ALICANTE. La comisión municipal que debe fiscalizar la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 sigue envuelta en la disputa política, una vez superado el primer debate respecto al calendario de comparecientes solicitados por el conjunto de grupos políticos municipales. La controversia se centra ahora en el acceso a la documentación reclamada por los grupos que ejercen funciones de oposición, quienes ya han puesto de manifiesto -al menos en lo que respecta a las formaciones que conforman el eje progresista: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- que no se habría facilitado información relacionada con los tres expedientes de averiguación interna promovidos por el área de Recursos Humanos respecto a la posible participación en los expedientes vinculados con los 140 pisos de la promoción por parte de los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret (que compraron vivienas en el residencial) y por parte de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que ahora vuelve a ocupar su plaza como jefa de Contratación, que también se habría visto salpicada por la polémica, toda vez que dos hijos y un sobrino suyos también compraron viviendas de Les Naus.
Tampoco se habría aportado documentación respecto al expediente seguido para conocer si alguien pudo tener acceso indebido respecto a las solcitudes de liquidación del impuesto de la plusvalía de esas viviendas antes de finales de enero, cuando, según viene sosteniendo el equipo de gobierno, se tuvo conocimiento efectivo de la identidad de los compradores (entre los que se encontraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez), a partir de un informe elaborado por la jefa del servicio de Patrimonio, en el que se alertaba de la posible existencia de incompatibilidades o de conflictos de interés.
El vicealcalde, edil de Recursos Humanos y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), ha señalado, al respecto, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno, que no se había facilitado acceso a la documentación de esos tres expedientes puesto que la redacción de sus conclusiones no se había finalizado todavía. Además, ha añadido que tampoco se había comunicado su conclusión a los propios funcionarios objeto de los tres expedientes. Y, en todo caso, ha asegurado que solo se proporcionará la posibilidad de consultar el dictamen de conclusiones, pero no la totalidad de las averiguaciones practicadas, puesto que se trataba de expedientes reservados.
Respecto al resto de documentación, Villar ha sostenido que se había puesto a disposición de todos los grupos políticos toda la documentación disponible en el Ayuntamiento que se remitió al juzgado en el que se instruyen las diligencias sobre las supuestas irregularidades detectadas en la construcción y venta de las viviendas de Les Naus. Así, ha asegurado que no podía entregar documentación relacionada con expedientes que dependiesen de otras administraciones y que tampoco procedía que el Ayuntamiento elaborase un informe sobre las relaciones de parentesco entre funcionarios y compradores de viviendas, o entre los propios adquirientes de esos pisos, como socios cooperativistas de Residencial Les Naus.
"Todo lo que se ha aportado, no está incompleto", ha asegurado Villar. "Es lo que se remitió al juzgado y lo que no esté ahí, no existe", ha enfatizado, para remarcar la imposibilidad de contar con documentación de otras administraciones o la imposibilidad legal y la ausencia de medios para poder elaborar informes como el de las relaciones de parentesco. Además, respecto al futuro de las viviendas, ha señalado que se sigue trabajando en coordinación con la Conselleria de Vivienda, después de que el pleno del Consell ya haya aprobado el convenio de cesión del derecho de tanteo y retracto para que el Ayuntamiento pueda asumir la recompra de las viviendas de aquellos socios cooperativistas que puedan tratar de comercializarlas para desprenderse de ellas.
Informes policiales y dificultad de acceso
No obstante, esas explicaciones han chocado con la posición defendida por el PSOE. Su portavoz municipal, Ana Barceló, ha considerado que es "rotundamente falso que se nos haya entregado toda la documentación". "No vamos a permitir que la comisión se convierta en un traje a medida para que Barcala no asuma ninguna responsabilidad. Vamos a investigar hasta el final para que los alicantinos y alicantinas sepan qué ha pasado con la adjudicación de vivienda pública a cargos del PP y allegados", ha asegurado, tras las manifestaciones de Villar.
Barceló ha detallado que en la documentación aportada a los miembros de la comisión faltan informes clave como, por ejemplo, el redactado por la Policía Local durante las inspecciones al residencial para comprobar qué viviendas estaban efectivamente ocupadas, o el correo por el que la jefa de Patrimonio dio traslado al secretario municipal del hallazgo de supuestas incompatibilidades. Además, ha asegurado que también falta información sobre las actas de las reuniones de seguimiento del contrato de venta de la parcela adquirida por Residencial Les Naus, si es que se levantaron, o sobre las cinco parcelas ofrecidas a la Generalitat para la promoción de VPP en el marco del Plan Vive, así como el inventario de las parcelas destinadas a vivienda pública en el Plan General, tras recordar que el objetivo de la comisión era, por un lado, conocer todos los procesos que se han seguido respecto a la promoción de vivienda pública y promover que se tomen las medidas necesarias "para que no se vuelva a repetir un escándalo como este", ha incidido. "Si no tenemos la documentación antes de las comparecencias, nos pronunciaremos respecto a los siguientes pasos; no vamos a permitir que se trolee a la comisión", ha asegurado.
Además, ha señalado que el PP "se ha dedicado a mandar con retraso la documentación" y ha denunciado que, en el momento en el que se ha facilitado su acceso, a través de una intranet de consulta reservada solo para los miembros de la comisión, esa documentación "está blindada de tal manera que lo que se puede examinar, que son miles de folios, se ponen a disposición con unos medios que nos imposibilitan analizar la documentación; tenemos que trabajar sobre una pantalla e ir pasando toda la documentación para ir conectando porque son distintos expedientes", ha explicado. Con todo, ha sostenido que "si piensan que no vamos a revisar folio a folio, se equivocan; y usaremos el tiempo que sea necesario para entender todo el mecanismo y poner en relación unos expedientes con otros", ha concluido.
