ALTEA.- El Ayuntamiento de Altea ha culminado el proceso iniciado en enero de 2024, cuando suspendió la emisión de nuevos informes de compatibilidad para viviendas de uso turístico después de superar los 2.200 informes concedidos. Desde entonces, el Consistorio ha elaborado un diagnóstico técnico, abierto un proceso participativo y desarrollado dos periodos de exposición pública antes de incorporar las alegaciones y los informes de otras administraciones hasta llegar a la aprobación definitiva. En la última aprobación definitiva, han quedado excluidas las zonas afectadas por la línea de protección de Costas.
La nueva ordenanza establece un sistema basado en el Indicador de Vulnerabilidad Territorial (IVT), que combina la presión de las viviendas turísticas, el porcentaje de viviendas principales y la densidad residencial. A partir de estos parámetros, cada zona urbana queda clasificada según su grado de vulnerabilidad, de manera que las posibilidades de implantar nuevas viviendas turísticas varían en función de la situación de cada ámbito.
Las zonas consideradas vulnerables quedan cerradas a nuevas VUT, salvo la excepción prevista para actuaciones de rehabilitación integral vinculadas al patrimonio arquitectónico tradicional. En las zonas de riesgo alto se permiten nuevas viviendas turísticas cuando el índice de presión residencial no supera el 4, mientras que en las de riesgo medio el límite se sitúa en 8. Las áreas de baja vulnerabilidad son las que presentan mayores posibilidades para nuevas implantaciones.
Así, entre los ámbitos donde no se podrán implantar nuevas viviendas turísticas figuran el Núcleo Histórico Tradicional de Altea, Clot de Mingot, Piteres, Carrer La Mar, Ensanche Avenida y Fachada Marítima, todos ellos incluidos entre las zonas vulnerables.
En el extremo contrario, la ordenanza permite nuevas VUT en numerosas zonas de baja vulnerabilidad, entre ellas Altea la Vella, Santa Clara, El Paradiso, Jardín de Alhama, Alhama Candela, Sierra de Altea Golf, Sierra de Altea I y II, Urlisa I, II y III, La Mallá, Mimosas, Galera de las Palmeras, Tosal del Molar, Urbanización La Olla, Montahud, Carretera de La Nucía, San Jerónimo y Foieta, entre otras.
También existen zonas en las que la posibilidad de abrir nuevas VUT está condicionada por la presión residencial. Es el caso de Garganes, con un límite de IPRE de 8, y de Camino de la Huerta y Altea NUH2, donde el límite es de 4.
A ello se suma la normativa de Costas en determinados ámbitos. En zonas como Mascarat Sur, Galera Baja y del Mar, Olla Costa, Marimontaña I, Villa Gadea y Pla de Albes, la implantación de nuevas VUT queda condicionada a que el inmueble no se encuentre afectado por la zona de protección de Costas.
La ordenanza fija además un límite máximo municipal de 12 viviendas de uso turístico por cada 100 viviendas, aunque la posibilidad real de implantar nuevas VUT depende de la clasificación concreta de cada zona y de los límites establecidos para ella.
Menos viviendas turísticas
El Ayuntamiento sostiene que la regulación ya ha tenido efectos sobre la evolución del parque de viviendas turísticas. Según los datos expuestos en el pleno, Altea ha pasado de registrar más de 15 altas mensuales después de la pandemia a entre 2 y 3, mientras que el número total de VUT ha descendido de 2.119 a finales de 2023 a 1.622 en la actualidad. Son 497 viviendas menos, lo que representa una reducción del 23,45 %. El peso global de las VUT también habría bajado del 9,8 % al 8,85 %.
El concejal de Urbanismo, Josep Orozco, defiende que el objetivo no es acabar con la actividad turística, sino ordenar su implantación. “No se trata de prohibir la actividad turística, sino de planificarla con justicia, con datos y con seguridad jurídica”, sostiene.
Orozco considera que la nueva regulación permite avanzar hacia un modelo urbano más equilibrado y recuerda que las viviendas turísticas han pasado además a pagar una tarifa diferenciada de recogida de residuos de 364 euros, al considerarse una actividad económica y no una residencia habitua
