ALICANTE. No es el servicio que conlleva el gasto más abultado de cuantos dependen del Ayuntamiento de Alicante, pero sí se ha convertido en uno de los que ha desatado una mayor concurrencia empresarial. Se trata del contrato por la prestación del servicio de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, que queda bajo la disputa de hasta 20 empresas interesadas. Así se pudo constatar en la reunión semanal de la Mesa de Contratación celebrada la semana pasada, después de que quedase desbloqueado el proceso de contratación que había permanecido suspendido temporalmente tras la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
La convocatoria parte por un presupuesto de más de 2,7 millones (2.718.514,48 euros, impuestos incluidos) y abarca las labores de suministro y mantenimiento de las señales de tráfico instaladas en la vía pública en todo el término municipal, lo que comprende también las marcas viales de pintura situadas sobre el pavimento. El contrato parte con una duración inicial de dos años, sobre los que cabe la posibilidad de conceder dos prórrogas adicionales de un año cada una.
Con esas condiciones, la convocatoria ha atraído a las principales compañías especializadas en el sector, además de otras firmas habituales en las licitaciones relacionadas con la ejecución de obra civil. Así, entre las aspirantes, figuran desde CHM Obras e Infraestructuras, hasta Pavasal, Mediterráneo de Obras y Asfaltos o Torrescámara y Cía de Obras, a Hispánica de Viales, API Movilidad, Señalizaciones Jica, Coralsur Mantenimiento, Serveo Servicios, Geamur, Akra Señal y la actual concesionaria, Aceinsa Levante.
Doce licitadores en 2019
Por el momento, el departamento de Contratación ha aceptado el conjunto de esas propuestas, aunque ha requerido información adicional a tres de ellas antes de concretar si continúan en el proceso. La siguiente fase será la de la evaluación de las ofertas presentadas en los factores que dependen de juicios de valor, antes de que se conozca la propuesta económica planteada por cada una de las compañías licitadoras que continúen en liza.
Lo cierto es que la licitación previa, convocada en 2019, también se resolvió entre un agitada competencia empresarial, toda vez que presentaron oferta hasta doce compañías distintas. Gran parte de ellas vuelven a concurrir ahora, como sucede con Pavasal, Akra Señal o API Movilidad. En aquella ocasión, el concurso partía por un plazo de ejecución de cuatro años y un presupuesto de 5,3 millones (impuestos incluidos). Y, finalmente, la contratación recayó en la oferta de Aceinsa Levante: la misma empresa que venía asumiendo la prestación hasta ese momento.
Entonces, el equipo de gobierno, compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario (tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri), tuvo que afrontar esa licitación con el contrato previo ya vencido, asumiendo el pago de facturas mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito (el mecanismo admnistrativo previsto para asumir costes no presupuestados). Es decir, justo la misma situación en la que el servicio se presta en la actualidad, al haberse extinguido la duración del último contrato.
