ALICANTE. Habrá continuidad. La comisión de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022 mantendrá su funcionamiento como hasta ahora, a pesar de que el informe jurídico emitido por la Secretaría General restrinja el alcance de las comparecencias al establecer que solo se puede solicitar la participación de funcionarios municipales que hayan tenido participación en los expediente relacionados con la promoción de la polémica. Es decir, que la comisión no tendría capacidad para convocar a otros funcionarios, ni a concejales, ni a ninguna otra tercera persona ajena al ayuntamiento.
Sea como fuere, ese informe no supondrá la cancelación de la comisión o un hipotético cierre anticipado. Así lo ha expuesto, cuando menos, el portavoz adjunto del equipo de gobierno y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local, en la que ha sostenido que ya hay dos próximas sesiones de trabajo programadas para el 11 y el 22 de mayo en las que ya se ha dado curso a las citaciones acordadas por el conjunto de grupos políticos municipales en el seno de la comisión. En este sentido, Villar ha sido escueto y tajante: "Comparecerá quien lo estime oportuno", ha dicho, en alusión al carácter voluntario de la asistencia a ese foro. En esta línea, Villar ha eludido pronunciarse sobre el carácter vinculante de dicho informe, aunque ha señalado que el funcionamiento de la comisión se mantiene con esas dos próximas sesiones de trabajo y que podrán asistir las personas que interpreten que deben acudir.
En esas próximas sesiones se había programado la asistencia de varios exconcejales de la etapa del extinto tripartito, así como a varios exediles del PP que ejercieron competencias a partir de abril de 2018, cuando se produjo la elección de Luis Barcala como nuevo alcalde. Esos excargos públicos llamados a comparecer son el exalcalde del PSOE, Gabriel Echávarri; la exedil de Hacienda por el PSOE, Sofía Morales; el exconcejal de Contratación por Compromís, Natxo Bellido; el exconcejal de Hacienda por el PP, Carlos Castillo; y la exedil de Contratación también por el PP, María Dolores Padilla. Por ahora, solo Bellido y Castillo habrían mostrado su predisposición a acudir a la llamada de la comisión en el supuesto de no tener compromisos previos ineludibles. Además, en esa sesión también se había previsto la comparecencia de la exconcejal de Urbanismo y actual edil de Empleo y Educación, Mari Carmen de España.
Al tiempo, se había propuesto igualmente que se citase a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, quien presentó su renuncia a ese cargo para volver a ocupar su plaza como jefa del área de Contratación cuando trascendió que dos de sus hijos (y después se supo que también un sobrino) habían adquirido viviendas en Les Naus como socios cooperativistas. Pérez-Hickman sí ha comunicado ya que no acudirá a la comisión a través de un escrito en el que hacía referencia, precisamente, al carácter voluntario de las comparecencias del que se da cuenta en el informe del secretario.
Entre el resto de comparecientes propuestos por los grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) también se incluían técnicos del Patronato de Vivienda con el fin de que faciliten explicaciones sobre los procedimientos de subasta de parcelas municipales para la construcción de VPP en el marco del Plan Vive, el interventor municipal y el propio secretario municipal, así como la de los responsables del informe policial emitido tras la visita girada al residencial con el fin de comprobar qué viviendas estaban ocupadas y por quién, además del administrador único de la entidad gestora de la cooperativa que construyó el residencial, de representantes de Provia, y de varios cargos políticos como el propio alcalde, Luis Barcala, además del expresidente del Consell, Carlos Mazón, o de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Está por ver quién de ellos decide acudir para responder a las preguntas que se les pueda formular, después de que el informe jurídico emitido por el secretario municipal a solicitud del presidente de la comisión (Villar) manifeste que las comparecencias son voluntarias. Una circunstancia que, por otra parte, se ha venido aplicando en todas las comisiones no permanentes de pleno que se han constituido durante los dos últimos mandatos para fiscalizar el funcionamiento de varios servicios municipales, como la contrata de limpieza y recogida de residuos.
Lo cierto es que ese dictamen jurídico, fechado el 31 de marzo y facilitado a los grupos de la oposición este lunes, no ha impedido que se desarrollen las dos primeras sesiones de trabajo de la comisión. Eso sí, su desenlace solo propició la asistencia de uno de los once funcionarios a los que se había invitado a comparecer para ofrecer explicaciones respecto a la promoción objeto de la polémica: un técnico ya jubilado que participó en la redacción del pliego de condiciones de enajenación de la parcela en la que se construyeron las viviendas. El resto de los técnicos municipales declinó comparecer, aunque al menos tres de ellos sí mostraron su disposición a ofrecer explicaciones o emitir informes por escrito. De hecho, en la última sesión de la comisión, se acordó que se podría remitirles las posibles preguntas que pudiesen formular el conjunto de grupos políticos que lo deseasen.
Expedientes paralizados
En cualquier caso, Villar no solo se ha referido al futuro de la comisión de fiscalización sobre las VPP. A preguntas de los medios de comunicación, también ha señalado que la tramitación de los expedientes reservados de averiguación interna incoados respecto a la intervención de funcionarios en los procesos administrativos relacionados con el residencial quedaban paralizados al existir un procedimiento judicial en curso en el que se trata de depurar posibles responsabilidades penales a partir de las presuntas irregularidades detectadas en la gestión y venta de los pisos de Residencial Les Naus. En esta línea, Villar ha insistido en que la jurisdicción penal es prioritaria respecto a cualquier otro procedimiento.
Así, no ha llegado a precisar si se informaría a los grupos opositores de las conclusiones alcanzadas respecto a esos expedientes seguidos respecto al papel que pudieron desempeñar Pérez-Hickman y los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret que compraron pisos en Les Naus. Además, también se incoó un tercer expediente relacionado con la liquidación del impuesto de plusvalía de los pisos del residencial con el objetivo de determinar si alguien pudo haber conocido la identidad de los compradores de los pisos (entre los que también se encuentra la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez) antes de que un informe de la jefa de Patrimonio alertase de esa circunstancia, a finales de enero, y plantease la posibilidad de que se hubiese producido un conflicto de interés o una supuesta incompatibilidad.
Entre tanto, los representantes de los grupos opositores han vuelto a acusar al equipo de gobierno de intentar vaciar de contenido a la comisión tras insistir, además, en que sigue sin facilitársele documentación relacionada con el desarrollo del Plan Vive y con el informe emitido por la Policía Local tras girar comprobaciones en los pisos del residencial. En esta línea, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha rechazado el "dictamen realizado ad hoc" por el secretario y ha insistido en que la comisión "tiene como objetivo conocer cómo fue el trámite administrativo que posibilitó la adjudicación de viviendas en este residencial y examinar cómo se ejecutarán las adjudicaciones de próximas promociones, vinculadas al Plan Vive", sin que nadie haya planteado que se trate de una comisión de investigación más que el propio informe del secretario, según ha dicho.
Barceló ha puesto el foco en que este informe se haya ocultado a la comisión y ha reclamado al PP que "deje de reírse de los alicantinos y alicantinas". "El informe del secretario, que es muy discutible y ya lo discutiremos, no puede presentarse justo cuando ya se ha constituido la comisión. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora en todas las comisiones que aprobemos no van a poder acudir técnicos a dar información sobre procedimientos que se hayan seguido? Nadie ha dicho que esto sea una comisión de investigación. El único que dice que es una comisión de investigación es el secretario", ha insistido. "Es una comisión para saber qué ha fallado en todo el proceso administrativo y en todo el expediente y para eso necesitamos la información de los técnicos, que son los que nos pueden informar sobre cómo es el procedimiento para poder entenderlo y para poder mejorar en el futuro y devolverle la confianza a esta ciudad por la gestión del PP. No estamos dispuestos a asumir este informe de secretario y lo vamos a pelear", ha asegurado. "Yo le pediría al señor Barcala que no mienta a los ciudadanos y, sobre todo, que no se ría de ellos. Si no tiene ningún problema en que se sepa la verdad, que permita que los funcionarios vengan a la comisión y que se nos entregue la documentación. De lo contrario, estará contribuyendo a que las sospechas sobre su equipo de gobierno y sobre él sean cada vez mayores", ha concluido.
