ALICANTE. Nuevo requerimiento de información en la causa sobre las supuestas anomalías registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. En este caso, ese reclamación se dirige a Les Corts. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha remitido un nuevo oficio en el que insta a la cámara autonómica para que facilite copia íntegra del vídeo de la declaración ofrecida por el exconcejal de Hacienda, Patrimonio y Deportes bajo las siglas del Partido Popular (PP), Toni Gallego, ante la comisión de investigación relacionada con la promoción de Les Corts.
Se trata de la comparecencia en la que Gallego aseguró que él conocía que la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, había adquirido uno de los pisos de VPP del residencial desde julio de 2024. Según aseguró, fue la propia Gómez quien se lo comunicó al pedirle que fuese él (en lugar de ella) quien respondiese a una pregunta plenaria registrada por el grupo municipal de Compromís sobre las condiciones de acceso a las viviendas de Les Naus. El propio Gallego reiteró esas explicaciones al acudir a declarar en el juzgado en calidad de testigo, el pasado 30 de septiembre.
La jueza ya había requerido copia del vídeo de la comparecencia de Gallego en Les Corts en un oficio previo, con fecha de 16 de septiembre. Es decir, antes de que el exconcejal declarase en el juzgado. Y al no haber recibido esa grabación, la vuelve a requerir ahora, a través de una providencia en la que también da por notificada la última documentación solicitada al Ayuntamiento de Alicante. En concreto, se trataba de las comunicaciones y correos electrónicos girados entre los departamentos de Contratación y Patrimonio desde el momento en el que se aprobó la licitación del solar municipal en el que se construyeron las viviendas de Les Naus y la fecha en la que se publicó el anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado; de los pasos que pudiesen haberse adoptado para dar publicidad a esa licitación antes de su registro en esa plataforma; de los posibles acuerdos de paralización y de reactivación del expediente que se pudieron haber adoptado; y de los informes adicionales que se hubiesen manejado sobre la valoración del precio de ese solar.
Como informó este diario, esa documentación fue remitida el pasado jueves mediante la entrega de tres informes distintos en los que se concluía que no se conservaban correos del periodo solicitado puesto que el sistema informático de gestión municipal no almacena copias de más de cuatro años de antigüedad; que no se había dado ningún tipo de publicidad a la subasta antes de que se registrase en la Plataforma de Contratación; y que no existían más informes sobre tasaciones del suelo más allá de los ya entregados el pasado mes de febrero.
Esa respuesta facilitada por los Servicios Jurídicos Municipales motivó el registro de una solicitud por parte de la representación legal del sindicato FETAP-CGT, que ejerce la acusación popular en la causa junto al grupo municipal del PSOE y Ciudadanos (Cs), en la que demandaba que el juzgado ordenase la realización de un examen técnico-forense de los ordenadores que utilizaron los funcionarios que tramitaron la redacción del pliego de condiciones de la subasta del solar, ahora ya jubilados, y que se requiriese al Ayuntamiento de Alicante que informase sobre el proceso de migración del sistema de correo electrónico al que se alude en la respuesta municipal como uno de los motivos que había propiciado que no se conservasen las comunicaciones giradas en el periodo solicitado, correspondientes al año 2018.
Además, en esa solicitud, también demanda que se identifique y preserve los equipos informáticos y soportes de almacenamiento que pudieran contener copias locales de "los correos electrónicos objeto de investigación, evitando su eliminación, modificación, formateo o reinstalación", entre otros puntos. Por el momento, no consta que la jueza responsable de la instrucción haya resuelto respecto a esas peticiones.
