ALICANTE. Esquerra Unida del País Valencià reacciona ante el proceso en trámite para reconvertir el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática (IVMD) en la Unidad Valenciana de la Concordia que trata de impulsar la Conselleria de Justicia, manteniendo su sede institucional en Alicante, tras la derogación de la Ley Valenciana de Memoria Histórica y su sustitución por la Ley de Concordia. La coalición de izquierdas ha expresado este viernes su "más rotunda disconformidad con la decisión de la Conselleria de Justicia, dirigida por el Partido Popular, de eliminar el Institut Valencià de la Memòria Democràtica y sustituirlo por una llamada Unidad de Concordia", apuntan fuentes de la cúpula autonómica de la organización.

"Esta medida no solo supone un grave retroceso en políticas de memoria democrática, sino que podría vulnerar los compromisos adquiridos con la financiación europea destinada a esta área", añaden las mismas fuentes, a través de un comunicado. Es más, la coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha expresado sus dudas sobre el desarrollo de esa sustitución, y del uso que pueda concederse al antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto, puesto a disposición de la Generalitat por parte de la Autoridad Portuaria durante la pasada legislatura con el propósito de que acogiese la sede del IVMD.

"No tenemos claro que se pueda hacer lo que pretende el Consell, porque buena parte del funcionamiento del Instituto está financiado con fondos europeos finalistas, que no pueden destinarse a cualquier uso", ha afirmado Rosa Pérez Garijo, coordinadora de EUPV y ex consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. "Estamos ante un desmantelamiento ideológico de políticas públicas que fueron construidas con consenso y sentido de justicia hacia las víctimas del franquismo", ha añadido.

Así, EUPV considera que "la creación de una Unidad de Concordia que borra deliberadamente el concepto de memoria democrática blanquea la dictadura y atenta contra los principios de verdad, justicia y reparación que rigen en los marcos internacionales de derechos humanos", abunda el comunicado. De este modo, EUPV exige "al Consell de Mazón que rectifique de inmediato y que aclare públicamente si se han incumplido compromisos europeos en materia de financiación. Del mismo modo, anunciaremos medidas institucionales para fiscalizar esta decisión y evitar que el País Valencià retroceda décadas en la defensa de la memoria y la dignidad democrática".