ALICANTE. El departamento de Intervención del Ayuntamiento de Alicante vuelve a reprochar la gestión económica del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en el informe de control interno correspondiente al ejercicio de 2025. Ese dictamen, del que se dará cuenta en el pleno ordinario del mes de mayo, este jueves remarca una vez más algunos de los aspectos que esa misma área viene poniendo de manifiesto en los últimos mandatos con cuestiones como la falta de personal, la deficiente planificación de los ingresos y gastos, el hecho de que se promueva un elevado número de modificaciones de crédito o que se produzca la concatenación de contratos por separado respecto a trabajos de un mismo ámbito, lo que podría llegar a interpretarse como un supuesto fraccionamiento, según apunta. Al margen de ello, también incluye reproches en cuanto al reparto de subvenciones, al incidir en que no existe un plan estratégico para su concesión (aunque, cuando menos, el equipo de gobierno promovió la tramitación de su ordenanza reguladora el pasado mes de marzo), lo que motivaría que se otorguen con una advertencia de disconformidad.

Por partes. En lo que concierne a la falta de personal, el informe subraya las bajas (por jubilación o por enfermedad) de funcionarios en funciones de responsabilidad, como la jefatura de Contabilidad o de Tesorería, que se han cubierto con empleados que comparten varias tareas simultáneas, lo que dificulta el desempeño de sus responsabilidades. Respecto a los acuerdos sujetos a fiscalización, el dictamen destaca el incremento de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno que se tramitan por urgencia y lamenta que los reconocimientos extrajudiciales de crédito (la autorización de pagos no presupuestados) se eleven a ese órgano de representación política sin trasladarlos a pleno, lo que "puede suponer una limitación al principio de transparencia".

Sobre ese mecanismo de pago, también recrimina que se haya recurrido a él para aprobar costes de servicios que siguen prestándose más allá de la duración de sus contratos. Se trata de importes relacionados con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ahora en su última fase de contratación para renovar a su concesionario; de las obras de reurbanización de la avenida de Jijona; del tratamiento de residuos domésticos o del servicio de control del estacionamiento regulado (la ORA o zona azul). Dos casos, estos últimos, en los que se ha aprobado la continuidad de su prestación hasta disponer de un nuevo adjudicatario, aunque el informe no tienen en cuenta esa resolución adoptada respecto a la contrata de la zona azul. 

En todo caso, el informe apunta como recomendación la necesidad de que se activen los nuevos concursos con la antelación suficiente para evitar esas situaciones de prestación de servicios sin respaldo de un contrato. "Es necesario que el Ayuntamiento de Alicante implemente procedimientos de planificación y gestión que garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente (de 6 a 12 meses) a la finalización de los contratos, con el fin de evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término de los contratos previos, así como la aprobación de las prórrogas en los plazos de ejecución", subraya.

Al tiempo, el dictamen vuelve a poner el foco en la tramitación de sucesivos contratos por separado teóricamente relacionados con un mismo objeto que sumarían un importe global de más de 1,8 millones (1.862.554,99 euros) y que, según interpreta Intervención, podrían encajar en un supuesto fraccionamiento, por lo que suscitaron la emisión de reparos. En concreto, alude a dos tipos de encargos: las contrataciones de servicios de asistencia para defensa jurídica en los tribunales y el franqueo de correspondencia (que conlleva la mayor parte del gasto de esos 1,8 millones). Al respecto, el informe apunta que "los expedientes de defensa jurídica en tribunales fueron, junto con otros de la misma naturaleza, reparados por esta lntervención por incumplimiento del artículo 99.2 de la LCSP (fraccionamiento del contrato). El Centro gestor no realizó el procedimiento para la resolución de discrepancias previsto en el artículo 15 del Reglamento de Control, los interesados recurrieron y finalmente, el Órgano Judicial indicado resolvió la indemnización al interesado", añade.

Y prosigue recriminando el proceder político al señalar que "es práctica habitual en el Ayuntamiento de Alicante no levantar el reparo y esperar, bien al recurso que condena al Ayuntamiento o a la tramitación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, lo que genera perjuicio al interesado por los retrasos que ha de soportar y a la administración por los intereses que ha de pagar". Al tiempo, también pone de manifiesto la necesidad de que se mejore la tramitación de los llamados contratos menores con el fin de que se unifiquen criterios, se les dé mayor publicidad y se facilite su trazabilidad.

Más planificación, sin préstamos y sin competencias 'ajenas'

En cuanto al balance de ejecución presupuestaria, el dictamen reseña que se habría ejecutado el 76,42% del total de los gastos previstos: un índice que mejora el alcanzado en 2024, del 72,27%, aunque con un presupuesto por un suma global inferior (347 en 2025 frente a los 359 de 2024, según el informe). En ese apartado es donde pone el acento en lo que considera una "deficiente planificación de los ingresos y gastos que deriva en elevado número e importe de modificaciones de crédito y en un porcentaje bajo de ejecución. Deficiencia que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el cambio de financiación de gastos plurianuales financiados el primer ejercicio con recursos ordinarios, a préstamo en el segundo, sin disponer de la operación de préstamo aprobada y sin parar la ejecución de la obras, lo que implica la ejecución de gastos sin crédito disponible". Eso sí, al respecto, el informe admite que "la información correspondiente a 2025 está incompleta porque al día de la fecha aun no ha concluido la liquidación del presupuesto por la falta de medios".

Respecto al nivel de endeudamiento, el dictamen vuelve a incidir, igualmente, en otra de las observaciones recogidas en informes anuales previos, en la medida en que mantiene que el ayuntamiento dispone de capacidad financiera suficiente sin que resulte necesario acudir a la contratación de préstamos. "El Ayuntamiento de Alicante tiene recursos suficientes para atender las obligaciones que es capaz de gestionar sin necesidad de acudir al endeudamiento", apunta.

Y, entre otros aspectos, también incide en otro de los argumentos habituales en los dictámenes previos. Se trata de la asunción de competencias impropias que el departamento de Intervención conmina a evitar para no cargar con costes de gestión y de consumo de personal. "El Ayuntamiento está asumiendo competencias de la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza y servicios sociales (Edificant, Contrato programa entre otros) para las que obtiene los recursos que cubren sólo los costes directos y consecuentemente inclinan la gestión financiera al déficit, ya que el Ayuntamiento tiene que soportar los costes indirectos que la comunidad Autónoma ahorra. Aunque el Ayuntamiento, de momento lo está sosteniendo desde el punto de vista financiero, no lo soporta desde el lado de la gestión, por carecer de recursos humanos cualificados suficientes. Se recomienda contención en la asunción de subvenciones para la atención de este tipo de competencias", remarca.