ORIHUELA. El juicio del Caso Brugal, que encausa a 34 acusados en la rama oriolana por supuestas irregularidades en las contratas de basura sigue su curso. El martes declararon cuatro agentes presentes en vigilancias y escuchas que pusieron punto y final por el momento a las declaraciones de agente de la UDEF. Así, el relevo lo tomaron ayer, como testigos, un técnico, jefe del área de contratación durante los años de las presuntas irregularidades, y la edil de Hacienda y Contratación durante el último mandato de José Manuel Medina en Orihuela.

El primer turno en la sesión de ayer fue para el jefe del servicio de Contratación durante varios años, y, en concreto, durante las alcaldías de José Manuel Medina. Sobre el contrato de Colsur, empresa de Ángel Fenoll, que prestaba el servicio de recogida de basuras y otras labores en la costa desde 1993, asegura que funcionó sin cobertura jurídica, después de agotar la prórroga permitida en la primera contrata, desde abril de 1995 en adelante. Más de diez años, teniendo en cuenta que el servicio no dejó de funcionar en la costa oriolana hasta, al menos, 2006. Ante las preguntas del fiscal Pablo Romero, que le preguntaba que cómo era posible que siguiera funcionando ese contrato, el testigo respondió que "no lo sé, porque eso excedía a mis competencias", y lo atribuye a decisiones políticas. 

El testigo, comenzó a dibujar la situación de las contratas en la costa de Orihuela, a preguntas del fiscal. Si bien, en muchos momentos aseguró no recordar algunos de los puntos planteados, sí confirmó todas las actas y documentos firmados por él y que le fueron exhibidos durante la causa para auxiliar su memoria. En 1992, asegura, en algunos puntos de urbanizaciones, el servicio de recogida de basuras era privado, y el Ayuntamiento no llegaba a esas zonas. En ese momento, surgió el servicio de Colsur, que se inició en abril de 1993 y, en principio, tenía prórroga hasta abril de 1995 pero siguió funcionando hasta una década más tarde.