ALICANTE. Representantes de las empresas del transporte público; dirigentes estatales, autonómicos y municipales de distinto signo político, y expertos internacionales analizaron este jueves, en la jornada 'Hacia la ciudad cero' organizada por la Asociación de Transportes Urbanos Colectivos (ATUC) y la Cátedra Vectalia Movilidad, los retos y las claves que presenta la Ley de Transición Energética y Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es decir, las que quedan obligadas a poner en marcha medidas que permitan reducir los niveles de contaminación atmosférica producida por el tráfico, a través de la implantación de las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), antes de que concluya 2023. Entre esas ciudades, que deben aplicar restricciones la circulación de vehículos propulsados por combustibles fósiles en determinados ámbitos urbanos, figura la de Alicante, junto a otras 14 en el conjunto de la Comunitat Valenciana y hasta 148 en el resto del Estado.
En gran medida, todos los participantes coincidieron en apuntar al menos cinco criterios básicos a tener en cuenta para implementar esas restricciones. ¿Cuáles? La ampliación y mejora de los sistemas de transporte público; la existencia de una mayor financiación pública que permita sufragar sus costes; la necesaria colaboración entre las administraciones y el sector privado; la pedagogía para concienciar a la ciudadanía sobre el cambio de modelo de ciudad que conlleva la apuesta por la movilidad sostenible; y la asunción del riesgo político que puede conllevar la implantación de medidas tendentes a reducir el tráfico.
Los encargados de abrir la reflexión fueron la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. La primera subrayó algunas de las actuaciones desplegadas por la Generalitat, a través de su departamento, para implantar una movilidad sostenible, como la elaboración de planes de movilidad en las principales áreas metropolitanas de la Comunitat; la apuesta por el transporte público con el desarrollo de nuevas líneas de tranvía e infraestructuras que permitan ampliar su servicio; o el fomento de su uso, a través de la reducción del 30% en el precio de los títulos multiviaje o la gratuidad para menores de 31 años.
El segundo resumió la experiencia desarrollada en Alicante en la planificación de su propia ZBE con la apuesta por la extensión de las peatonalizaciones que se iniciaron en la década de los 90 en algunas calles del Casco Antiguo y del Centro Tradicional; la implantación de la llamada ciudad 30 en vías de una sola dirección y la reurbanización de algunos de los ejes que circundan el Centro para reducir carriles y calmar la velocidad del tráfico.
Además, Barcala introdujo otras dos ideas centrales compartidas prácticamente por todos los intervinientes en la jornada: la necesidad de que el Gobierno central amplíe los plazos de implantación de esas ZBE, ante la evidencia de que muchos ayuntamientos no podrán tenerlas activas antes de 2024, y que elabore el reglamento legislativo que resulta preceptivo para fijar qué condiciones deben cumplirse en esas ZBE, de modo que cada ayuntamiento pueda elaborar su propia ordenanza municipal para concretar su funcionamiento adaptado a la realidad física de cada ciudad.
"De nada sirve", según insistió, "que tratemos de anticiparnos en una propuesta de ordenanza propia si no sabemos si después va a colisionar o no con lo que se prevea en ese reglamento; necesitamos unas reglas claras a las que atenernos en el conjunto de los municipios y, como ya se ha hecho a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pedimos que se nos dé la posibilidad de colaborar en esa reglamentación", enfatizó.
