ALICANTE. No queda nada más por informar. Esa es, en resumen, la nueva respuesta facilitada por el departamento de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante a la jueza que instruye las diligencias sobre las presuntas anomalías detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado entre los años 2018 y 2022. Con ello, se descartaría que existiesen supuestos correos adicionales en las comunicaciones giradas entre el servicio de Gestión Patrimonial y la Vicesecretaría General a finales del pasado mes de enero, a cuenta de los primeros informes en los que se advertía de la existencia de un posible conficto de interés o una presunta incompatibilidad, una vez constatada la identidad de algunos de los compradores de las viviendas de dicha urbanización y sus vínculos con el ayuntamiento.
Como viene informando este diario, en un primer momento se precisó que entre ellos figuraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; los hijos de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman (que regresó a su puesto como jefa de Contratación tras presentar su renuncia a ese cargo de designación directa), y el arquitecto municipal Francisco Nieto. Con todo, semanas después trascendió que también figuraban la arquitecta municipal Elsa Lloret; la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez (que ejerció como asesor municipal del equipo de gobierno durante el pasado mandato), y diez funcionarios municipales no adscritos a las áreas de Urbanismo, Contratación o Gestión Patrimonial que no tuvieron intervención en los expedientes de venta del solar o de concesión de licencia de obra.
Esa contestación municipal, fechada el 18 de junio, se produce después de que la magistrada aceptase el escrito previo registrado por el letrado que representa al grupo municipal del PSOE -que ejerce la acusación particular- y se requiriese, de nuevo, al ayuntamiento para que remitiese el conjunto de las comunicaciones cruzadas entre la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, y el vicesecretario general, Germán Pascual, en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero, toda vez que la Asesoría Jurídica solo había remitido inicialmente los correos remitidos a partir del día 26 de ese mes.
El vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Asesoría Jurídica, el popular Manuel Villar, defendió la colaboración del equipo de gobierno con la instrucción de la causa al explicar que la documentación que se había trasladado al juzgado era toda de la que se disponía, al argumentar que no se tenía constancia de más correos previos entre los dos departamentos municipales.
Y eso es justo lo que expone al juzgado ahora el letrado jefe como máximo responsable de la Asesoría Jurídica municipal en una segunda remisión de información en la que aporta un oficio firmado por la jefa de Gestión Patrimonial en la que niega la existencia de correos remitidos al vicesecretario con fecha anterior. En concreto, ese oficio trata de aclarar que "las comunicaciones existentes entre la Vicesecretaría y este Servicio de Gestión Patrimonial son las que constan en el certificado remitido a dicho Tribunal en respuesta al requerimiento de fecha 23 de mayo de 2026". Así, añade que "las comunicaciones efectuadas a través de correo electrónico comienzan el 26 de enero de 2026, por lo que, en el periodo comprendido entre el 15 de enero de dicho año y la referida fecha, no existen otras comunicaciones distintas de las señaladas y ya aportadas".
En esta línea, la jefa de Gestión Patrimonial incide en que en el certificado remitido al juzgado tras su primer requerimiento ya se apuntaba que "dichas comunicaciones son las existentes en relación con el asunto referido, constan incorporadas al expediente y constituyen copia fidedigna de las originales, uniéndose a la presente certificación junto con la documentación adjunta a las mismas". Es más, como también sostuvo Villar al ser cuestionado por ese segundo requerimiento, el oficio firmado por la jefa de Gestión Patrimonial también apunta que se incorporó información adicional fuera de ese contexto temporal delimitado en la solicitud, al estimarse que se trataba de una comunicación que guardaba relación con el mismo asunto. Así, el oficio explica que, pese a "haberse acotado el marco temporal de las comunicaciones al periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero de 2026, dada su vinculación con el asunto se incorporó igualmente una comunicación de fecha 2 de febrero de ese mismo año, por guardar relación directa con aquel".
Está por ver si esa última respuesta municipal remitida al juzgado puede generar algún tipo de reacción posterior, bien por parte de la propia instructora o por alguna de las acusaciones: las ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción, el grupo municipal del PSOE (a través del letrado Fernando Cazorla) y el partido Ciudadanos (a través de los letrados Eduardo García Ontiveros y Mamen Peris). Por lo pronto, la magistrada instructora no ha resuelto respecto a la solicitud presentada por el grupo socialista para que se cite a declarar al vicesecretario general con el fin de que precise si dio órdenes a la jefa de Gestión Patrimonial para que eliminase referencias a nombres concretos en esos informes de advertencia de las supuestas incompatiblidades. Tampoco ha respondido respecto a la petición de que se exija al ayuntamiento que facilite copia de los expedientes de averiguación interna instruidos respecto a tres funcionarios (Nieto, Lloret y Pérez-Hickman) y a los técnicos del área de Hacienda que tramitan la liquidación de las plusvalías. Por el momento, no ha trascendido igualmente que se haya solicitado la práctica de ninguna otra prueba adicional.
