Alicante

La Fiscalía cree vulnerado el derecho del edil de EU en Alicante a participar en un pleno pese a su baja

  • Barcala y Villar, conversan con Copé, en un momento del pleno del pasado junio, en el que no se le permitió votar.
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ALICANTE. La Fiscalía Provincial de Alicante ha avalado la demanda por un supuesto de vulneración del derecho a la participación política presentada por el concejal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, "frente a la actitud del alcalde Luis Barcala de obstaculizar la labor de control de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante", según informan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado, a colación del desarrollo del pleno desarrollado el pasado 26 de junio, en el que se conminó a Copé a abandonar la sesión con el argumento de que se encontraba en situación de baja por acogimiento familiar y que, por lo tanto, no podía tomar parte de la sesión. Copé se mantuvo en el salón de plenos, aunque no se le permitió ejercer el derecho a voto. 

En concreto, a través de un escrito registrado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante en el que se dirime el contencioso, la Fiscalía sostiene que "resulta suficientemente acreditado que la expulsión del Pleno supone una vulneración de los derechos de representación del demandante, de carácter fundamental por estar protegidos por el artº 23 de la CE". 

Además, la Fiscalía añade que la resolución judicial previa, por la que se archivó el primer procedimiento instado por Copé por el supuesto precedente registrado en diciembre, en la que "se desestimó que hubiera vulneración del derecho de representación", no sería análoga a la nueva situación planteada ahora en este segundo contencioso. Al respecto, el Ministerio Público apunta que esa primera decisión judicial "se fundó en que el propio demandante no acudió al pleno (aunque previamente se le había dicho que no tenía derecho de asistencia) a pesar de que, al igual que en el presente supuesto, había sido convocado por vía telemática".

Esa circunstancia, añade, "no ocurre en este caso", en alusión al desenlace del pleno de junio, "puesto que el demandante sí intentó ejercer sus derechos" y acudió al pleno. De igual modo, la Fiscalía sostiene que "los permisos de paternidad" -en realidad, la baja por acogimiento familiar- "fueron solicitados por el demandante conforme a la legislación vigente; queda fuera de toda duda que, a pesar de estar disfrutando de un permiso de paternidad, tenía intención de ejercer el núcleo de su actividad de control del gobierno municipal", añade.

Y recalca que "la legislación no exige que el permiso por paternidad se ejerza sólo cuando se justifique que tiene la necesidad de atender especiales obligaciones parentales. Para nada interfiere en el normal desarrollo de la actividad consistorial si uno o más concejales están disfrutando de un permiso de paternidad", apunta. Al contrario, señal que "sí es un grave disturbio del ejercicio democrático que se prive de ese derecho a un concejal electo", sostiene. Por todo ello, concluye que nada de lo propuesto ni alegado por el Ayuntamiento, en respuesta al recurso de Copé, "justifica la prohibición expresa y terminante del ejercicio de representación del demandante, y dicha prohibición supone una quiebra no sólo de sus derechos y obligaciones sino también de aquellos que lo eligieron como representante mediante el ejercicio de su derecho a voto (artº 23, 1 CE). Se estima, pues que se han vulnerado los derechos fundamentales protegidos en el artº 23, 1 y 2 de la Constitución Español".

Así, el propio portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, ha señalado que "la Fiscalía nos da la razón y desmonta el intento del alcalde Barcala de bloquear la labor de control y fiscalización de la oposición. Defender el derecho a la participación política no es un capricho, es una obligación democrática", ha considerado.

En esta línea, Esquerra Unida Podem subraya que "este pronunciamiento supone un respaldo a los derechos fundamentales de los concejales y concejalas, y un toque de atención al equipo de gobierno del Partido Popular, al que acusan de ejercer una política de opacidad y bloqueo", añade la nota pública.

"Seguiremos defendiendo la transparencia, la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada de lo que ocurre en su Ayuntamiento", ha concluido Copé.

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