ALICANTE. La alineación política entre el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Vox continúa vigente. Al menos, así se ha puesto de manifiesto este jueves, en el transcurso del pleno de la corporación correspondiente al mes de septiembre, en el que las dos formaciones han vuelto a sumar sus votos para aprobar de forma definitiva una nueva rebaja en el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la actualización de la ordenanza que regula el funcionamiento de los mercados municipales.
Se trata de dos acuerdos incluidos en los pactos presupuestarios alcanzados entre los dos partidos entre los años 2025 y 2026 a los que se vuelve a dar cumplimiento, una vez superada la fase de presentación de alegaciones (en el caso de la rebaja del IBI) y de aportación de enmiendas por parte del conjunto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición (en el caso de la ordenanza de mercados). De hecho, la desestimación de las aportaciones presentadas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem ha motivado el voto en contra de la suma de sus once concejales.
¿Qué comprenden ambos acuerdos? La modificación de la ordenanza del IBI supone una reducción del tipo de gravamen para bienes urbanos del 1,20%, fijándolo en 0,61291%, lo que supone una disminución próxima a los tres euros en el importe de los recibos. La revisión de la ordenanza de mercados parte con el objetivo fundamental de actualizar la regulación de horario de funcionamiento e incorporar la posibilidad de implantar establecimientos hosteleros y degustaciones gastronómicas entre los puestos de las cuatro lonjas municipales, con la particularidad de que deben situarse en los pasillos perimetrales y que su autorización dependerá de la revisión de cada solicitud, caso por caso.
Lo cierto es que esa sintonía entre los dos partidos se ha reproducido en gran parte de las decisiones sometidas a votación en el desarrollo del pleno, incluida la modificación del estudio de detalle de una manzana del Plan Parcial 1/4 La Albufereta. Por partes. La encargada de defender la reducción del IBI ha sido la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, quien ha recordado que se trata de la segunda rebaja introducida en el tipo del IBI junto a la acometida en 2025 -también en virtud del pacto con Vox- y de la tercera junto a la promovida en 2019 (en este caso, de un 5%). La regidora ha abundado en las facilidades de pago del impuesto, tras señalar que se permite su pago fraccionado en seis plazos. Además, ha incidido en el convencimiento del equipo de gobierno de que "el dinero tiene que estar en el bolsillo de los alicantinos".
En el turno de intervenciones, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha planteado que el debate consiste en "qué ciudad se pretende financiar". Además, ha señalado que la rebaja planteada supone "27 céntimos al mes por familia", cuando se dejan de ingresar 1,1 millones de euros anuales. Así, ha considerado que no se trata de la mejor propuesta posible, en la medida en que, además, se trata de una reducción de carácter lineal, independientemente del nivel de renta de los ciudadanos. Copé ha señalado que EU Podem había planteado hasta 12 enmiendas que trataban de mejorar ese sistema y todas han sido rechazadas. "Nuestra posición no es que se suban los impuestos, es que no se renuncie a 1,1 millones en ingresos", ha apuntado. Por ello, ha considerado necesaria "una fiscalidad suficiente para sostener los servicios públicos", después de referirse a la protesta de la plantilla de la empresa La Alcoyana (concesionaria del servicio de transporte metropolitano en autobús en l'Alacantí) o a la protagonizada este miércoles respecto a las quejas por el servicio de limpieza viaria.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha incidido en que la rebaja planteada no supone "un alivio fiscal" como se pretendía sostener junto a los ediles de Vox. En este sentido, también ha recalcado la pérdida de 1,1 millones en ingresos para cuestionarse cuántas medidas de climatización se podría implantar en los colegios, o cuántas ayudas para la emancipación de los jóvenes se podrían conceder, entre otras cuestiones a las que se podría destinar esos recursos, como la generación de centros de día, o el arreglo de pistas deportivas municipales. "El dinero está mejor en el bolsillo de los alicantinos si se gestiona bien, porque familia que no tiene un colegio decente, se tiene que gastar dinero en centros privados", ha ejemplificado. "Nosotros proponemos una tasa a los turistas, de 2 euros por noche; tasa de 5 euros por crucerista; y que los pisos turísticos paguen como pisos que generan beneficios... con todo ese dinero que recaudaríamos bajaríamos el IBI a las clases vulnerables", ha explicado. "No puede ser que un piso turístico pague los mismos impuestos que un piso en el que vive gente", ha abundado para insistir en que debe pagar más quien "genera más presión sobre esta ciudad".
Por Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha considerado que "bajar impuestos es una obligación moral", después de aludir al papel desempeñado por el Gobierno central para atribuirle que el precio del combustible roce los dos euros por litro o referirse al desalojo de una mujer de 87 años registrado este miércoles en Madrid, sin que se haya legislado en "siete años" para impedirlo. Después, también se ha referido a los casos de presunta corrupción que salpican a representantes del PSOE, como José Luis Rodríguez Zapatero. "Alicante nunca va a ser gobernada por la extrema izquierda", ha señalado, para asegurar que en el momento en el que Vox acceda al Gobierno de España se derogarán cuestiones como el "tasazo de la basura" al que había aludido Copé en su intervención.
Por el PSOE, la edil Silvia Castell, también ha reducido trascendencia a la reducción del IBI, de tres euros, para ironizar con que "con eso tenemos la vida resuelta". "El modelo fiscal del PP y Vox es lineal y beneficia a quien más casas tiene, porque lo que les interesa es beneficiar a sus amigachos, como ha pasado con el caso de Les Naus", ha sostenido. Además, ha sostenido que las bonificaciones incluidas en el impuesto llevan años implantadas y "son insuficientes", por lo que el PSOE había sugerido cambios para primar, por ejemplo, la movilidad eléctrica, la implantación de energía solar o subir el impuesto a los grandes tenedores de vivienda. "Explíquele a los ciudadanos qué servicios públicos se van a dejar de financiar" con la reducción de la recaudación, ha añadido, tras enumerar también otra relación de posibilidades como la creación de carriles bici o abrir centros de día. "No vamos a aceptar que se presente esta modificación como una ayuda para las familias porque no lo supone", ha insistido. "Alicante necesita inversión y vivienda asequible", ha recalcado.
En la réplica, Copé ha insistido en la necesidad de que la reducción de impuestos sea "justa" y no una rebaja lineal y la aplicación de recargos para los grandes tenedores de vivienda. Además, también ha apuntado que Sumar había planteado una propuesta en el Congreso para impedir que los fondos buitre pudiesen comprar pisos, que contó con el voto en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE. Mas ha insistido en la, a su juicio, deficiente prestación de servicios públicos de la ciudad, mientras se aboga por reducir la recaudación. Ortolá ha vuelto a poner el foco en las críticas al Gobierno central, con alusiones al "abandono" de la crisis de Ceuta. Castell ha apuntado que la tasa de la basura de la ciudad la acordaron PP y Vox y ha incidido en que no se puede demonizar el pago de impuestos puesto que sostienen la prestación de los servicios, para insistir en que "tres euros en los bolsillos de los ciudadanos no da para nada" en contraposición con la pérdida de la recaudación global. Y Beldjilali ha redirigido todas las críticas al Gobierno central para volver a defender la rebaja del IBI frente a las "94 subidas" en impuestos y cotizaciones aprobadas por el Ejecutivo que ha calificado de "infierno fiscal". Además, ha recalcado que se mantienen las bonificaciones vigentes y que Alicante es la quinta capital de provincia con los impuestos más bajos. De este modo, en el turno de votaciones, la modificación del tipo impositivo ha quedado aprobada por 17 votos a favor (PP y Vox, ante la ausencia de la edil de Turismo, Ana Poquet) y once en contra.
1,7 millones para pagar deudas por el socorrismo
Acto seguido, en la sesión también se ha aprobado (con los 17 votos de la suma de los ediles de PP y Vox, y la abstención de los 11 concejales de PSOE, Compromís y EU Podem) el primer expediente de modificación de créditos consistente en la dotación de suplementos de créditos por importe de 1.718.912,05 euros, dentro del Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo de Alicante para el año 2026. Se trata de una medida necesaria para cubrir pagos pendientes por la prestación del servicio de socorrismo en playas durante el periodo en el que quedaron bajo el marco de un contrato en vigor, entre finales del pasado mandato y principios del actual. Copé y Mas han recordado que ya se había promovido una modificación de crédito equivalente en 2025 para cubrir esos mismos pagos y no se llegaron a liquidar. Así, han instado al equipo de gobierno a explicar los motivos de ello.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, también ha recriminado ese impago, a pesar del acuerdo aprobado en octubre de 2025, por lo que ha considerado que la única explicación es la "falta de planificación". En todo caso, ha sostenido que su voto sería favorable para "no obstaculizar", pese a que ha augurado que en esta ocasión también podría llegarse tarde. Y Castell también ha abundado en la misma denuncia para recalcar que las empresas siguen sin cobrar desde hace dos años a pesar de que "hicieron su trabajo". "Eso se llama mala gestión", ha sostenido, tras reprochar la generación de intereses de demora, que ha cifrado en 3 millones que se habrían acumulado a lo largo del mandato.
En el turno de réplica, Mas ha criticado que el PP defienda que el "dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos" y, sin embargo, no cubra los pagos pendientes. "A ustedes se les traspapelan los papeles", ha dicho, tras aludir, también, al informe de advertencia de Patrimonio respecto a las supuestas incompatibilidades detectadas entre los compradores de viviendas de Les Naus. Beldjilali, por su parte, ha sostenido que el PP dotó el crédito en 2025 aunque ha explicado que el reconocimiento extrajudicial de crédito no se había tramitado, respecto al que ha sostenido que no era competencia de este equipo de gobierno.
De igual modo, el pleno ha aprobado de forma definitiva el tercer expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2026, consistente en la dotación de créditos extraordinarios por importe de 2.592.187,45 euros, suplementos de crédito por importe de 8.598.560,36 euros y bajas por anulación por importe de 718.496,83 euros, tras el rechazo de las alegaciones presentadas por el sindicato SEP respecto a los cálculos existentes para concretar los ahorros en personal. Se trata de un acuerdo que debe procurar fondos para la terminación de las obras de la sede de la Policía Local en el distrito de Playa de San Juan, o la rehabilitación de las torres del edificio histórico del Ayuntamiento, entre otros puntos. En el turno de intervenciones, Copé ha emplazado al PP a cubrir la plazas vacantes, tras instar a precisar cuál es su número concreto. Mas ha insistido en que lo que se ha hecho es "rascar dos millones del capítulo de personal para pagar pufos", tras recalcar -como había hecho Copé previamente- que, por ejemplo, falta personal en el cementerio o conserjes en los centros comunitarios o en las bibliotecas.
Por Vox, Ortolá ha recriminado el retraso en la aprobación del acuerdo para expresar sus dudas de que "vaya a dar tiempo" de poder ejecutar las previsiones de esa modificación de crédito, que incluye la actuación de remodelación en la Plaza de América. Así, ha sostenido que Vox no podía oponerse al acuerdo. Y Castell también ha coincidido en la crítica a la reducción de fondos de Personal para pagar otros gastos, a lo que ha añadido que se trata de la consecuencia de una "falta de gestión y planificación". "Lo que le piden los sindicatos es que explique por qué no se gasta el dinero para Personal", ha abundado. "Cumpla con su deber de transparencia", ha apuntado, tras volver a referirse a la "falta de transparencia" en la controversia de Les Naus.
En la réplica, Copé ha insistido en la falta de información para fiscalizar el acuerdo, como solicitaba el SEP. Ortolá ha coincidido en el reproche respecto al retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Y Castell ha sostenido que la modificación trata de dar pie a los mismos proyectos que "se han anunciado hace años" sin que se haya ejecutado nada de ello, mientras "Vox se conforma con el anuncio". "PP y Vox no están aquí para trabajar por Alicante, están para sostener a un alcalde que no quiere asumir su responsabilidad política por el caso de Les Naus", ha abundado. Por último, Beldjilali ha explicado que la modificación de crédito se ha realizado "por economías" que no perjudican el capítulo de Personal, para sostener que esta semana se han incorporado 60 nuevos funcionarios. Al margen de ello, ha recordado las inversiones previstas con ese ajuste contable, como la asignación de fondos para la remodelación de la glorieta de la Plaza de América, también pactada con Vox, entre otras actuaciones. Así, en la votación, la iniciativa ha sumado 13 votos a favor (los del PP) y 15 abstenciones (las de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem).
Ajuste urbanístico en La Albufereta
De igual modo, el pleno de la corporación también ha aprobado la modificación del estudio de detalle de una de las manzanas del Plan Parcial 1/4 de La Albufereta. El edil de Urbanismo, Toño Peral, ha explicado que se trataba de un cambio que no aumenta la edificabilidad ni introduce ningún cambio de uso. Y ha sostenido que se amplía la superficie de zona verde y se pasa de un modelo de edificación pantalla a la generación de cinco bloques, de forma que se gana visibilidad y espacio público entre bloques, con la provisión de un nuevo vial de 16 metros. Así, ha considerado que se trata de un acuerdo que mejora la calidad urbana de ese sector y que cuenta con informes favorables de la Generalitat.
En el debate, Copé ha expresado su rechazo al desarrollo de ese plan parcial, en el que se prevé la construcción de cerca de mil viviendas, al remarcar que se trata de una zona expuesta a riesgo de inundabilidad. Así, ha considerado que la pregunta a responder debería ser por dónde debe crecer la ciudad, sin limitarse a introducir medidas correctoras en las que no se incluye "ninguna modificación de peso". En esta línea, ha considerado que debería apostarse por crear "infraestructura verde" y por no añadir "más vulnerabilidades". Por Compromís, la edil Sara Llobell, ha anticipado su abstención al sostener que no se pretende obstaculizar el desarrollo urbanístico, aunque ha enfatizado en la necesidad de proteger el territorio.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha anunciado su voto favorable al considerar que la propuesta no introduce más edificabilidad ni nuevos usos, sino que de lo que se trata es de mejorar la permeabilidad del sector. "Alicante necesita vivienda y nuevos barrios", ha insistido. Eso sí, ha apuntado que "no aceptamos el urbanismo del todo vale; sin planificación". Por ello, ha apuntado que se debe garantizar que detrás de cada desarrollo existen servicios públicos suficientes. Y por el PSOE, su portavoz adjunta, Ana Barceló, ha coincidido en que no se modifica la edificabilidad ni los usos, aunque ha apuntado que el acuerdo no tapa los errores en la "mala planificación urbanística del gobierno del señor Barcala" para mencionar la falta de dotaciones, como la construcción de colegios, por ejemplo. "Lo hemos visto en el PAU 5", ha apuntado. Así, ha anticipado que el PSOE se abstendría. "Esto es una chapuza urbanística", ha sostenido.
En la réplica, Copé ha insistido en que el sector se encuentra junto al barranco del Juncaret para insistir en que la cartografía apunta la existencia de riesgo de inundabilidad. Robledillo ha apuntado a la contradicción de la izquierda cuando demanda que se construya vivienda, y después, lo critica. Y para zanjar el debate, Peral ha sostenido que se ha redactado un estudio de inundabilidad en el que se sostiene que la infraestructura del barranco del Juncaret es suficiente para mitigar riesgos, al margen de que también se vaya a promover la creación de zonas verdes que contribuyan a absorber las aguas pluviales y contener un posible efecto arrastre frente a las lluvias. Así, en el momento de la votación, la propuesta ha prosperado con los votos de PP y Vox.
Horarios y usos de los mercados
El turno de debate sobre la actualización de la ordenanza de mercados ha contado con la intervención previa de la presidenta de la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales, Aida Roque, en la que se ha defendido la necesidad de la actualización de su regulación para adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades de los consumidores, aunque garantizando la continuidad de su esencia y favoreciendo que se puedan licitar los puestos que permanecen desocupados. También ha intervenido el presidente de la asociación de comerciantes de Carolinas, Mateo Piñero, quien ha advertido del riesgo de que los mercados acaben convirtiéndose en espacios para los turistas con la incorporación de bares y restaurantes, al margen de solicitar soluciones para los problemas de filtraciones que persistirían en el mercado de Carolinas.
Ya en la defensa de la iniciativa, la edil de Comercio y Mercados, Lidia López, ha sostenido que el propósito de la actualización de la ordenanza trata de flexibilizar el funcionamiento de los mercados introduciendo nuevos usos hosteleros, pero garantizando siempre la venta de productos alimentarios como actividad tradicional. "La finalidad de esta ordenanza es preservar la identidad de los mercados municipales", ha dicho. "Alicante apuesta por mercados vivos y competitivos", ha apuntado. Así, ha sostenido que se trata de ordenar los mercados para que puedan convivir con actividades complementarias, conforme a "criterios objetivos de movilidad, sostenibilidad y correcto funcionamiento" de los mercados. "Permite modernizar los mercados sin renunciar a su fundamento y sin sustituir al comercio tradicional", ha insistido. "Esta ordenanza no enfrenta modelos comerciales, sino que los integra bajo un mismo paraguas", ha abundado, para recalcar que se abren a la innovación pero "siendo fiel a la función pública para los que fueron creados".
No obstante, esa no ha sido la visión global compartida por el conjunto de grupos políticos. En primer término, Copé sí ha coincidido en la necesidad de modernizar los mercados, aunque ha diferido en la fórmula escogida, por lo que ha justificado la presentación de sus enmiendas, entre las que planteaba la necesidad de establecer límites cuantitativos a los usos complementarios, como el hostelero. Así, ha reclamado un plan de usos para cada mercado para atender sus particularidades respecto a espacios, horarios e impactos sobre servicios como la limpieza o la seguridad. En esta línea, ha considerado razonable que esos usos complementarios no superasen el 12% de la superficie de venta. "No entendemos que se hable de mantener el equilibrio sin explicarlo y sin regla medible", ha insistido. De igual modo, también ha subrayado que se había propuesto dejar libres los pasillos y establecer accesos independientes en el caso de las extensiones de horarios. "Modernizar los mercados, sí; convertirlos en parques gastronómicos, no", ha concluido para justificar su voto en contra.
- Los ediles de la corporación de Alicante. -
Mas ha anticipado las dudas de Compromís al subrayar que la reunión del Consejo Local de Comercio se convocase en agosto, después de cuatro años sin convocarse. Además, ha considerado necesario la modernización de los mercados, con medidas como la mejora de su climatización y agilizar trámites para la concesión de los puestos, "pero ustedes se han metido directamente con la ordenanza", para cuestionarse cuáles eran las razones para ello. De igual modo, ha lamentado la desestimación de sus enmiendas, con las que también se pretendía establecer límites de un 10% para la implantación de puestos de hostelería, de forma que se garantizase su uso tradicional. En este sentido, se ha referido a los límites que sí se han implantado en otros mercados como los de Málaga o València. "Modernizar el mercado no es llenarlo de turistas; y el equilibrio no es 50-50", ha recalcado.
Por Vox, el edil Juan Utrera ha defendido la necesidad de actualizar el funcionamiento de los mercados, "atendiendo a las demandas planteadas por los comerciantes", tras emplazar a la ciudadanía a leer el texto propuesto frente a las "manipulaciones" que ha atribuido a los partidos del eje progresista. En este sentido, ha asegurado que la norma ya establece las medidas adecuadas para racionalizar la implantación de otros usos y ha añadido que la petición de que se organicen degustaciones parte de los propios vendedores. Y por el PSOE, su portavoz municipal, Trini Amorós, también ha coincidido en la necesidad de actualizar la regulación, toda vez que la actual data de 2014, pero ha insistido en que los mercados se deben proteger. "El problema es que esta ordenanza ha sido un quiero y no puedo, no sé si por una imposición de Vox", ha apuntado, tras lamentar que no se haya contado con las aportaciones del resto de partidos, "que también hablamos con los comerciantes". "Esta ordenanza no incorpora la mirada de todos", ha asegurado. "Han hecho caso omiso a las enmiendas del PSOE que vienen a atender lo que demanda la Asociación de Comerciantes, como por ejemplo que se fije un tope", ha dicho. "Nosotros establecimos un tope de un 15%; un poco más de lo que tiene el Mercado Central actualmente", ha insistido. Además, ha considerado que la ordenanza no atiende los problemas que genera las visitas turísticas en horas punta, cuando los placeros ya han dicho "que el turismo masivo molesta en los mercados". "No vale con un documento de buenas prácticas; o hacen una ordenanza o no tendrá solución", ha defendido.
La izquierda reprocha al PP la baja ejecución presupuestaria y la acumulación de 176 millones en los bancos en el debate de aprobación de la cuenta general de 2025
En el turno de réplica, Copé ha pedido garantías respecto al respeto de la actividad tradicional y ha reprochado que no se haya intentado consensuar el texto con el conjunto de grupos políticos. "Ya tenían un escudero", ha señalado, en alusión a Vox. Además, ha advertido del riesgo de que la gente pueda dejar de acudir a comprar a los mercados. Mas ha recriminado los acuerdos entre PP y Vox que, según ha dicho, habrían reducido el presupuesto asignado a reparaciones en los edificios de las lonjas y ha vuelto a cuestionar a López sobre la urgencia de llevar a la práctica la revisión de la ordenanza, sin actuar antes en su mejora y en la regulación de las visitas turísticas. Y, de nuevo, ha insistido en la necesidad de poner porcentajes límite a la restauración. Utrera ha considerado que la ordenanza es "una herramienta" para mantener el equilibrio. Por último, Amorós ha avanzado su abstención al argumentar que el PP no quiere abordar "temas como el cambio de tasa en los mercados municipales: ¿de verdad tiene que pagar lo mismo un puesto que vende alimentación que un puesto de restauración?". Además, ha cuestionado cuándo se va a promover un plan de mantenimiento de los mercados, tras denunciar los problemas en la climatización registrados en el Mercado Central, o la falta de personal.
El debate lo ha cerrado la edil de Comercio y Mercados, Lidia López, agradeciendo el respaldo de Vox y replicando a parte de las críticas de la izquierda. Así, ha defendido que se han efectuado mucha más inversiones en los mercados que durante la etapa del tripartito. Sobre las enmiendas, ha recordado que las desestiman los técnicos. Y ha apuntado que la regulación de las tasas no tiene que ver con la ordenanza de funcionamiento. Por último, sobre el porcentaje máximo de puestos de restauración, ha sostenido que debe ser objetivado en base a criterios técnicos. Así, en último término, la ordenanza se ha aprobado con los 17 votos de PP y Vox, la abstención de los 8 concejales del PSOE y los tres votos en contra de los ediles de Compromís y de EU Podem.
Reglamento de Transporte
Además, el pleno de la corporación también ha actualizado el Reglamento de Usuarios de Transporte que, como ha defendido el edil de Movilidad, Carlos de Juan, trata de actualizar cuestiones técnicas después de 30 años de vigencia del actual. No obstante, también ha destacado que se revisan otras cuestiones como las condiciones de accesibilidad de los viajeros que presenten dificultades de movilidad, por ejemplo, así como el importe de las sanciones o la introducción de distintos sistemas de pago.
En el debate, Copé también ha recriminado que no se haya atendido sus enmiendas relacionadas con la regulación de la disposición de los viajeros a pie, entre otras, como la que planteaba mantener la reserva de cuatro asientos para personas con movilidad reducida e introducir la necesidad de que se cedan otros asientos en el caso de que estén ocupadas. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha subrayado otras medidas como la obligación de atender y respetar las indicaciones de los conductores, así como las obligaciones de la empresa concesionaria del servicio. En todo caso, ha sostenido que de nada servirá el reglamento si no se vela por su cumplimiento. En la réplica, De Juan ha sostenido que el reglamento recoge derechos y obligaciones de usuarios y de la empresa. En la votación, la propuesta ha sumado los 25 votos de PP, PSOE y Vox, y las abstenciones de Compromís y EU Podem.
Por último, entre las propuestas de acuerdo promovidas por el equipo de gobierno, también se ha aprobado la cuenta general del ejercicio de 2025 para que pueda elevarse al Tribunal de Cuentas. Al respecto, Copé ha sostenido que ese trámite permite conocer "una contradicción", que de los 95 millones presupuestados para inversiones "solo se han ejecutado 39". "Seis de cada diez euros se dejaron sin invertir, y luego nos dicen que tenemos 176 millones en los bancos", ha sostenido. Además, ha subrayado que en conservación y rehabilitación de viviendas, "había 9,2 millones y se ejecutaron 136.000 euros", ha sostenido. De igual modo, se ha referido a los 13 millones de obligaciones pendientes de aplicación por pagos no ejecutados y a la existencia de encargos por separado respecto a la contratación de servicios de asesoría jurídica externa, que ha motivado la presentación de una denuncia por parte de EU Podem en los juzgados.
Por Compromís, Llobell ha criticado el retraso en la presentación del informe y la acumulación de operaciones pendientes de aplicación por 13 millones, por gastos ejecutados sin consignación presupuestaria. Al tiempo, se ha referido a la "falta de control" de los activos municipales. "Tenemos dificultades para saber qué tenemos, cuánto vale y cómo está reflejado contablemente", ha apuntado. "En este ayuntamiento existe un problema de control y eso es lo que se pone de manifiesto en este informe", ha añadido. "Un ayuntamiento no puede gestionar bien lo que no controla", ha concluido. Por Vox, Ortolá también ha recriminado que "no se llega a tiempo y se ejecuta poco". Y respecto a "los reparos", ha abundado en la falta de personal, la falta de inventario de bienes del ayuntamiento, o la falta de reglamento de subvenciones, "que hemos conseguido acordar con el PP", ha sostenido. No obstante, ha apuntado que el informe concluye que se refleja "la imagen fiel del estado contable del ayuntamiento".
Y por el PSOE, Castell ha responsabilizado de las "deficiencias" al alcalde a quien ha atribuido la generación de 176,8 millones de remanente en los bancos. "En 2025 solo se ha invertido cuatro de cada diez euros", ha apuntado, como en los tres años previos, ha lamentado. "Son el resultado de proyectos que usted prometió y no ejecutó", ha apuntado. "Año tras año se repiten las mismas deficiencias y los mismos errores", ha abundado, para enumerar los distintos proyectos que, a su juicio, siguen pendientes de ejecución, como la remodelación del edificio de los antiguos cines Aba6, o la construcción del carril bici entre el Centro y Playa de San Juan, además de que no se haya empleado los 1,6 millones presupuestados para construir vivienda pública.
En la réplica, Copé ha insistido en lamentar la acumulación de ahorros y ha emplazado a la ciudadanía a "reaccionar" a estas alturas del mandato. De igual modo, Castell ha acusado a Barcala de insistir en que "Pedro Sánchez no nos deja usar los remanentes" para sostener que "el problema no es la ley, sino su gestión" para insistir en los proyectos comprometidos, pero no desarrollados. "Gobernar no es anunciar", ha insistido. El debate lo ha cerrado la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, para sostener que las operaciones pendientes de aplicar ya están cubiertas. Además, ha recalcado que las cuentas están "totalmente saneadas" puesto que cumplen con todas las directrices, desde el plan económico financiero, a la regla de gasto, al objetivo de la estabilidad... Y se ha referido a la imposibilidad de uso de los remanentes, para que el Gobierno autorice su disposición. "Lo que están esperando los alicantinos son las llaves de las 200.000 viviendas que prometió Sánchez", ha abundado. Así, la votación se ha saldado con 17 votos a favor, 8 abstenciones (las de los ediles del PSOE) y tres votos en contra (los de Compromís y EU Podem).
