ALICANTE. La gestión del aparcamiento de vehículos del sector de Poniente, propiedad de la Autoridad Portuaria de Alicante, queda definitivamente en manos de Interparking Hispania. La empresa, que también asume el estacionamiento situado bajo la plaza del Paseo de Levante, venía controlando su explotación de forma provisional, por medio de una autorización temporal, desde mayo de 2023, a pesar de que para entonces su propuesta ya había sido seleccionada como adjudicataria de la concesión en el concurso convocado por el propio Puerto tras el desalojo de su gestor precedente (Procoypro) por incumplimiento contractual. 

Entonces, el Puerto optó por la prudencia, a la vista de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) había admitido el recurso de un particular frente a la propuesta de modificación número 5 del Plan Especial del Puerto (PEPA) declarándolo nula al considerar que se había tramitado y aprobado antes de que hubiese entrado en vigor el instrumento de ordenación previo: las Determinaciones de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).

Se daba la circunstancia de que esa quinta modificación del PEPA, que introducía nuevos usos comerciales y de interacción Puerto-ciudad, afectaba al trámite de otorgamiento de concesiones como la del propio edificio del aparcamiento de Poniente. Así, tras elevar consultas jurídicas a la Abogacía del Estado, se acordó dejar en suspenso el acuerdo de concesión hasta que se despejase la vigencia del cambio del planeamiento urbanístico portuario. En esta línea, se había interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia del TSJ con el propósito de que se validase el procedimiento paralelo seguido por el Puerto respecto a la adaptación de la DEUP y del propio PEPA.

Y, finalmente, el TS acabó emitiendo un pronunciamiento favorable al Puerto el pasado mes de noviembre, por el que concluía que la modificación de los dos instrumentos de planificación había sido paralela y que ambas se encontraban alineadas en sus objetivos, por lo que instaba al alto tribunal autonómico a dictar una nueva sentencia en la que revocase la anulación del cambio del PEPA. De ahí que, en la reunión del consejo de administración del Puerto celebrada este viernes, se aprobase retomar el acuerdo de adjudicación del estacionamiento.

Eso sí, se trata de un acuerdo en el que se incorpora una cláusula preventiva, por la que se establece que Interparking no podrá ejecutar usos distintos al de la explotación del aparcamiento, como los que preveía desarrollar en la planta cubierta (entre los que se encontraba el desarrollo de una lavadero de vehículos o incluso la instalación de pistas deportivas y de un restaurante cafetería), hasta que se cuente con la sentencia definitiva del TSJ. En todo caso, el acuerdo permite que la compañía tome las riendas del estacionamiento ya sin provisionalidad por un plazo de 20 años, a cambio de 219.841 anuales en concepto de tasas de actividad, según fuentes consultadas.