El alojamiento aplaude la seguridad jurídica de su regulación en Alicante pero duda de las proporciones

Alicante

APTUR-CV y APHA ven positivo que la nueva regulación promovida por el PP proteja las plazas existentes y las solicitudes activadas antes de la aplicación de la moratoria, aunque lamentan que se añada la exigencia de un nuevo certificado y que ven inadecuado que se computen los residentes censados para calcular el IPAT.

  • Vista panorámica del casco urbano de Alicante.
Suscríbe al canal de whatsapp

Suscríbete al canal de Whatsapp

Siempre al día de las últimas noticias

Suscríbe nuestro newsletter

Suscríbete nuestro newsletter

Siempre al día de las últimas noticias

ALICANTE. Las asociaciones empresariales que representan al sector del alojamiento con mayor implantación en Alicante (APHA y APTUR-CV) acogen la nueva regulación promovida por la Concejalía de Urbanismo con satisfacción por la seguridad jurídica que proporciona por primera vez a los titulares de negocios vinculados al hospedaje. No obstante, también albergan dudas respecto a la proporcionalidad de los métodos de cálculo escogidos para marcar los dos parámetros de referencia que delimitan las zonas saturadas: el Indicador de Presión de Alojamientos Turísticos (IPAT) y el Indicador de Sustitución de Viviendas por Alojamiento Turístico (ISVAT).

Esos dos baremos son los que permiten clasificar los 26 barrios de la ciudad en tres categorías distintas a modo de semáforo: zonas de crecimiento controlado, con un IPAT inferior a la media, de 7,19 plazas por cada 100 habitantes, en las que se tendría luz verde para implantar cualquier modalidad de alojamiento; zonas de mantenimiento, con un IPAT entre 7,19 y 14,38 plazas por cada 100 habitantes, lo que implicaría una suerte de luz ámbar en la que se permitiría crear más plazas por sustitución (cuando se registren bajas); y zonas de decrecimiento, con un IPAT de más de 14,38 plazas por cada 100 habitantes, en las que se establece la luz roja y no se permite crear más plazas, aunque se registran bajas.

A esa regulación se añade el límite específico para la implantación de viviendas de uso turístico (VUT) del ISVAT, por el que se concreta una concentración máxima de 1,56 VUT por cada 100 viviendas en cada barrio como tope para permitir la implantación de nuevas plazas, de forma que, si se supera esa ratio, no podrán autorizarse aunque la propuesta se encuadre en una zona de crecimiento.

En primer término, portavoces de las dos asociaciones consideran positivo que la versión revisada de la modificación puntual número 52 del PGOU, propuesta por el equipo de gobierno ahora, consolide la situación de las plazas turísticas ya autorizadas y en funcionamiento, así como las que ya estuviesen en fase de tramitación antes de que se aprobase la moratoria en la concesión de permisos, de forma que no queden afectadas de forma retroactiva por las nuevas restricciones. Así se concreta, de hecho, a través de las disposiciones transitorias incorporadas en la normativa, tras acoger parte de las observaciones formuladas por las propias asociaciones empresariales, a través de sus alegaciones (que, no obstante, sostienen que no han sido contestadas de forma oficial hasta ahora).

Esa protección sobre las plazas actuales se extiende expresamente, además, respecto al trámite de renovación de la inscripción de la actividad ante el registro autonómico de Turisme, que los titulares de las VUT deben promover cada cinco años, aportando documentación acreditativa de su adecuación urbanística, como ya ha informado este diario.

En este sentido, representantes de APTUR-CV consideran "especialmente importante que, en el diseño de la ciudad que Alicante quiere ser, las decisiones se construyan sobre un principio fundamental como es la seguridad jurídica". "No corresponde a APTUR-CV definir el proyecto de ciudad. Esa responsabilidad y esa competencia pertenecen al Ayuntamiento, en ejercicio de sus atribuciones urbanísticas y de su legitimidad democrática. Nuestra responsabilidad como asociación empresarial es contribuir a que ese proyecto se desarrolle desde el respeto al interés general, la proporcionalidad de las medidas y los derechos e intereses legítimos de quienes desarrollan una actividad económica legal", añaden.

La asociación -que interpuso un recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo de suspensión de licencias, finalmente desestimado- sostiene que siempre ha defendido que "ordenar no debe significar necesariamente prohibir, y que las restricciones deben responder a objetivos identificables, estar sustentadas en datos y ser susceptibles de evaluación y revisión cuando cambien las circunstancias que las justificaron", lo que aludiría a la fórmula de actualización anual de los valores de esos dos indicadores reguladores (el IPAT y el ISVAT) contemplado en la modificación de planeamiento. Así, consideran positivo que el nuevo texto de esa propuesta "incorpore avances en cuestiones esenciales para generar confianza, estabilidad y seguridad jurídica". 

Con todo, sostienen que su propósito sigue siendo "revisar aspectos técnicos que consideramos necesario mejorar, particularmente en la configuración de los indicadores y en la proporcionalidad de determinadas limitaciones. Pero, seguiremos trabajando desde el diálogo institucional y con propuestas fundamentadas. El éxito de un proyecto de ciudad debería medirse por su capacidad para ordenar, conciliar intereses legítimos y alcanzar objetivos de interés general con medidas proporcionadas y jurídicamente sostenibles y no por las actividades económicas que consigue excluir", concluyen. 

  • Mapa de la concentración de viviendas turísticas en los barrios de Alicante. -

Ese análisis es casi plenamente coincidente con la primera valoración que plantea APHA, a la espera de someter la propuesta municipal a un estudio pormenorizado con el fin de evitar que se trate de "demonizar" a un sector al que, por otra parte, el propio equipo de gobierno insiste en que pretende potenciar. En esta línea, portavoces de APHA también estiman positivo que se proporcione cobertura y seguridad jurídica a toda la actividad previa, como se había venido reclamando hasta ahora. Y aunque lamentan que no se haya favorecido un proceso de diálogo previo, señalan igualmente como una decisión acertada el uso del barrio como ámbito de referencia para delimitar la posible existencia de zonas saturadas. Además, ven positivo que se continúe amparando un uso terciario en un edificio residencial: es decir, que se permita ejercer la actividad de VUT en un bloque de viviendas. 

Imprecisiones y más burocracia

Sin embargo, los representantes de APHA señalan la existencia de determinadas lagunas y albergan varias dudas. En primer término, echan en falta una planificación a largo plazo paralela al diseño del crecimiento urbanístico de la ciudad, y a la ampliación de infraestructuras que puedan atraer un mayor flujo de visitantes (como la construcción del nuevo dique de embarque en el aeropuerto de Alicante-Elche), de forma que se tenga en cuenta la creación de plazas de hospedaje necesarias para acoger a esos potenciales turistas que puedan recalar a la ciudad en el futuro.

En segundo lugar, apuntan que no queda claro cómo se establecerá qué nuevos proyectos de alojamiento pueden tener cabida en los barrios considerados como zonas de crecimiento o de mantenimiento. Es decir, si se optará por tramitarlos en función del orden de registro de la correspondiente solicitud, o si se apostará por primar aquellas iniciativas singulares que aporten un valor añadido para elevar la calidad de la oferta turística de la ciudad. 

En tercer lugar, expresan su preocupación por el hecho de que se añada un nuevo trámite burocrático más a la hora de generar nuevas plazas de alojamiento, al margen del certificado de compatibilidad urbanística y de la solicitud de licencia o el registro de una declaración responsable, en función de cada caso. Es nuevo trámite consiste en la expedición del certificado municipal de control y reserva de capacidad que debe emitir la propia Concejalía de Urbanismo para verificar que el proyecto planteado no se sitúa en una zona de decrecimiento, como también ha informado este diario.

Por último, consideran que el parámetro de habitantes censados que se utiliza para calcular el IPAT podría no ser el más adecuado, tras apuntar que, en muchos casos, zonas como el Centro Tradicional o como Playa de San Juan están caracterizadas por la existencia de segundas residencias, de forma que sus propietarios no están necesariamente censados en esas viviendas. Según sostienen, esa circunstancia da lugar a disfunciones en las proporciones que pueden llevar a conclusiones erróneas sobre el grado de concentración de plazas turísticas en relación a la población real que vive en cada barrio. Así, barajan presentar alegaciones y plantear fórmulas alternativas, como la posibilidad de que se considere la proporción de plazas turísticas en relación al número de viviendas existente en cada barrio.

Recibe toda la actualidad
Alicante Plaza

Recibe toda la actualidad de Alicante Plaza en tu correo