ALICANTE. El Gobierno ha dejado de invertir más de 4.000 millones en la provincia de Alicante en los últimos quince años, aplicando el criterio de población que usa el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) como base. Un déficit agravado además en los últimos Presupuestos del Estado. Pero con la mitad de esa cantidad, algo más de 2.000 millones de euros, el Estado podría desarrollar en la provincia once infraestructuras de transporte clave, con un calendario que permitiría que estuvieran en marcha en 2030.

Las obras clave, su coste y su calendario ya están claras: el profesor Armando Ortuño y su equipo han actualizado el decálogo elaborado en 2018 por Ineca para la Cámara de Comercio y la CEV (tres de aquellas diez obras ya están terminadas), y han bajado al detalle del calendario de redacción, licitación y ejecución, concluyendo que todas podrían estar terminadas en 2030 si el asunto se toma en serio. También han estudiado posibilidades de financiación al margen de los Presupuestos, con la colaboración público-privada.

Ahora lo que falta es convencer al Ministerio, y para eso se han ofrecido la patronal autonómica, CEV, y la Cámara de Comercio de Alicante, cuyos presidentes (Joaquín Pérez y Carlos Baño, respectivamente) acompañaron al presidente de Ineca, Nacho Amirola, en la presentación del estudio. Tanto Pérez como Baño apelaron a la unidad de los agentes empresariales, reencontrada en la campaña de protesta contra los PGE 2023 a finales del año pasado, y apostaron por prorrogar su joint venture en busca de esos 2.000 millones de euros para los próximos siete años.