ALICANTE. Alicante necesitaría al menos otros 100 agentes de Policía Local más para llegar a contar con una plantilla global de unos 650 efectivos entre policías y mandos que permitiese afrontar la cobertura de los servicios de barrios, seguridad ciudadana y tráfico. Esa es, cuando menos, la cifra concreta aterrizada este jueves por el comisario principal del cuerpo, José María Conesa, en su segunda comparecencia ante la comisión municipal constituida a instancias de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) con el fin de fiscalizar el funcionamiento de la Policía.
En su nueva exposición ante los representantes municipales, el máximo responsable del cuerpo ha insistido en la falta de personal que, a su juicio, existe en la plantilla del cuerpo, como ya lo hizo en su primera comparecencia, celebrada el pasado mes de junio. Pero, además, ha especificado por primera vez que, en la actualidad, se dispondría a diario de unos 502 agentes (en torno al 85% de los puestos contemplados en plantilla), que se elevarían hasta los 565 al contabilizar el cuadro de mandos: un número que ha considerado insuficiente, frente a los medios de los que disponen otras poblaciones como Bilbao, en la que se contaría con 700 efectivos, a pesar de disponer de un censo demográfico menor.
En este sentido, Conesa ha lamentado que no se haya planificado con la suficiente antelación la convocatoria de los procesos selectivos que resultan necesarios para cubrir vacantes por jubilación, lo que conlleva un retraso en la cobertura de esas plazas. De ahí que, a preguntas del edil del PSOE, Miguel Castelló, haya considerado positivo la propuesta promovida ahora por la Concejalía de Seguridad para contratar un servicio de vigilancia privada en puestos fijos de dependencias municipales, puesto que se trataría de un sistema que permitiría contar con cerca de una treintena de agentes para poder realizar funciones en la calle.
De hecho, ha señalado que él mismo había sugerido la iniciativa de que se promoviese la contratación de ese servicio -puesta en marcha por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con el propósito de cumplir uno de los compromisos adquiridos con el grupo municipal de Vox en los pactos presupuestarios alcanzados en 2024 y 2025-, tras señalar que ya se venía prestando hasta el año 2011 "ofreciendo buenos resultados", hasta que se tuvo que cancelar con motivo de la reducción del gasto que conllevó la aplicación del plan de ajuste aprobado entonces en el ayuntamiento.
En cualquier caso, Conesa también ha recalcado que, pese a las carencias de personal, se presta el mejor servicio posible hasta el punto de señalar que se habría producido una reordenación funcional que habría permitido reducir las llamadas ciudadanas no atendidas. En concreto, ha apuntado que, a lo largo de este 2025, se habrían recibido más de 70.000 solicitudes de servicio y que solo se habían dejado de atender en torno a 3.100, frente a las más de 5.000 que se contabilizaron en el ejercicio de 2024. Además, ha señalado que esa cifra (las 3.100) constan en el sistema como no atendidas, porque supone que no se responda con el envío de una patrulla de inmediato, al existir otras prioridades, aunque, con posterioridad, sí pueda producirse esa atención.
De igual modo, ha insistido en que esas llamadas sin respuesta inmediata se referirían principalmente a demandas relacionadas con molestias vecinales, por lo que no se dejaría de prestar servicio a las incidencias de carácter prioritario. Además, como ya anticiparon los otros dos mandos principales (el intentende Fernando Aldave y el comisario Raúl Romero) en la misma comparecencia del pasado mes de junio, ha señalado que se ha diseñado una reestructuración del cuerpo para dividir el conjunto del término municipal de Alicante en tres distritos principales, lo que permitiría mejorar la capacidad de respuesta y optimizar la prestación del servicio, al procurar la capacidad de disponer de un mayor control directo sobre cada uno de esos tres ámbitos territoriales. Eso sí, ha recalcado que para que esa reordenación se pueda poner en marcha, se requiere todavía de que se produzca la conclusión de las obras de la Jefatura de Policía Local de Playa de San Juan, puesto que esas dependencias permitirán redistribuir los recursos disponibles, como los vehículos asociados al servicio.
Al tiempo, ha asegurado que, como máximo responsable del cuerpo, eleva los informes pertinentes en el caso de que no se dispusiese de los agentes necesarios para dar cobertura a la celebración de eventos de carácter extraordinario, y ha recalcado que "es muy improbable" que su desarrollo obligue a derivar agentes de la unidad de barrios. En este sentido, ha recalcado que se trabaja con la bolsa de horas extraordinarias para encontrar los voluntarios necesarios, a pesar de que haya señalado que puedan detectarse "boicots" como el que, a su juicio, se produjo con motivo de la celebración del maratón Elche-Alicante, toda vez que "en un principio teníamos 90 voluntarios y se fueron descartando hasta llegar a cerca de 60". "Me informan de que algunos de los que se echaron atrás lo hicieron porque habían recibido presiones; quiero imaginar que para tener una posición de fuerza con la que negociar una nueva bolsa de horas", ha apuntado.
La comparecencia de Conesa ha sido la última prevista en desarrollo de la comisión. De hecho, los grupos políticos municipales se han emplazado a presentar sus propuestas de conclusiones en la fecha del próximo 15 de enero con la intención de tratar de ponerlas en común y trasladarlas a pleno.
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