ALICANTE. Nuevos recursos para la Policía Local de Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha aprobado este martes, en la reunión semanal de la Junta Local, la compra de 43 armas cortas de fuego reglamentarias y sus accesorios, además de otras 5 armas electrónicas de inmovilización y sus accesorios para policías locales por un importe cercano a los 63.000 euros, a los que se añaden otros 76.000 más para el mantenimiento de la plataforma digital de gestión integral de la Policía Local. La adquisición trata de ampliar y renovar el equipamiento y los medios técnicos de los que disponen los agentes, según ha destacado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta Local.

Sea como fuere, la compra trasciende mientras aumentan las críticas por parte de sindicatos, como CCOO, y de grupos políticos de la oposición, como Compromís, por el impulso al concurso anunciado por la Concejalía de Seguridad con el fin de contratar un servicio de seguridad privada en distintas depedencias municipales que permita liberar hasta 36 agentes para que puedan ejercer funciones de vigilancia en la vía pública. 

Por partes. El concurso para la adjudicación de estas 48 armas se divide en dos lotes, siendo la oferta presentada por la mercantil Armería del Carmen S.L. la mejora valorada por 36.421 euros para el primer lote de 43 armas reglamentarias y sus complementes, y la de Viatorplusultra S.L. para el segundo para 5 armas de inmovilización mediante electrochoque, conocidas como Táser, por otros 26.569,36 euros, según detallan fuentes municipales, a través de un comunicado. Las dos compras suman n total de 62.990 euros con el objetivo de "seguir mejorando los medios e infraestructuras de la Policía Local de Alicante, dentro de los objetivos fijados por este equipo de gobierno y los acuerdos alcanzados con el grupo municipal Vox", según señalan las mismas fuentes. 

"El pasado año se renovaron además 250 chalecos antibalas y se promovió la renovación de 120 armas reglamentarias en distintos lotes, con un gasto en torno a los 300.000 euros", añaden las mismas fuentes. Al tiempo, la Junta de Gobierno ha acordado además la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma de software de gestión integral para la Policía Local a favor de la mercantil Eurocop Security Systems S.L., por importe de 76.134,75 euros y un plazo de un año.

Esos dos acuerdos coinciden con el rechazo público formulado por el sindicato CCOO respecto al lanzamiento del concurso sobre la implantación de seguridad privada en dependencias municipales. "El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Ayuntamiento de Alicante de contratar seguridad privada para la vigilancia y custodia de edificios municipales tales como el propio Ayuntamiento, los mercados municipales, el castillo de Santa Bárbara o los depósitos de vehículos entre otros, una función legalmente atribuida a la Policía Local según la Ley Orgánica 2/1986, y de la cual, el Cuerpo de Policía Local de Alicante tiene el deber de realizarla", apuntan fuentes del sindicato, a través de un comunicado.

De igual modo, CCOO advierte que "la Ley de Seguridad Privada establece límites estrictos: las empresas privadas no pueden asumir funciones propias de los cuerpos de seguridad pública, así lo establece su artículo 1 cuando dice que las actividades de seguridad privada tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública". Así incide en que "la vigilancia de edificios públicos municipales es una competencia propia de la Policía Local, elemento esencial de la seguridad pública y del funcionamiento institucional y siempre va a tener que ejercerla. La externalización de esta actividad supone, en la práctica, una privatización encubierta de funciones públicas que afectan directamente al servicio de la ciudadanía y a la calidad democrática de Alicante, y puede contravenir el marco legal, generando inseguridad jurídica y poniendo en riesgo el principio de reserva de potestades públicas".

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también se ha referido al impulso de ese contrato de seguridad privada, al que ha tildado de parche, para sostener que PP y Vox -las dos formaciones precursoras de esa licitación- "son un peligro para la ciudadanía alicantina". "El año pasado se dejaron más de 5.000 llamadas sin atender por falta de agentes de policía local", ha opinado, respecto a los datos de la central de llamadas del cuerpo. Además, ha añadido que "falta un protocolo claro de coordinación con la Policía Nacional y con la Policía Portuaria y ¿qué nos ofrecen Vox? Externalizar la policía. Donde antes había Policía Local, poner seguridad privada. Pero ¿Qué empresa de seguridad privada?", se ha cuestionado. 

Así, ha planteado una propuesta alternativa por la que se promueva que antes del fin de legislatura "haya cien nuevas plazas de policía local, oferta de empleo público, que se ajuste más a una ciudad del tamaño poblacional de Alicante, y que no se recurra a parches como la contratación de seguridad privada. Ahora que están negociando el presupuesto lo pueden hacer. Aún así nos quedariamos cortos, porque según la FEMP Alicante debería contar con 750 agentes y no los 450 actuales", ha concluido.

Más medios e infraestructuras

Entre tanto, al margen de esas críticas, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha puesto de relieve "el intenso trabajo que se viene desarrollando en materia de modernización de la Policía Local, tanto en material como en infraestructuras". En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento sacó a licitación este 1 de diciembre el proyecto de obras para la reforma de la comisaría de la Policía Local en Juan XXIII, en la calle Barítono Paco Latorre, valorado en un presupuesto de 446.287,40 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

De igual modo, ha recordado que el 2 de octubre se retomaron las obras de adecuación de la Jefatura de la Policía Local, situada en la avenida Locutor Vicente Hipólito, enmarcadas dentro de los acuerdos el grupo municipal Vox, a cargo de la mercantil adjudicataria Abala Infraestructuras S. L. con una inversión de 2.802.424 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que el objetivo es que pueda estar terminada para entrar en servicio en el mes de abril.

Calero ha resaltado, además, que "estamos introduciendo novedades en todos los ámbitos tanto medios de seguridad personales como los agentes, uniformidad, renovación de la flota y nuevas infraestructuras con jefatura y comisarias, que nos permiten avanzar hacia la nueva reorganización de la estructura de seguridad que redundará en una mayor presencia en los barrios". Y también ha puesto de manifiesto "el esfuerzo para la renovación de la flota de vehículos policiales con la incorporación este mes de noviembre de 11 nuevos principalmente coches patrulla, todos terreno para acceder a las partidas rurales y un furgón preparado como Oficina Móvil de Atención al Ciudadano para acercarse a los barrios y playas a atender quejas, consultas o sugerencias y que puede ser adaptado como Puesto de Mando Avanzado".

De la misma forma, según han recalcado fuentes municipales, el Ayuntamiento de Alicante preadjudicó el pasado mes de septiembre la contratación del suministro mediante arrendamiento financiero (Leasing) de 27 vehículos patrulla tipo SUV Híbridos para renovar la flota de la Policía Local a la mercantil Transitel S.A. que ha presentado la mejor oferta al concurso público por 1.717.584,16 euros. La adjudicación definitiva está pendiente de un recurso presentado al concurso y que se espera esté resuelto de breve.