, comercio, internacionalización, empleo, energía y medio ambiente, infraestructuras, transportes, movilidad, agricultura, ganadería, pesca y alimentación, vivienda, servicios sociales, familia e inclusión, innovación y apoyo a sectores productivos.

Entre sus funciones se encuentran analizar la evolución del impacto de la guerra sobre la economía valenciana, hacer el seguimiento de las medidas impulsadas por la Generalitat, identificar los ámbitos que requieran especial atención y formular recomendaciones a los órganos competentes.

Esta medida se enmarca en la respuesta activada por el Consell frente a los efectos de la guerra sobre los mercados energéticos, las cadenas logísticas, el comercio internacional, los costes de producción, la actividad empresarial, el empleo, la movilidad, la agricultura, la pesca, el sector agroalimentario, la vivienda y la situación económica de las familias.

El pasado 10 de abril, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció 27 medidas de apoyo a empresas y familias con un coste de 421,26 millones de euros, de los que 137,96 millones corresponden a ayudas directas e indirectas, 153,3 millones a bajadas de impuestos y 130 millones a préstamos bonificados.

"Se trata de una respuesta integral que cubre todos los frentes desde la atención social a quienes más lo necesitan, las clases medias y trabajadoras, la vivienda, la fiscalidad y el apoyo a autónomos, pymes y empresas, hasta al sector primario y energético", ha reiterado el portavoz del Consell.