ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha concretado este martes la designación de sus representantes en la comisión de investigación sobre el caso enchufes: el órgano político encargado de revisar el proceso de oposición a Policía Local con el fin de dilucidar si existió el presunto caso de nepotismo denunciado a través de los medios de comunicación por fuentes reservadas que permanecen en el anonimato por temor a represalias. 

Lo cierto es que la designación de esos representantes por parte del bipartito no es anecdótica. El grupo municipal del Partido Popular (PP), con el alcalde, Luis Barcala, a la cabeza, ha decidido ceder la presidencia de la comisión a la edil de Empleo, Mari Carmen de España, en detrimento del concejal José Ramón González, responsable de las dos áreas relacionadas con el procedimiento de selección: las de Recursos Humanos y Seguridad. Es más, el regidor queda apartado de la composición de la comisión, ya que el concejal suplente por parte del PP será el edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar. 

Se trata de la primera ocasión a lo largo del mandato actual en la que el equipo de gobierno decide situar a un concejal como presidente de una comisión que no ostenta las competencias sobre el área sobre la que se pretende llevar a cabo la labor de fiscalización. Así, González fue quien asumió la presidencia de la comisión sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales como delegado de la Concejalía de Infraestructuras, de la que depende el servicio. Y el edil de Limpieza, Manuel Villar, fue quien dirigió la comisión sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. De igual modo, fue también el mismo Villar, como concejal de Medio Ambiente, quien desempeñó la presidencia de la comisión sobre la contrata de zonas verdes. En todos los casos, además, los grupos de la oposición solicitaron las comparecencias de los respectivos concejales presidentes ante cada una de esas comisiones, en las que tanto González como Villar se sometieron a las preguntas formuladas por el conjunto de grupos para facilitar explicaciones sobre el proceder municipal.

La exclusión de González como presidente y como miembro de la nueva comisión sobre la convocatoria de las oposiciones bajo sospecha cobra mayor trascendencia, además, después de que, el pasado miércoles, el propio alcalde rectificase sus declaraciones previas y anunciase el estudio de posibilidades para suspender el proceso de selección de los agentes hasta que se esclareciese si pudo haber irregularidades en el desarrollo de las pruebas. El primer edil también extendió entonces el alcance de esos informes jurídicos para que se determinase si existe la posibilidad de anular la convocatoria, en el caso de que se confirmen esas anomalías. Todo, un día después de que González asegurase que el equipo de gobierno no tenía potestad para interferir en la convocatoria, puesto que el tribunal responsable de dirigir el proceso es "libre, independiente y soberano" para tomar sus decisiones. En ese momento, solo auguró la posibilidad de que las oposiciones quedasen paralizadas en el supuesto de que así lo acordase un juez.