ALICANTE. Alicante necesitaría al menos otros 100 agentes de Policía Local más para llegar a contar con una plantilla global de unos 650 efectivos entre policías y mandos que permitiese afrontar la cobertura indicada de los servicios de barrios, seguridad ciudadana y tráfico para una ciudad del tamaño demográfico de Alicante. Esa es, cuando menos, la cifra concreta aterrizada este jueves por el comisario principal del cuerpo, José María Conesa, en su segunda comparecencia ante la comisión municipal constituida a instancias de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) con el fin de fiscalizar el funcionamiento de la Policía.

En su nueva exposición ante los representantes municipales, el máximo responsable del cuerpo ha insistido en la falta de personal que, a su juicio, existe en la plantilla del cuerpo, como ya lo hizo en su primera comparecencia, celebrada el pasado mes de junio. Pero, además, ha especificado por primera vez que, en la actualidad, se dispondría a diario de unos 502 agentes (en torno al 85% de los puestos contemplados en plantilla), que se elevarían hasta los 565 al contabilizar el cuadro de mandos: un número que ha considerado insuficiente, frente a los medios de los que disponen otras poblaciones como Bilbao, en la que se contaría con 700 efectivos, a pesar de disponer de un censo poblacional menor.

En este sentido, Conesa ha lamentado que no se haya planificado con la suficiente antelación la convocatoria de los procesos selectivos que resultan necesarios para cubrir vacantes por jubilación, lo que conlleva un retraso en la cobertura de esas plazas. De ahí que, a preguntas del edil del PSOE, Miguel Castelló, haya considerado positiva la propuesta promovida ahora por la Concejalía de Seguridad para contratar un servicio de vigilancia privada en puestos fijos de dependencias municipales, puesto que se trataría de un sistema que permitiría contar con cerca de una treintena de agentes para poder realizar funciones en la calle.

De hecho, ha señalado que él mismo había sugerido la iniciativa de que se promoviese la contratación de ese servicio -puesta en marcha por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con el propósito de cumplir uno de los compromisos adquiridos con el grupo municipal de Vox en los pactos presupuestarios alcanzados en 2024 y 2025-, tras señalar que ya se venía prestando hasta el año 2011 "ofreciendo buenos resultados", hasta que se tuvo que cancelar con motivo de la reducción del gasto que conllevó la aplicación del plan de ajuste aprobado entonces en el ayuntamiento.

En cualquier caso, Conesa también ha recalcado que, pese a las carencias de personal, se presta el mejor servicio posible hasta el punto de señalar que se habría producido una reordenación funcional que habría permitido reducir las llamadas ciudadanas no atendidas. En concreto, ha apuntado que, a lo largo de este 2025, se habrían recibido más de 70.000 solicitudes de servicio y que solo se habían dejado de atender en torno a 3.100, frente a las más de 5.000 que se contabilizaron en el ejercicio de 2024. Además, ha señalado que esa cifra (las 3.100) constan en el sistema como no atendidas, porque supone que no se responda con el envío de una patrulla de inmediato, al existir otras prioridades, aunque, con posterioridad, sí pueda producirse esa atención.

Reorganización en tres distritos

De igual modo, ha insistido en que esas llamadas sin respuesta inmediata se referirían principalmente a demandas relacionadas con molestias vecinales, por lo que no se dejaría de prestar servicio a las incidencias de carácter prioritario. Además, como ya anticiparon los otros dos mandos principales (el intentende Fernando Aldave y el comisario Raúl Romero) en la misma comparecencia del pasado mes de junio, ha señalado que se ha diseñado una reestructuración del cuerpo para dividir el conjunto del término municipal de Alicante en tres distritos principales, lo que permitiría mejorar la capacidad de respuesta y optimizar la prestación del servicio, al procurar la capacidad de disponer de un mayor control directo sobre cada uno de esos tres ámbitos territoriales. Eso sí, ha recalcado que para que esa reordenación se pueda poner en marcha, se requiere todavía de que se produzca la conclusión de las obras de la Jefatura de Policía Local de Playa de San Juan, puesto que esas dependencias permitirán redistribuir los recursos disponibles, como los vehículos asociados al servicio.

Al tiempo, ha asegurado que, como máximo responsable del cuerpo, eleva los informes pertinentes en el caso de que no se dispusiese de los agentes necesarios para dar cobertura a la celebración de eventos de carácter extraordinario, y ha recalcado que "es muy improbable" que su desarrollo obligue a derivar agentes de la unidad de barrios. En este sentido, ha recalcado que se trabaja con la bolsa de horas extraordinarias para encontrar los voluntarios necesarios, a pesar de que haya señalado que puedan detectarse "boicots" como el que, a su juicio, se produjo con motivo de la celebración del maratón Elche-Alicante, toda vez que "en un principio teníamos 90 voluntarios y se fueron descartando hasta llegar a cerca de 60". "Me informan de que algunos de los que se echaron atrás lo hicieron porque habían recibido presiones; quiero imaginar que para tener una posición de fuerza con la que negociar una nueva bolsa de horas", ha apuntado.

Por último, Conesa se ha referido a las denuncias sobre supuestas anomalías en los últimos procesos de selección de agentes planteadas por algunos sindicatos para señalar que él desconocía las condiciones en las que se habían celebrado las últimas convocatorias, puesto que había dejado de ser designado como miembro de tribunales, a partir de las indagaciones que se efectuaron tanto por parte de la Agencia Valenciana Antifraude como por parte de otra comisión municipal previa con motivo del caso enchufes, planteado a partir de una denuncia anónima sobre supuestos casos de nepotismo en las oposiciones convocadas en 2023. Al respecto, ha señalado que esas investigaciones concluyeron sin que quedase probada ninguna anomalía y ha insistido en que esa denuncia fue intento hurdido por parte de integrantes de la propia policía con la intención de perjudicarle.

Conclusiones

La comparecencia de Conesa ha sido la última prevista en desarrollo de la comisión. De hecho, los grupos políticos municipales se han emplazado a presentar sus propuestas de conclusiones en la fecha del próximo 15 de enero con la intención de tratar de ponerlas en común y trasladarlas a pleno. En caso contrario, se procederá a la votación de las conclusiones planteadas por cada grupo. Por el momento, está por ver que pueda llegar a generarse ese consenso, a partir de las valoraciones ofrecidas tras el desenlace de la reunión de cierre de la comisión de este jueves, aunque, en principio, al menos los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición coincidirían en la falta de agentes. 

En primer término, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que en la sesión de este jueves "ha quedado confirmada la carencia de mandos y las consecuencias operativas que ello conlleva por lo que una de nuestras peticiones será la tramitación urgente de un proceso de mejora de empleo para oficiales e inspectores, junto a las mejoras que hay en vigor. La Policía Local no puede estar sin mandos en la calle", ha señalado. 

Además, ha apuntado que "la extrema izquierda ha quedado retratada al respaldar el comisario principal jefe la necesidad de contratar seguridad privada para poder disponer de 36 agentes más. Y tampoco entendemos qué problema ven para algo tan perfectamente positivo que hasta Baldoví de Compromís y Carmena en Madrid contrataron este servicio. La izquierda alicantina sigue abonada al ridículo", ha concluido.

En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha estimado que "las respuestas del comisario revelan un panorama de falta de recursos, desorganización, ausencia de datos clave, decisiones contradictorias y acusaciones sin fundamentación". "La auditoría evidencia problemas estructurales profundos en la gestión de la Policía Local de Alicante que requieren medidas urgentes de transparencia, planificación y refuerzo de plantilla", ha apostillado.

Y en tercer lugar, su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que "hemos planteado tres cuestiones que el señor Barcala ya no puede seguir ignorando. La primera es evidente para cualquiera que haya escuchado a los propios agentes: Alicante necesita al menos 100 policías más y 20 mandos adicionales. No es una cifra política, es una necesidad operativa. Hoy tenemos barrios que se quedan horas sin una sola patrulla disponible y servicios urgentes que no se pueden atender a tiempo. Esto no es un problema puntual: es el resultado directo de la dejadez y falta de planificación del gobierno de Barcala", ha explicado.

"La segunda cuestión es aún más grave: el Ayuntamiento está abriendo la puerta a privatizar funciones de seguridad por sus flirteos con Vox, algo absolutamente inaceptable en un servicio público tan sensible. Mientras se niega a reforzar la plantilla y a cumplir con la ley, el equipo de gobierno plantea recurrir a empresas privadas para tapar su propia incapacidad. La seguridad de la ciudadanía no puede convertirse en un negocio. Alicante necesita una Policía Local fuerte, pública y bien dotada, no parches privados que además salen más caros y menos transparentes", ha añadido. "Y la tercera cuestión es la que socava la confianza interna y externa: las irregularidades en los procesos selectivos. Los sindicatos han señalado problemas serios de transparencia, de acceso a expedientes y de garantías en las pruebas. Esto afecta a ascensos, a la estructura de mandos y, en última instancia, al funcionamiento de todo el cuerpo. Si no hay procesos limpios y claros, no puede haber una Policía Local profesional, motivada y respetada", ha recalcado.

"Hoy ha quedado claro que el modelo de Barcala está agotado. No es la plantilla quien falla, es la política de abandono, opacidad y privatización encubierta que se está aplicando. Desde Esquerra Unida Podem vamos a exigir un cambio profundo: más efectivos, más medios, más transparencia y una defensa firme del servicio público. Alicante merece una policía eficaz y cercana, no un gobierno que mira hacia otro lado mientras la ciudad se queda sin la atención necesaria en los barrios y partidas", ha concluido.