ALICANTE.- Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado diez alegaciones en el trámite de audiencia de la revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI 0088/AAI/CV) de la fábrica de cemento que Cemex España Operaciones S.L.U. tiene en la partida de Fontcalent, de Alicante.

La revisión responde a la obligación de adaptar la autorización a las «Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) del sector del cemento», aprobadas por la Unión Europea. Sin embargo, la organización ecologista considera que la adaptación llega con años de retraso y que no aplica de manera rigurosa los criterios europeos más exigentes en materia de control de emisiones y protección ambiental.

Una de las principales alegaciones se refiere a la concesión a la empresa de un plazo adicional de 18 meses para adaptarse a las nuevas condiciones. Ecologistes en Acció considera que este margen no está justificado, puesto que las normas europeas establecen que las instalaciones deben cumplir los nuevos requisitos dentro de un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación por parte de la Comisión Europea de las «Conclusiones sobre las MTD de la fabricación del cemento», que tuvo lugar en 2013. Por lo tanto, el periodo expiró hace ya más de nueve años.

En cuanto a las emisiones atmosféricas, la propuesta fija un límite de 450 mg/Nm³ para los NOx (óxidos de nitrógeno). Sin embargo, si la planta dispone de los sistemas de reducción que afirma tener, el límite debería ser más bajo, de 350 mg/Nm³, pues técnicamente es un valor alcanzable.

En relación con el polvo generado en el almacenamiento y el transporte interno de materiales, Ecologistes en Acció considera que no se incorporan todas las medidas previstas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de l’Alacantí, especialmente en lo referente al pavimentado completo y al cierre perimetral de los parques de acopio. Cabe recordar que las emisiones difusas son una de las principales fuentes de molestias para la población próxima.

La nueva propuesta elimina restricciones que figuraban en autorizaciones anteriores sobre el contenido de cloro y metales en los residuos utilizados como combustible alternativo, lo que puede incrementar el riesgo de emisiones de compuestos tóxicos. Se reclama recuperar estos límites. Además, se critica que el documento se limite a indicar qué MTD son «aplicables» sin detallar cuáles están realmente implantadas en la instalación, hecho que dificulta el control efectivo y la transparencia.

Entre otras cuestiones, se pide que se justifique adecuadamente el valor límite fijado para el amoníaco, que incluye un «valor base» adicional de 20 mg/Nm³ sin ningún estudio técnico que lo respalde. Por ello, se solicita que, mientras no se demuestre su necesidad, se aplique el límite más restrictivo previsto en las conclusiones europeas.

Finalmente, la organización cuestiona el uso de agua procedente del secado de lodos, mezclada con aguas depuradas, para el riego de una finca agrícola, y considera que hace falta una caracterización química exhaustiva y controles periódicos del suelo y de las aguas subterráneas para evitar riesgos de contaminación.

Ecologistes en Acció del País Valencià reclama que la Generalitat Valenciana no apruebe esta revisión «de mínimos», sino que fije los límites de emisión más estrictos posibles para garantizar un control real sobre la actividad de la planta.