ALICANTE. La sala multiusos 'Very Big Spaces (VB Spaces)' de Alicante logra una nueva resolución judicial que permite mantener su funcionamiento frente al decreto de suspensión de actividad dictado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante a mediados de agosto. Esa segunda decisión favorable consiste en la concesión de la suspensión cautelar de ese decreto. Así se recoge en un auto dictado por la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante el 25 de septiembre (días después de que se aceptase a trámite la solicitud de medidas cautelares planteadas por VB Spaces), en el que se concluye que el precinto de las instalaciones generaría un perjuicio económico de difícil o imposible reparación, al margen de suponer la pérdida de puestos de trabajo.
Es más, la resolución añade que la propiedad de la sala habría acreditado que la suspensión de su funcionamiento podría abocar al cierre definitivo del negocio, toda vez que el precinto temporal afectaría a sus "relaciones comerciales con clientes y proveedores" con los que se habría concertado y contratado ya el desarrollo de distintos encuentros, eventos y espectáculos en la programación de citas prevista para los próximos meses. De hecho, la sala tiene agendados distintos conciertos y actuaciones desde este mes de octubre hasta marzo de 2027 que, tras la resolución judicial, podrán mantener su desarrollo sin impedimentos. Entre ellos, se encuentra el campeonato de baile Alicante Dance Festival, organizado por la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD) y CBE Fever Dance Alicante, entre el 9 y el 12 de octubre.
Así, en contraposición a los argumentos esgrimidos por VB Spaces, el juzgado valora que el motivo que habría propiciado el dictado del decreto de suspensión de actividad no estaría relacionado con las condiciones de seguridad del espacio que pudiesen revestir un riesgo para el público asistente. "No consta que efectivamente estemos ante un supuesto que pueda afectar a la seguridad ciudadana", apunta el auto, toda vez que "la cuestión urbanística" con la que se justifica la orden de cierre "viene referida únicamente al incumplimiento de la obligación de demolición del vallado y puerta de acceso".
De ahí que el juzgado resuelva conceder la suspensión de la orden de cierre con el propósito de no ocasionar un impacto negativo en la actividad de la sala, en una decisión que garantiza su funcionamiento hasta que se dirima el fondo de la controversia, que continúa abierta y pendiente de resolución. En esta línea, el juzgado deberá dirimir en los próximos meses si procede acordar el cierre del recinto, tras constatar que carece de licencia al no haber ejecutado el derribo de su vallado perimetral (una actuación que debe permitir la configuración de las aceras en el tramo de la avenida de Elche en el que se encuentra la sala), como sostiene el departamento municipal de Urbanismo. Todo, a pesar de que se ha permitido su funcionamiento desde el año 2019, cuando los titulares del espacio tramitaron la solicitud de sus permisos a través de un organismo de control autorizado (OCA) -la figura equivalente a una entidad colaboradora urbanística (ECUV)-, según sostienen fuentes consultadas.
Sin procedimiento sancionador
En cualquier caso, el auto no solo alude al perjuicio económico y a la ausencia de riesgos para el público asistente a la sala como elementos para bloquear el cierre de la sala. También apunta que el departamento de Urbanismo no ha iniciado ningún expediente sancionador paralelo respecto al incumplimiento con el que fundamenta la orden de cierre (la ausencia de licencia por el incumplimiento del derribo del vallado) que respalde ese supuesto funcionamiento anómalo o irregular. Así, el juzgado señala que "la suspensión de la actividad, no ha dado lugar a ningún procedimiento sancionador, por lo que nos podemos encontrar ante un supuesto de caducidad de la medida cautelar y por ello de apariencia de buen derecho, a tener en cuenta, dado lo indiscutible de los daños y perjuicios que causa la suspensión y precinto de la actividad".
La ausencia de ese expediente sancionador paralelo es, de hecho, uno de los argumentos que también ha motivado que otro Juzgado de lo Contencioso haya paralizado el cierre de 'Tambora': el establecimiento de ocio situado en la calle Flora, de Playa de San Juan, sobre el que Urbanismo también alegó que carece de licencia de actividad para decretar su cierre, en un último decreto dictado este mes de julio, en el que se apuntaba distintas presuntas deficiencias, como la ausencia de accesos en condiciones de seguridad para los peatones o la realización de obras internas que no contarían con los preceptivos permisos. Se trata de un proceso hasta cierto punto paralelo que también sigue pendiente de resolución definitiva en los juzgados, sin que se haya llegado a ejecutar su cierre definitivo.
