ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem toma posiciones a la vista del informe de control económico elaborado por el departamento municipal de Intervención respecto al ejercicio de 2025 con el registro de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante con la que trata de que se investiguen diversos hechos reflejados en ese dictamen, en el que se advertía de la posible comisión de un supuesto fraccionamiento de contratos. En concreto, en ese informe reprochaba la concatenación de distintos encargos externos relacionados con la defensa jurídica municipal, en lo que pone el foco ahora la denuncia de EU Podem, así como en "la eventual omisión del procedimiento legal previsto para resolver los reparos formulados por el órgano de control interno".
Fuentes de la confluencia han precisado, a través de un comunicado, que la denuncia se centra, precisamente, "en varios expedientes de la Asesoría Jurídica Municipal que fueron objeto de reparo por parte de la Intervención por posible vulneración de la prohibición de fraccionamiento contractual establecida en la Ley de Contratos del Sector Público". Además, EU Podem apunta que, según el propio informe municipal, "no se habría seguido el procedimiento de discrepancia previsto en la normativa para resolver dichos reparos".
En concreto, el informe apunta que "los expedientes de defensa jurídica en tribunales fueron, junto con otros de la misma naturaleza, reparados por esta lntervención por incumplimiento del artículo 99.2 de la LCSP (fraccionamiento del contrato). El Centro gestor no realizó el procedimiento para la resolución de discrepancias previsto en el artículo 15 del Reglamento de Control, los interesados recurrieron y finalmente, el Órgano Judicial indicado resolvió la indemnización al interesado", añade el dictamen, en una advertencia que ya se recogió en el mismo informe de control interno respecto al ejercicio de 2024.
El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado, al precisar el contenido de la denuncia, que "no estamos ante una cuestión menor ni ante una simple diferencia de criterio administrativo. Estamos hablando de reparos formulados por la Intervención Municipal respecto a la legalidad de determinados expedientes y de la posible continuación de su tramitación sin seguir el procedimiento establecido por la ley". Copé ha explicado que "lo que pedimos a la Fiscalía es que determine qué ocurrió exactamente, quién tomó las decisiones y si se actuó conforme a Derecho. Los controles internos existen para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y no pueden convertirse en meros trámites sin consecuencias". Copé ha añadido que "cuando existen advertencias expresas del órgano de control interno, la obligación de cualquier administración responsable es aclararlas y actuar con absoluta transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber si se respetaron los procedimientos y si el dinero público fue gestionado conforme a la legalidad".
Por su parte, la coordinadora local de Esquerra Unida, Lucía Ibáñez, ha sido especialmente crítica con la forma de gestionar el Ayuntamiento por parte del gobierno municipal. "El señor Barcala actúa demasiadas veces como si el Ayuntamiento fuera una extensión de su propia casa y como si los recursos públicos pudieran administrarse con criterios de oportunidad política. Pero Alicante no es su propiedad y el dinero municipal no le pertenece. Cada euro procede del esfuerzo de los vecinos y vecinas y debe gestionarse con el máximo rigor y respeto a la legalidad", ha afirmado.
Ibáñez ha señalado además que "esta ciudad es demasiado importante para gobernarla desde la improvisación o desde la sensación de que los controles administrativos son un obstáculo incómodo. Cuando se ignoran advertencias de los órganos de control, lo que está en juego no es solo un expediente administrativo; está en juego la confianza de la ciudadanía en sus instituciones". Así, representantes de Esquerra Unida han manifestado su confianza en que la actuación de la Fiscalía "permita esclarecer todos los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos".
Sin preocupación en el PP
Sea como fuere, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha justificado la tramitación de esos contratos encadenados al sostener que responden a la realización de gastos de defensa jurídica de cargos públicos o de funcionarios municipales que eligen que su defensa frente a denuncias en su contra presentadas por terceros sea prestada por abogados externos, en lugar de por los letrados de los servicios jurídicos municipales. Así lo ha explicado este mismo martes el vicealcalde y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
