ELCHE.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a los afectados por el cierre de las clínicas dentales del Grupo Oralis en al menos cinco ciudades españolas, Elche, Getxo, Palencia, Pamplona y Torrejón de Ardoz, a reclamar cuanto antes por los tratamientos interrumpidos y el dinero adelantado.
Además, la OCU ha pedido en un comunicado una regulación más estricta para garantizar los derechos de los pacientes cuando estos centros cesan su actividad.
Según la OCU, el cierre afecta al menos a cinco clínicas en Elche, Getxo, Palencia, Pamplona y Torrejón de Ardoz, cuyos pacientes se han encontrado sin previo aviso con las puertas cerradas y tratamientos pendientes, algunos ya iniciados y pagados.
La OCU recomienda conservar presupuestos, contratos, facturas y demás documentación, reclamar por escrito a la empresa y acudir a los servicios de Consumo para denunciar los perjuicios ocasionados. La organización aconseja también solicitar una copia del historial médico y toda la documentación clínica.
Asimismo, si se sospecha que ha habido mala praxis, recomienda a los afectados que se dirijan a las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma y, si existen daños, recaben un informe de un dentista colegiado o un perito odontólogo para valorar posibles acciones judiciales.
Y en los casos en que el tratamiento se haya financiado mediante un crédito vinculado, la OCU plantea que se reclame por escrito a la entidad financiera para solicitar su liquidación y cancelación, al considerar que el servicio contratado no se está prestando.
Si la entidad no responde en el plazo de un mes o la contestación no resulta satisfactoria, el consumidor puede acudir al Banco de España.
La OCU advierte de que, si la empresa entra en concurso de acreedores -como es el caso-, los afectados deberán dirigirse al administrador concursal, aunque las posibilidades de recuperar el dinero pueden ser limitadas, ya que los consumidores ocupan los últimos puestos en el orden de cobro. Por ello, en la página web de la clínica se dispone de un formulario para los afectados.
La OCU reclama más inspecciones y controles sobre estos servicios, una regulación que proteja a los usuarios ante cierres repentinos y cambios en los procedimientos concursales para dar prioridad a los créditos de los consumidores.
