ALICANTE. La Diputación de Alicante deberá promover la carrera profesional también entre los funcionarios y funcionarias del IAC Juan Gil-Albert. Así lo ha considerado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, que ha estimado la demanda interpuesta por la FESEP contra la administración provincial.
La sentencia dicta que se deberán iniciar los tramites y aprobar en el plazo máximo de seis meses las normas reglamentarias para establecer un sistema de grados de desarrollo profesional, regulándose los requisitos y formas de acceso a cada uno de los grados, así como las retribuciones asignadas a los mismos.
Una sentencia favorable "ante el trato desigualitario mostrado y ante la negativa a reconocer el derecho a la carrera profesional de los trabajadores y trabajadoras de los organismos autónomos dependientes de la Diputación de Alicante", han manifestado desde la FESEP.
Para la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos supone "un paso más en la defensa de la aplicación efectiva de la carrera profesional a todos los trabajadores de la administración local y sus organismos autónomos". Y contabiliza en su favor 25 sentencias judiciales para la aplicación de este "importante" derecho.
Se trata de la tercera victoria que se dicta en relación con un organismo autónomo dependiente de la Diputación de Alicante, tras las sentencias favorables al Patronato de Turismo y al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. "La Justicia vuelve a reiterar a la Diputación la obligación de implantar a estos organismos autónomos un reglamento de carrera horizontal mediante un sistema de grados y evaluación de desempeño, al igual que se hace en la administración autonómica de la Generalitat, en la Diputación y en los ayuntamientos".
Francisco A. González, secretario autonómico de FESEP, se ha congratulado por este fallo judicial y se ha mostrado indignado por la "actitud de inactividad por parte de los responsables de la Diputación, su presidente, Toni Pérez, y la la diputada de Recursos Humanos, Lourdes Llopis".
