ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), persiste en la prudencia respecto a las decisiones relacionadas con la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado entre los años 2018 y 2022. Cuando menos, el alcalde, Luis Barcala, no ha llegado a responder este jueves a la pregunta formulada por la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, respecto a si pretende impulsar la prohibición del acceso de cargos públicos a la adjudicación de VPP, como había anunciado días después de que trascendiese la controversia respecto a la identidad de los compradores de esos pisos, entre los que se encontraba la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman; dos arquitectos municipales y otros nueve funcionarios municipales.
Barceló ha aprovechado su intervención para denunciar que -a su juicio- el equipo de gobierno haya tratado de vaciar de contenido la comisión municipal de fiscalización sobre las VPP, en la medida en que se habría favorecido y consentido la inasistencia de los comparecientes propuestos arguyendo el informe jurídico emitido por el vicesecretario en el que se apunta que la participación en esa comisión es de carácter voluntario. Y, además, ha cuestionado también al primer edil sobre si había mantenido reuniones con el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus), como ese representante, Francisco Ordiñana, había manifestado durante su declaración en el juzgado en calidad de investigado, hace una semana. No obstante, la intervención respecto a esa pregunta ha llegado por parte de la portavoz del grupo municipal del PP, Mari Carmen de España, quien no ha contestado de forma estricta a la cuestión formulada y ha optado por responder a las insinuaciones vertidas por Barceló respecto a la existencia de una supuesta trama para que en la compra de las VPP se beneficiase a personas vinculadas al PP para aludir a las investigaciones en curso respecto al expresidente Zapatero o respecto a las cuentas del PSOE.
El primer edil tampoco ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, dirigida directamente a Barcala en la que le ha cuestionado sobre cuándo se reunió con el administrador de Fraorgi y cuál fue el propósito de ese encuentro. En este sentido, ha instado al alcalde a precisar por qué no se sancionó a la cooperativa por el incumplimiento de los plazos de ejecución de obra previstos por contrato y ha insinuado si tuvo algo que ver la reclamación de compensación que la cooperativa planteó al ayuntamiento con el argumento de que, supuestamente, había pagado un precio superior al debido en la compra del solar.
No obstante, no ha habido explicaciones al respecto. De nuevo, la contestación a esa pregunta 'in voce' (no registrada con carácter previo) ha quedado en manos de De España. Y en esta ocasión, no ha habido ninguna respuesta. La portavoz del PP ha asegurado que se contestaría en el siguiente pleno ordinario.
En el resto de ruegos y preguntas planteadas durante la sesión, el edil de Sanidad, Luis Morata, ha asumido un ruego formulado por el edil de Vox, Juan Utrera, para manifestar que el 2 de junio se iluminarán los edificios emblemáticos de la ciudad de color verde como muestra simbólica de apoyo a los afectados que padecen la enfermedad rara de miastenia. Además, el edil de Limpieza, Rafa Alemañ, ha respondido a una pregunta formulada por el edil socialista Emilio Ruiz respecto a cuándo se iba a desbloquear los pagos pendientes a Anilia y al Centro Especial de Empleo "Alicantino Poda" por los servicios prestados al ayuntamiento en la gestión de uno de los lotes del contrato de zonas verdes.
Al respecto, Alemañ ha incidido en que los informes de fiscalización continúan siendo negativos, aunque se sigue trabajando en una solución, tras recordar que ese servicio se encuentra ahora fuera de contrato, sin que hasta ahora se haya podido volver a licitar el nuevo contrato, después de que se produjese la retirada del primer pliego para formular una nueva convocatorio en la que se actualicen las tablas salariales.
La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha contestado a una pregunta formulada por el concejal de Vox, Óscar Castillo, para señalar que ya se encontraba en fase de licitación los trabajos de remodelación de las pistas deportivas de Barítono Paco Latorre, en el barrio Juan XXIII 2º sector. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha contestado a la cuestión planteada por el también edil de Vox, Mario Ortolá, respecto a si se prevé cumplir la con la obligación de que los policías locales realicen ejercicios de tiro al menos dos veces al año. Al respecto, Calero ha apuntado que se preveía promover esas prácticas tras la celebración de las fiestas de Fogueres.
Edificio del Sabadell en San Fernando
Por su parte, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha respondido a otra pregunta planteada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a si el ayuntamiento tenía previsto ofrecer un convenio, colaboración o fórmula similar al Banco de Sabadell para asegurar la permanencia de la sala de estudio y el resto de salas del edificio de la calle San Fernando, 40, después de que se haya confirmado la renuncia de la Universidad de Alicante (UA) a seguir asumiendo su gestión. Beldjilali ha explicado que ya se había concertado una próxima reunión de trabajo con representantes de la entidad bancaria para tratar sobre el futuro del edificio, aunque ha sostenido que la propia UA había argumentado al dar a conocer su renuncia sobre el edificio que la sala de estudios presentaba un bajo nivel de ocupación medio.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha contestado a otra pregunta formulada por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, respecto a si se prevé encargar una analítica independiente de las aguas afectadas por el Emisario Rincón de León, a la vista de los datos recogidos en los últimos informes disponibles. Villar ha sostenido que la solución en la que existe consenso es en la ejecución del proyecto Vertido 0 con el que se evitaría que las aguas de las depuradoras llegasen al mar, al ser reutilizadas con fines agrícolas, en el supuesto de que el Gobierno desbloquease la asignación de fondos, según ha argumentado.
La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido a otra pregunta formulada por Copé respecto a cuál es el plan de actuación municipal para mejorar las infraestructuras educativas de la ciudad, a colación de una de las reivindicaciones planteadas por los profesores en la huelga educativa desplegada desde hace más de dos semanas, que se han reproducido en el transcurso del pleno con la presencia de un grupo de manifestantes en el Salón Azul del Ayuntamiento. García ha sostenido que el extinto tripartito "miró hacia otro lado" y ha señalado que en los últimos cinco años se han invertido más de 8 millones en cuestiones de mantenimiento en centros educativos. Además, ha señalado que se ha adjudicado un nuevo contrato con ese fin que prevé una inversión de un millón anual durante los próximos cinco años. Después, como ha sucedido en otras intervenciones por parte de representantes del PP, ha aludido a las investigaciones que afectan al PSOE.
