VALÈNCIA. La investigación de la Dana que tutela el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja arroja, poco a poco, luz sobre los acontecimientos de aquel 29 de octubre. Lo último, por ejemplo, el informe presentado por la Conselleria de Emergencias donde admite que aquella tarde en el Cecopi hubo "un momento" de desconexión telemática que excuyó a los participantes de la videollamada para debatir sobre las actuaciones a llevar a cabo ante la Dana. Y conforme más se va sabiendo, las acusaciones van buscando más información para esclarecer al máximo cómo se tomaron las decisiones en el centro de emergencias.

Así pues, al menos tres acusaciones populares han solicitado recientemente a la jueza que practique nuevas diligencias que se centran, especialmente, en los movimientos durante aquellas horas por parte del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y en las características y funcionalidades que permiten las instalaciones del centro de La Eliana, la base de operaciones de Emergencias y epicentro de la toma de decisiones.

La asociación Acció Cultural del País Valenciá, representada en la causa por el abogado Manolo Mata, ha instado en un escrito del pasado 3 de marzo, a que se pida a Presidencia de la Generalitat, por ejemplo, los vehículos oficiales empleados por Mazón o por sus escoltas aquel día, así como el nombre de sus conductores, las horas de uso y los desplazamientos, entre otras cosas. Una información que también se ha solicitado respecto a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas; el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; y el subdirector general del ramo.

Cabe recordar que uno de los interrogantes fundamentales sobre la tarde de la Dana se cierne sobre los movimientos del propio president, que en primer lugar dijo haberse desplazado hasta el Cecopi "a partir de las siete" de la tarde tras comer con la periodista Maribel Vilaplana y pasar, más tarde, por el Palau de la Generalitat; pero que más tarde, cuando el Consell tuvo que responder a la jueza sobre las personas que se integraron en el Cecopi antes del envío de la alerta -20.11h-, cambió de versión para aclarar que su llegada al edificio del Cecopi fue exactamente a las 20.28h. Una 'coartada' que, más tarde, justificó ante los medios con la captura de una cámara de videovigilancia del vestíbulo interior de dicho edificio.

También Podemos, personado en la causa, ha pedido que se requiera a la Generalitat la información sobre los escoltas y sus movimientos durante el 29 de octubre "a la vista de las últimas informaciones habidas sobre la presencia o no del presidente de la Generalitat, Sr. Mazón en las reuniones del Cecopi en el marco de las cuales se adoptó la decisión de emplear el sistema, y a fin de clarificar indubitadamente dicha circunstancia, y por ello su participación en la toma de tal decisión".

Además, el escrito de Acció Cultural busca que la jueza pida a todos los participantes del Cecopi una "copia de la grabación de la reunión, completa o parcial, que pudiera obrar en sus equipos en el caso de haberse conectado telemáticamente". A este respecto, hay que recordar que la Conselleria de Emergencias ha señalado a la jueza que no existe una grabación formal del Cecopi, y en ese sentido la solicitud de la acusación popular va dirigida al resto de entidades que estuvieron representadas en aquella videollamada, por si alguna de aquellas registró toda o parte de la reunión.

Una "inspección ocular" del centro de emergencias

No han sido las únicas diligencias solicitadas por la asociación, que el pasado 27 de febrero también instó a una "inspección ocular" del centro de emergencias. "Se trata del lugar físico en el que la administración valenciana lleva a cabo las tareas legalmente previstas en la legislación vigente", recoge en su petición, tras recordar que la investigación indaga posibles delitos "por parte de personas con competencia para adoptar posibles decisiones y/o medidas que hubieran evitado o disminuido los fallecimientos o lesiones de personas". Como esta función se ejerce desde el mencionado centro, Acció Cultural considera "esencial" verificar in situ numerosas cuestiones.

Por ejemplo, pide que se deje constancia sobre los sistemas de videograbación de entrada al edificio y en su interior, las pantallas que hay en sus estancias y la información que comparten estas pantallas, la información que se almacena en el sistema suministrada del resto de servicios de la emergencia, el sistema de gestión geográfica y otras instalaciones para asegurar la cobertura, el programa cartográfico, los sistemas de localización automática, las posibilidades de búsqueda con callejeros y mapas de carreteras y los sistemas de participación de reuniones y la grabación de las mismas, entre otras cosas.

Asimismo, la Asociación también pidió que se requiera al Consell los puestos de trabajo asignados al centro, la actualización del Plan Especial de Inundaciones, la información remitida a los ayuntamientos y diputaciones sobre la alerta hidrológica emitida por la CHJ a las 12.20h de la mañana, así como las "medidas complementarias adoptadas" para evitar daños personales más allá del tuit que puso la consellera de Emergencias a las 14.20h. A ello se suma la solicitud de un informe relativo a las acciones desarrolladas para el control del barranco del Poyo por parte de la Conselleria, y otro donde se identifique a las empresas encargadas de las comunicaciones electrónicas para que el juzgado les ordene conservar las de aquel día.

CGT pide las grabaciones

Por su parte, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT) han solicitado a la jueza que investiga la gestión de la dana que incorpore a la causa el listado de comunicaciones realizadas el 29 de octubre por los servicios de emergencia y sus grabaciones. Se pide, concretamente, la grabación de las comunicaciones efectuadas a través de la red Comdes (Red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana), que según la Generalitat, es la "infraestructura de telecomunicaciones que ofrece la Generalitat a todas las organizaciones y flotas que prestan servicios de prevención, rescate, emergencias y seguridad en la Comunitat".

Por otra parte, la acusación popular que ejerce CGT también ha reclamado a la jueza que pida información sobre si se remitió información sobre el riesgo de inundaciones a los municipios en cumplimiento del plan específico, cuántos municipios constituyeron un Cecopal y los datos de retorno de estas localidades al Centro de Coordinación de Emergencias. También que se informe sobre "las rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores realizadas el día 29 de octubre con objeto de conseguir información sobre la intensidad y lugar donde se estaban produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles de los cauces".