ALICANTE. La propuesta presupuestaria planteada por el equipo de gobierno, el bipartito formado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), sigue encallada, sin sumar los votos que resultan necesarios para su aprobación, al término de los dos encuentros celebrados este miércoles con los representantes de Compromís y Vox. Los ediles de las dos formaciones han confirmado su rechazo al planteamiento de los partidos aliados al frente de la gestión municipal tras reiterar la argumentación que venían manteniendo en las últimas semanas y, además, añadir otros elementos nuevos. Al menos, en el caso de Compromís.

En concreto, los representantes de la coalición valencianista han complementado sus críticas a la "ausencia de voluntad de negociar" las cuentas con un proceso de diálogo real que atribuyen a PP y Cs con una nueva condición de carácter político: que el primer edil, Luis Barcala, acuerde la destitución de la edil de Educación, Sanidad y Acción Social, Julia Llopis (PP), al responsabilizarla de "bloquear las políticas sociales y educativas" promovidas por el Consell del Botànic.

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha ha recurrido a la ironía para asegurar que, "ya que el alcalde aseguró que iba a poner toda la carne en el asador en la negociación para favorecer la aprobación del presupuesto, entendemos que no tendrá ningún problema en acordar esa destitución". En este sentido, en declaraciones a Alicante Plaza, ha asegurado que Llopis se ha dedicado a obstaculizar los acuerdos relacionados con el desarrollo de nuevos centros educativos a través del Plan Edificant y que, además, también sería la responsable de que, a juicio de Compromís, no se esté prestando la asistencia social requerida para la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. 

En este sentido, el edil y candidato a la Alcaldía de la coalición, Rafa Mas, ha insistido en la necesidad de que se produzca "el cese fulminante de Llopis" por "no atender la emergencia social", al asegurar que "uno de cada diez alicantinos pide alimentos en esta ciudad y no ha movido un dedo, no ha convocado la mesa de solidaridad". Además, ha sostenido que "siguen produciéndose desahucios y no ha convocado la mesa" específica sobre la materia "y sigue sin poner en marcha un plan para atender los problemas de salud mental". Pero no solo eso. También ha recalcado que "sigue recortando recursos en los centros de mayores y sigue descoordinando Acción Social cuando más inversión hay en la ciudad", en alusión a los cerca de 10 millones recogidos en el contrato programa concertado con la Conselleria de Inclusión Social. 

Mas ha incidido también en las "esperas de seis o siete meses"para ser atendidos en la concejalía pese a disponer de 200 trabajadores y se ha referido, también, a su responsabilidad como concejal de Educación "con lo que se ha empobrecido la educación pública" al considerar que "no ha atendido sus competencias en el mantenimiento de centros, por bloquear el Plan Edificant, que no ha puesto ni una sola piedra, y por no actualizar el mapa escolar sin saber lo que hace falta en la ciudad". Por todo ello, ha señalado que "si se produce su cese, podremos hablar de los presupuestos de 2023, si no, no", ha concluido.

Al margen de esa argumentación, Bellido ha sostenido que la convocatoria de una nueva ronda de negociaciones en la fase de enmiendas no resulta suficiente para que pueda existir un acuerdo, ya que en ese momento "no existe margen para mover partidas, ya que nuestras enmiendas quedan limitadas a la creación de partidas simbólicas que deberían suplementarse en el futuro". 

Zona de Bajas Emisiones 

Por su parte, el encuentro celebrado con carácter previo entre los dos ediles de Vox, Mario Ortolá y José Bonet, con la edil de Hacienda, Lidia López, se ha saldado con idéntico desenlace: la confirmación del voto de rechazo al presupuesto salvo que el bipartito acceda a suspender la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir la contaminación atmosférica provocada por la circulación de vehículos propulsados por combustibles fósiles que queda establecida de forma obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes a través de la Ley de Transición Ecológica.