ALICANTE.  El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la "situación inadmisible" que atraviesa la asociación ANILIA y su centro especial de empleo, Alicantino Poda, que acumulan nueve meses sin cobrar del Ayuntamiento de Alicante por los trabajos de mantenimiento de zonas verdes, según han afirmado los socialistas en un comunicado este sábado. Así, la deuda municipal superaría ya los 158.000 euros y "pone en riesgo el empleo y la atención que reciben decenas de personas con discapacidad".

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, “una solución inmediata” y ha acusado al gobierno del PP de “abandonar a entidades sociales que cumplen con su trabajo mientras el Ayuntamiento incumple sistemáticamente sus obligaciones”.

“Es intolerable que una entidad social que trabaja con personas con discapacidad lleve nueve meses sin cobrar por culpa de la mala gestión del equipo de gobierno y su falta de planificación en la licitación de servicios públicos. Barcala no puede esconderse detrás de la burocracia mientras pone en peligro puestos de trabajo y proyectos de vida”, ha denunciado Barceló.

El origen de esta situación se encuentra en "la incapacidad del equipo de gobierno para licitar a tiempo el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes". El contrato anterior, correspondiente al lote reservado para centros especiales de empleo, finalizó en junio de 2025, pero aseguran que el Ayuntamiento pidió a la entidad que continuara prestando el servicio para garantizar el mantenimiento de la ciudad mientras se tramitaba una nueva adjudicación.

Sin embargo, el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento acabó paralizado primero y finalmente desistido por errores en los pliegos técnicos y económicos, provocando que la asociación acumule 158.000 euros en facturas pendientes. En ese sentido, "el colectivo denuncia que ha llegado una situación límite y no puede satisfacer el pago de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras".

“Es gravísimo que Barcala haya dejado a esta entidad sumida en el colapso económico. El problema no es ANILIA, el problema es un equipo de gobierno incapaz de gestionar sus contratos y de pagar a tiempo a quienes sostienen servicios esenciales”, ha señalado Barceló.

ANILIA y su centro especial de empleo cuentan con una plantilla de 45 trabajadores, 30 de ellos personas con discapacidad intelectual. La entidad lleva más de tres décadas desarrollando proyectos de inserción laboral y atención social en Alicante. Según han advertido desde la propia asociación, la situación actual amenaza seriamente la continuidad de su actividad y dificulta el pago de salarios.

“Detrás de esta deuda hay familias, salarios y personas vulnerables. El Ayuntamiento no puede seguir utilizando la burocracia como excusa para no pagar mientras entidades sociales históricas de Alicante se ven empujadas a una situación límite por el caos en la gestión de Barcala”, ha concluido la portavoz socialista.