ALICANTE. Nuevo paso para la reorganización y reagrupación de sedes judiciales en Alicante con el fin de racionalizar su disposición física y dignificar el trabajo de los profesionales del sector. En esta ocasión, esa renovación llega al Tribunal de Marcas, para el que se prevé disponer de un nuevo inmueble como sede central, situada en la calle Pardo Gimeno, junto al edificio judicial en el que se ubican los órganos de lo Contencioso-Administrativo. 

Así lo ha dado a conocer este lunes la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en la presentación del proyecto, que comprende una inversión superior a los 3,5 millones. Cerca de la mitad de ese desembolso (1,4 millones) ya se habría materializado mediante la compra del inmueble: un bajo situado en un edificio residencial de nueva planta, que será acondicionado con una inversión adicional de más de 1,8 millones.

En su conjunto, ese nuevo espacio dispone de 856 metros, en los que se distribuirán los despachos para magistrados y letrados, salas de vistas, una sala de reuniones compatible con uso como biblioteca y un archivo. Por su parte, la Sección 8 de la Audiencia de Alicante, que actúa como segunda instancia, seguirá situada en su emplazamiento actual, en el edificio de la Plaza del Ayuntamiento, según han precisado fuentes del departamento autonómico. 

En principio, las nuevas dependencias del Tribunal de Marca deberían estar acondicionadas a finales de 2026 para que puedan ponerse en funcionamiento en sustitución de las instalaciones actuales, distribuidas en distintos locales de la calle Alona. Con ello, se conseguirá agrupar las principales sedes judiciales de la ciudad en torno al mismo ámbito del barrio de Benalúa, hasta conformar una suerte de "campus de la Justicia", según ha destacado Martínez.

Además de la sede de Pardo Gimeno, en ese mismo emplazamiento confluye el actual Palacio de Justicia, así como el futuro complejo de la Ciudad de la Justicia, actualmente en fase de construcción. De hecho, Martínez se ha referido también al avance de sus obras para sostener que se están ajustando a los plazos previstos, aunque ha apuntado la posibilidad de que puedan sufrir una demora como consecuencia de la modificación del proyecto que resulta necesaria para adaptar la distribución de su configuración interna a la nueva Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial, como informó este diario.