ALICANTE. La alianza empresarial compuesta por Vectalia y Pavapark logra una primera victoria económica ante el Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la explotación del servicio de estacionamiento regulado, más conocida como la contrata de la ORA o de la zona azul. Ese triunfo se sustancia a través de un auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, de fecha 24 de marzo, en el que se estiman las medidas cautelares solicitadas por esas dos compañías en la reclamación interpuesta frente al impago por la prestación del servicio en el periodo comprendido entre el 26 enero y el 31 de agosto de 2025, y se conmina a la administración local a proceder al abono de más de 2,8 millones pendientes de satisfacer.

¿A qué obedece esa reclamación? Al tiempo de prestación transcurrido desde que se produjo el vencimiento definitivo de la última prórroga concedida por la gestión de la contrata, y el momento en el que comenzó a tener aplicación el acuerdo de continuidad del servicio, después de que se considerase "de interés público", como mecanismo para fomentar la rotación de vehículos en las áreas sujetas al aparcamiento por tiempo limitado. Ese acuerdo se adoptó en realidad en noviembre de 2025, cuando se convino que las dos empresas mantendrían la gestión de la contrata hasta que se contase con un nuevo concesionario tras la convocatoria del preceptivo concurso.

Además, en ese acuerdo se daba cobertura a todo el periodo previo de prestación registrado desde la caducidad del contrato (es decir, desde el citado 26 de enero) y se estipulaba que se abonaría el precio de los servicios prestados mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito. Es decir, el mecanismo habilitado en la administración para asumir gastos ejecutados que no hayan contado con la preceptiva reserva presupuestaria, como sucedería con la gestión de la zona azul toda vez que no se podía disponer de consignación económica para un servicio sin contrato válido. En ese acuerdo también se detalló que el importe para asumir esos pagos pendientes sería el de la última revisión de precios aprobada en junio de 2025.

No obstante, los pagos mensuales por el servicio no llegaron a realizarse. El departamento municipal de Intervención bloqueó la aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito al observar que esa fórmula no resultaba de aplicación en este caso por motivos que no han trascendido. De ahí que Vectalia y Pavapark decidiesen presentar una reclamación en vía judicial en busca de un pronunciamiento en el que se instase al Ayuntamiento a abonar el servicio prestado. Y eso es lo que se ha acabado resolviendo ahora, a la espera de que exista una resolución definitiva sobre el fondo del recurso.

De hecho, el acuerdo de pago ha quedado refrendado este martes en la reunión semanal de la Junta de Gobierno. Eso sí, no por los más de 2,8 millones (2.855.801,11 euros) del importe íntegro reclamado por Vectalia y Pavapark. A la vista del auto de aceptación de las medidas cautelares, el Ayuntamiento planteó que se acordase un pago fraccionado por los primeros 2.592.527,40 euros del global de la reclamación, tras alegar que ese sería el límite de crédito disponible para encajar su abono, difiriendo el resto hasta contar con la consignación presupuestaria suficiente. Y el juzgado acabó aceptando esa propuesta alternativa a través de un nuevo auto dictado el 4 mayo, por el que se aprueba el de pago fraccionado hasta el límite de crédito disponible, requiriendo al Ayuntamiento para que, "sin más dilación, proceda a efectuar los trámites los trámites administrativos correspondientes tendentes a la consignación presupuestaria correspondiente a la cantidad pendiente de pago".

Pendiente de dos impugnaciones

El abono de esos 2,5 millones en atrasos reclamados por Vectalia y Pavapark se convierte en un nuevo contratiempo en la gestión de un servicio ahora expuesto a una nueva licitación, en la que se contempla la ampliación de las plazas con limitación de estacionamiento (3.077 más) y la gratuidad de las áreas delimitadas como zona naranja. El concurso se convocó el pasado mes de abril por un importe de 143 millones y 19 años de duración, con la posibilidad de que cualquier empresa interesada pueda registrar oferta hasta el próximo 8 de junio. No obstante, el equipo de gobierno no podrá acordar un hipotético acuerdo de adjudicación salvo que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) levante la suspensión acordada tras aceptar la paralización cautelar solicitada tras el registro de dos impugnaciones distintas frente al pliego de condiciones.

Como informó este diario, la primera de esas impugnaciones corrió a cargo de la empresa Setex Ataki. En su recurso apuntaba a la conveniencia de que el concurso se dividiese en al menos dos lotes distintos: uno para la gestión del estacionamiento regulado, y otro para el servicio de grúa, transporte y custodia de los vehículos arrastrados en depósito. La segunda impugnación la presentaron Pavapark y Vectalia. En ella, apuntan a distintos aspectos del pliego que no consideran apropiados, como la configuración del nuevo depósito a construir en el sector de Rabasa, la falta de precisión de ciertos aspectos técnicos y la supuesta inviabilidad económica del contrato.

Está por ver cuál qué decisión puede adoptar el TACRC al respecto. Entre tanto, el acuerdo correspondiente al abono de los 2,5 millones reclamados por Vectalia y Pavapark ha suscitado la crítica de los representantes municipales de Compromís y de Esquerra Unida Podem. Sus respectivos portavoces, Rafa Mas y Manolo Copé, han instado al equipo de gobierno a ofrecer explicaciones respecto a lo sucedido tras considerar que se trata de un ejemplo más de "los problemas del modelo de gestión de la ORA y la grúa en Alicante". "No estamos ante una incidencia menor. Estamos ante millones de euros de dinero público atrapados en una mala planificación contractual, con intereses, procedimientos judiciales y una falta evidente de control político", ha denunciado Copé. Mas, por su parte, se ha cuestionado cómo era posible que no se hubiese previsto el pago de ese servicio y que "se tenga que ir a golpe de pufos y de decisiones judiciales".