ALTEA. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha visitado este jueves la provincia de Alicante para reunirse con los alcaldes de dos de las localidades con mayor afluencia turística en este territorio: Dénia y Altea. Con ambos ediles, el ministro ha abordado la problemática de las viviendas turísticas que operan sin licencia y que tienen especial incidencia durante el verano en este territorio. Recientemente, a inicios de junio, la Dirección General de Consumo, puso en marcha una iniciativa para perseguir los anuncios de aquellas viviendas que se ofertan como alojamientos turísticos pese a no disponer de licencia para ello ya que, señalan desde esta Dirección, este tipo de publicidad podría suponer una práctica comercial desleal en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y, por tanto, considerarse una práctica susceptible de sanción.

Los ayuntamientos de Dénia y Altea han compartido con el ministro Bustinduy la situación en la que se encuentran estas localidades respecto al aumento de viviendas turísticas sin licencia y le han trasladado su preocupación por la incidencia que tiene este tipo de negocio en estos territorios, especialmente ahora durante los meses de verano. “En la Comunidad Valenciana, los pisos turísticos representan un 24% del alquiler de vivienda habitual. Esta dinámica fomenta un modelo de especulación y pelotazos inmobiliarios que amenaza con descontrolarse”, ha advertido Pablo Bustinduy en una declaración a medios a su llegada al Ayuntamiento de Dénia y citando datos elaborados por el Ministerio que dirige. El ministro ha instado también a todas las administraciones públicas a intervenir ya ante este problema que considera “una situación de emergencia”. 

“Estos anuncios son la base de un negocio, el de la proliferación de pisos turísticos sin licencia, que está generando un impacto negativo en muchas localidades, dificultando el acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes, y expulsando del centro a cada vez más vecinos y vecinas”, ha manifestado Pablo Bustinduy, al tiempo que agradecía a los alcaldes de Dénia y Altea que le hayan invitado para conocer de primera mano la situación en la que encuentran estas localidades. Esta invitación se produjo a raíz de la carta que la Dirección General de Consumo envió recientemente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ofreciendo a ayuntamientos de toda España sumarse a su iniciativa para proteger a los consumidores de estos anuncios de viviendas que no están autorizados a operar como alojamientos turísticos.

“Estamos buscando vías de cooperación en base a nuestras competencias, cada actor debe hacer lo que esté su mano”, ha solicitado el ministro Bustinduy, y ha propuesto otras medidas que se podrían poner en marcha como adoptar tasas turísticas, movilizar viviendas vacías o ampliar el parque de vivienda pública en alquiler social. Sobre la situación específica en la que se encuentra la Comunidad Valenciana en este ámbito, Pablo Bustinduy ha lamentado que el gobierno autonómico valenciano “continúe negándose a topar precios del alquiler o a adoptar la Ley de Vivienda”. Así mismo, ha puesto en valor la labor de los ayuntamientos de Dénia y Altea para dar respuesta a esta problemática.