ALICANTE. El escenario vuelve a repetirse en el Ayuntamiento de Alicante con un presupuesto municipal básicamente en manos de dos formaciones políticas: el Partido Popular (PP), al frente del equipo de gobierno, y Vox, que sigue ejerciendo como su principal (y ya casi, único) aliado externo. Así se desprende de las últimas decisiones y gestos adoptados por los populares -que tratan de acelerar el cumplimiento de los acuerdos previos alcanzados con Vox-, y de los órdagos lanzados por los representantes de este último partido, que no deja de reivindicar su cumplimiento -con peticiones que pueden llegar a resultar incómodas para el PP- como condición sine qua non para sentarse a negociar las cuentas de 2026.

El último episodio de esa alianza en ciernes -que coincide con un contexto nacional de polarización en bloques ideológicos- se puso de manifiesto este martes, en la comparecencia pública posterior al desarrollo de la Junta Local, en la que los dos coportavoces del equipo de gobierno, Cristina Cutanda y Manuel Villar, aseguraron que la intención del PP es cumplir los compromisos adquiridos con los voxistas. "Se está trabajando en todos los acuerdos con Vox; todos los acuerdos se van a cumplir", apuntaron, sin llegar a precisar en qué modo concreto.

En esta línea, recalcaron que el objetivo continúa siendo contar con los apoyos políticos necesarios para sacar adelante los próximos presupuestos. Así que, a pesar de que, llegado el momento, pueda incorporarse algunas sugerencias del resto de grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem), la prioridad del PP consiste en satisfacer las pretensiones de Vox para garantizarse sus cuatro votos. Si, después, el resto de formaciones representadas en la corporación optan por respaldar la propuesta económica del PP, serán bienvenidas; pero todo parece indicar que no habrá espacio para un entendimiento en otro sentido que no sea el de Vox, como sí ha sucedido en otros acuerdos precedentes.

Lo cierto es que el PP ha recurrido al multilateralismo en varias ocasiones, tanto en este mandato como en los dos periodos de mandato precedentes desde que Luis Barcala alcanzó la Alcaldía, en abril de 2018. Tras la ruptura del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), el PP fue capaz de alcanzar acuerdos presupuestarios incluso con Guanyar. Y esa tendencia se ha mantenido hasta este último periodo de gobierno, en el que ha contado con Compromís para sacar adelante la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con restricciones horarias en el funcionamiento de las terrazas de la hostelería. E incluso ha sumado al PSOE para extender la moratoria sobre las viviendas de uso turístico (VUT) aisladas también a los edificios en bloque completo, hace solo tres meses. 

No obstante, esos ejemplos de entendimiento quedarían ahora descartados. Al menos, en lo que respecta a las próximas cuentas. La prioridad del PP es amarrar el apoyo de Vox, en busca de un aliado sólido en el que pueda mantener la confianza hasta las municipales de 2027, como se evidenció con el acuerdo sobre la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) el pasado mes de junio. De hecho, la aproximación a las posiciones de Vox se estaría ejecutando incluso mediante la modificación de algunos de los acuerdos pactados previamente con Compromís, como la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, sobre la que se ha abierto un proceso de consulta pública para su modificación. Un cambio en el que, entre otros puntos, se pretende alargar el calendario de aplicación del horario extraordinario de verano para los veladores, de forma que los locales hosteleros puedan disponer de más horas de funcionamiento en sus terrazas entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre.

En sentido estricto, el horario especial de cierre de ese periodo no se va a tocar, como recalcó la edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, este martes. Se mantendrá su regulación actual: hasta la 1:00 horas de domingo a jueves, y hasta las 1:30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. No obstante, en la práctica eso supone alargar su actividad durante seis meses al año, en lugar de los dos meses y medio establecidos ahora (desde el 15 de junio al 30 de septiembre), aun a riesgo de que eso pueda ampliar los niveles de ruido en la calle y dificultar la conciliación del descanso de los residentes.

Y no solo eso. La consulta pública sobre modificación de la ordenanza también abre la puerta a la revisión de los llamados puntos violeta, de atención a las víctimas de agresiones sexuales, para que también se incorpore la asistencia a víctimas de cualquier tipo de delito. Es decir, otra de las exigencias formuladas por Vox que el PP optó por no tener en cuenta durante la primavera de 2024, cuando se negoció esa regulación. El descarte de esa petición fue la que motivó el plante definitivo de los voxistas, que ahora la vuelven a poner sobre la mesa y, en principio, habrían encontrado la receptividad del PP que no tuvieron entonces.

Acuerdos cumplidos y por cumplir

Esa receptividad se habría intensificado también con la materialización de gran parte del resto de los puntos reclamados por Vox en la negociación de los presupuestos de 2024 y de 2025, así como respecto a la aprobación del PEF. El PP ya ha licitado el proyecto de reurbanización de la calle San Francisco; ha promovido la rebaja del IBI (con una reducción media de entre 3 y 4 euros por recibo); acaba de adjudicar el desarrollo del aparcamiento del mercadillo de Babel; ha sacado a concurso la gestión de la oficina de asistencia a la maternidad; ha dado impulso al diseño del Museo de la Semana Santa; ha iniciado las obras para finalizar la Jefatura de Policía Local; ha retomado la remodelación del retén de Juan XXIII; ha puesto en marcha el contrato de leasing sobre los vehículos destinados a la Policía Local; ha preadjudicado las obras para terminar el parque de La Torreta, y ha anunciado un plan de choque sobre el servicio de limpieza viaria, al margen de abordar la revisión de la Ordenanza de Vía Pública.

Con todo, todavía quedan puntos por ejecutar, como la puesta en marcha de la oficina de atención al cuidador; el impulso del centro comunitario de Benalúa; la reforma del mercadillo de Teulada; la reurbanización de la plaza de San Cristóbal; la urbanización de la parcela de Rabasa destinada a albergar la Comandancia de la Guardia Civil; la elaboración de un reglamento municipal de subvenciones; la elaboración de una ordenanza de agilización administrativa; la revisión de los planes municipales de Inclusión y de Juventud; o la elaboración de nuevos planes de divulgación del Observatorio de Medio Ambiente y de los refugios de la Guerra Civil, entre otros puntos, entre los que también se incluye la incorporación del sector del comercio y de la promoción de los cruceros en el Patronato de Turismo. Todos deben quedar satisfechos o encarrilados como condición indispensable para que Vox acceda a negociar las cuentas de 2026. Y la voluntad del PP es cumplir esos compromisos, sin tantear otras opciones políticas alternativas para sacar adelante esa planificación económica para el próximo ejercicio.